Diez años de gobierno, diez ministros de Cultura y, a fines de 2016, una Ley Orgánica de Cultura (LOC) aprobada luego de varias dilaciones desde el Ejecutivo y el Legislativo. Con la creación del Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) mediante Decreto 005 del 15 de enero de 2007, cuyo primer titular fue el poeta esmeraldeño Antonio Preciado, se esperaba que el sector se organizara plenamente en términos institucionales, económicos y de derechos culturales.  

Una década después, al régimen del presidente electo Lenín Moreno le tocará aplicar la nueva normativa y resolver las urgencias de las artes ecuatorianas: implementar la Red Nacional de Cultura (RNC) que redefine las competencias del MCyP, del Consejo Nacional de Cine (CNCine) y de varios espacios públicos; cumplir con la reapertura del Museo y de la Bibliotecas Nacionales, que están cerradas desde hace un año y medio; ampliar y democratizar el acceso a fondos estatales, en áreas diversas; y concertar una política cultural nacional con los directivos elegidos mediante elecciones universales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), entre otros temas urgentes.

Raul Pérez Torres, entonces presidente del CCE (sentado), y Raúl Vallejo, exministro de Cultura. Foto: John Guevara / EL TELÉGRAFO

El camino de una normativa postergada

La Constitución de la República de 2008 aprobada en Montecristi generó, en ese entonces, grandes expectativas para el sector cultural: el documento ordenaba la creación del Sistema Nacional de Cultura (SNC) bajo la rectoría del  MCyP y establecía, en una disposición transitoria, que en el plazo máximo de 360 días debían aprobarse las leyes que regulen la educación, la educación superior, la cultura y el deporte, entre otras áreas.

Pasados siete años, de las leyes prioritarias la única que quedó pendiente  fue la de Cultura que, en noviembre del año pasado,  fue aprobada por 82 asambleístas, mientras que 18 se abstuvieron. No hubo votos en contra.

Tanto el presidente saliente, Rafael Correa, como la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, y el exministro de Cultura, Guillaume Long, reconocieron como una “deuda legislativa” la aprobación de la LOC, la cual organizó a más de 17 cuerpos legales que normaban las instituciones culturales.

Entre estos estaba la Ley de Cultura aprobada en 1984 por el presidente Osvaldo Hurtado; también la Ley de Patrimonio Cultural codificada en 2004; la Ley de la Cámara Ecuatoriana del Libro aprobada en 1978 y otras más antiguas, como la Ley de Creación de la CCE, que data de 1944.

El SNC cambió su nombre a Red Nacional de Cultura y estará dividido en 2 sistemas: el de Memoria Social, Patrimonio Cultural e Interculturalidad y el de Artes e Innovación. El primero abarcará al Instituto de la Memoria Social (IMS); a la CCE Benjamín Carrión; museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, cinematecas, mediatecas, repositorios, centros culturales y entidades de patrimonio que reciban fondos públicos y los que se vinculen voluntariamente a la Red de Cultura; los acervos de gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y de otros entes de la cultura que reciban fondos públicos.

La CCE y los GAD también serán parte de Artes e Innovación, subsistema que aglutinará al Instituto para el Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad; elencos nacionales; Instituto de Cine y Audiovisual (ICCA, antiguo CNCine); teatros, salas audiovisuales y espacios de creación. Un Fondo de Fomento de las Artes (FFA) asignará recursos no reembolsables a artistas y gestores culturales.

La ley del sector establece, en su artículo 111, que los recursos para el FFA a crearse provendrán: 5% de las utilidades anuales del Banco de Desarrollo del Ecuador (BP), incluidos los montos actuales del antiguo Foncultura; otros serán asignados desde el Presupuesto General del Estado; del importe de las multas y sanciones que impongan las instituciones y organismos que conforman la RNC por las infracciones previstas en la LOC y la Ley Orgánica de Comunicación y, como fuente externa, estará la cooperación internacional.

Feria del Libro 2016. Foto: Daniel Molineros / EL TELÉGRAFO

La paradoja de tener a la memoria en espera

La ‘deuda cultural’ fue reconocida por Long en una de las inauguraciones del Festival de filmes documentales Encuentros del Otro Cine (EDOC), quizá el mayor en su género por los públicos que convoca y que tuvo que buscar métodos alternativos para su financiamiento luego del ajuste presupuestario para los realizadores, el cual incluyó la disminución en las asignaciones en más del 60% para el CNCine, en 2016. Mientras dirigía la Asamblea Nacional, Rivadeneira también habló sobre esa deuda histórica y trascendental.

