Con 7 votos a favor y una abstención del asambleísta Luis Fernando Torres (PSC-Cambio), la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional aprobó ayer la moción de solicitar al Consejo de Administración Legislativa (CAL) la ampliación del ámbito de la investigación más allá del caso denominado ‘Panama Papers’.

Ese fue el resultado, luego de 4 horas de debate, en el segundo día de comparecencias ante esa mesa legislativa. Esta vez el invitado principal fue el fiscal general, Galo Chiriboga, uno de los 3 ecuatorianos mencionados en los archivos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre Mossack Fonseca, estudio jurídico reconocido por crear sociedades offshore.

Durante su intervención, el fiscal aclaró que nunca ocultó su relación con Madrigal Finance Corp., empresa que se constituyó 17 años antes de que él ejerza como funcionario público, y con el único fin de adquirir un inmueble en Ecuador.

Explicó que antes de fungir como Ministro de Trabajo en su declaración patrimonial presentada el 15 de mayo de 2005 ante la Contraloría ya informó que tenía un poder de Madrigal Finance Corp. otorgado el 2 de septiembre de 1999, antecedente de la escritura de compra-venta suscrito el 22 de diciembre de ese año.

También fue enfático en manifestar que no ha “cometido ningún acto irregular” durante su actividad pública e informó que la Contraloría, en 2010, habría realizado un examen especial a su situación patrimonial cuando se desempeñaba como ministro de Minas y Petróleo.

“Las conclusiones del estudio constan en el informe DA3009 del 2010 a las declaraciones juramentadas y dice que de la información recibida por la Superintendencia de Bancos y Seguros, Petroecuador y mi persona entre el período 31 de julio de 2006 al 17 de enero de 2007, no se determinaron hechos que incrementen un patrimonio que requiera incrementación”.

Finalmente mostró un certificado del Registro Público de Panamá, en donde se determina que la empresa Madrigal Finance Corp. no tiene bienes en ese país sino en Ecuador y “que no tiene ninguna otra actividad que ser propietaria de ese inmueble y que no tiene cuentas corrientes en ese país. Entonces, la pregunta es: ¿Si no tiene actividad comercial de ninguna índole, no se beneficia esta compañía de incentivos tributarios que pueda brindar el país centroamericano?”.

Luego de la comparecencia del fiscal, el legislador Luis Fernando Torres dijo que revisará con responsabilidad la documentación entregada por Chiriboga, pero que la investigación no se ha cerrado, puesto que ahora la interrogante es si el actual fiscal incluyó a Madrigal Finance Corp. en las declaraciones patrimoniales que la Contraloría auditó entre 2006 y 2007.

“No se satanizará a firmas en el extranjero”

El eje principal del debate, que duró 4 horas aproximadamente, giró alrededor de hacer una investigación responsable, distinguiendo entre las empresas ecuatorianas que tienen capital en el extranjero que cumplen la ley y las que han sido utilizadas para cometer algún delito vinculado al lavado de activos, crimen organizado o evasión fiscal.

El presidente de la Comisión, Mauro Andino, advirtió que la indagación no tendrá distinciones de ningún tipo, “caiga quien caiga”. Por lo mismo enfatizó en que no callarán si llega a la mesa legislativa algún caso irregular de empresas offshore de particulares.

La asambleísta Marisol Peñafiel fue más allá y dijo que no solo se trata de indagar las empresas en paraísos fiscales sino repensar el sistema capitalista y el mercantilismo. Ironizó: “No importa si es legal o no, pero hay que seguir impulsando lo que afecta al territorio ecuatoriano. Creo que hay abusos de los mecanismos legales”.

En los próximos días el fiscal Galo Chiriboga se reunirá con su homóloga en Panamá para intercambiar información. (I)