La estructura general del Estado: sus órganos y funciones; el destino y uso de los recursos obtenidos por impuestos y venta de petróleo, no tienen por qué ser estáticos y fatalistas en la medida en que no respondan adecuada y eficazmente a la atención de las necesidades de la sociedad y en particular de los que menos tienen.

En este sentido, la consulta popular como una herramienta de democracia directa permite evaluar las instituciones que tenemos y el uso de los recursos públicos. La idea de Montesquieu sobre un Estado con poder distribuido y control circular entre ellas (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no previno de la ineficacia, lentitud y burocracia que eleva significativamente el costo de la obra pública así como la entrega de bienes y servicios públicos a los ciudadanos. Todo esto sin contar con el cáncer de la corrupción para actuar con discrecionalidad y sin responsabilidad, cuya factura la paga el ciudadano.

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, en su obra: La gran Brecha, señala respecto al sistema económico que “el aumento de las desigualdades en Estados Unidos estaba trasladando el dinero de la base a la cima de la pirámide, y, como los que estaban en la cima gastaban menos que los que estaban en la base, la demanda global se resentía”; y respecto a la baja de impuestos aprobada en el gobierno de Bush y el aumento de la desigualdad, el autor enfatiza que “dado que los beneficiados eran, con gran diferencia, los que estaban en la cima de la pirámide, este recorte fiscal fue especialmente ineficaz y contribuyó a aumentar mucho las desigualdades”.

Suiza, por ejemplo, llevó a cabo una consulta popular para que las personas decidan recibir mensualmente 2.500 euros. ¿A cambio de qué? De nada; más allá del resultado que rechazó la consulta; el precedente es muy importante con relación a si el ciudadano puede ser mejor ejecutor del gasto suyo y de su familia; o prefiere que se haga cargo el Estado. Es preciso consultar sobre asuntos que en verdad le importan y que con todo derecho puede decidir el ciudadano.

Latinoamérica desde sus raíces ha renunciado a su libertad económica y supedita la capacidad del individuo a favor del Estado, como el que sabe y conoce las necesidades del individuo; sin que los resultados así lo demuestren, y ha cedido su renta para que la gaste esta ficción llamada Estado. Estamos en un momento histórico para que los recursos vuelvan y se ejecuten directamente por cada ciudadano. (O)