La emergencia sanitaria decretada en el Ecuador no solo ha evidenciado que nuestro sistema de salud no estaba preparado para afrontar una pandemia como la que estamos viviendo por el virus denominado covid-19, sino que además ha develado problemas mucho más preocupantes como es la corrupción en el sistema de contratación pública del Ecuador.

La prevención de los actos de corrupción requiere en primera instancia de un control contractual previo como ya existía en el año 2004, esto quiere decir que tanto la Procuraduría General del Estado, así como la Contraloría General del Estado, emitan informes previos favorables para la suscripción de contratos públicos.

El haber quitado estas atribuciones a esas entidades durante el Gobierno anterior fue un error, ya que el control posterior o postcontractual, no frena oportunamente los actos de corrupción, ni repara el daño patrimonial causado por sobreprecios y ejecuciones fallidas de contratos, y mucho menos solventar las necesidades de la ciudadanía que se ven frustradas cuando un proyecto está inmerso en irregularidades.

Una segunda medida es mejorar el Portal de Compras Públicas, de tal suerte que la calificación de las ofertas sea automatizada, evitando que los miembros de las comisiones de calificación tiendan a favorecer o perjudicar a determinado oferente.

La tecnología permite disminuir ostensiblemente la posibilidad de influir en los procesos precontractuales, por tanto, debe ser un objetivo del Estado mejorar la forma en la cual se presentan las ofertas, se las califica y se adjudica un proceso de contratación.

Como tercer punto para prevenir la corrupción, es necesario centrarse en la adecuada selección y capacitación de las autoridades y servidores públicos. Es bochornoso que quienes están llamados a servir, se sirvan de los dineros públicos a todo nivel.

Un país como Ecuador que tiene serios problemas de déficit presupuestario anualmente, debería ser muchísimo más celoso con los limitados recursos públicos con los que cuenta.

El manejo adecuado del patrimonio público se sustenta no solo en la prevención de la corrupción, sino en evitar la impunidad de los delitos que se cometen a través de la contratación pública, es decir, es necesario una medida punitiva. (O)