En noviembre de 2015, los bienes de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, de la CCE, fueron trasladados a repositorios de la Subsecretaría de Memoria Social del MCyP. Las piezas arqueológicas del Museo Nacional —2.216 contando bienes culturales— tuvieron el mismo destino y la reapertura de ambos repositorios fue anunciada para octubre de ese año. La idea era que se inauguraran luego de la Cumbre mundial Hábitat III, pero esto se ha postergado y los insumos de expertos para la elaboración de guiones museológicos y museográficos acaban de receptarse. Los dos repositorios llevan cerrados un año y medio.

Por otro lado, el Archivo Nacional de Ecuador (ANE), creado en 1884, recoge documentos que van desde 1538 hasta 1980. Incluye 17 fondos documentales, uno cartográfico, otro fotográfico y tres colecciones, además del grupo documental Comisión de la Verdad que se está organizando para consulta pública. El ANE se quedará en Quito, luego de la tentativa de trasladarlo a Manabí.

Según la Ley del Sistema Nacional de Archivos, este gran repositorio deberá incorporar los fondos históricos, como los del ex-Penal García Moreno que el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos traspasó mediante un convenio, la penúltima semana de la gestión de Correa, después de tres años del cierre del reclusorio decimonónico.

La Fiscalía General del Estado ya había entregado, el 9 de mayo pasado, al Archivo Nacional de Ecuador más de 500 mil folios con documentación acerca de la represión en Ecuador, principalmente durante el gobierno del socialcristiano León Febres-Cordero (1984-1988). Partes policiales, denuncias, informes de investigaciones, listas de detenidos, correspondencias, decretos, fotos, recortes de periódicos, son parte de los “archivos represivos” entregados por el entonces fiscal Galo Chiriboga al ANE.

“Esa documentación contiene los detalles del funcionamiento ilegal de unidades policiales como el SIC-10 o unidades militares como el CIQ”, señaló el ministro Público antes de que Correa decretara que en esos lugares se haría un museo. Sin embargo, no se han especificado qué archivos estuvieron en el ex-Penal y los registros que contienen llegarían hasta 2014. Si su importancia y unidad se confirman, el Archivo del ex-Penal García Moreno sería el tercero en el mundo sobre reclusorios y Derechos Humanos, pero para eso falta evaluar su estado de conservación y las posibilidades de restaurarlo.

Ecuador tampoco cuenta con un Fondo sonoro. En Quito, por ejemplo, los bienes están desperdigados y el Municipio capitalino apenas los está organizando.

El Archivo Histórico del MCyP es el repositorio de 80 rollos de pianola, cuyo rastro –como el mapa de reliquias escondidas– está en libros escritos por algunos investigadores musicales. Hace siete meses, el musicólogo Diego Rodríguez Estrada –estudiante de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), España– visitó el repositorio con una curiosidad del pasado que se proyecta al futuro: quiere digitalizar los rollos. Rodríguez y otros especialistas construyeron, en la Ciudad Condal, una máquina para estos fines.

El Departamento de Musicología de la UAB desarrolló el Pianola Roll Digitizer, primer sistema en el mundo que transforma en distintos formatos a los rollos de pianola mediante un respaldo en fotogramas digitales, versiones de audio que pueden develar más datos que los del registro original.

El musicólogo recibirá una subvención de la fundación Latin Grammy para el traslado de 25 rollos de pianola a España, lo cual será posible si el nuevo MCyP autoriza el traslado. “No solo se trata de convertir el archivo en digital, esto también es regresar conocimiento. Con esta información se puede identificar qué pasó en los primeros 30 años de la música ecuatoriana”, dice Diego en su estudio musical, al norte de Quito.

La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue sede de Hábitat III. Foto: Miguel Jiménez / EL TELÉGRAFO

Los patrimonios vivos no están registrados

En 2007, el gobierno declaró en emergencia el patrimonio nacional, a través del Decreto Ejecutivo 816. A partir de este documento se faculta la conformación de un equipo técnico asesor con especialistas en temas de seguridad para espacios y equipamientos que contengan bienes culturales. Este grupo, que debía ser conformado por el Instituto Nacional de Patrimonio (INPC), tenía a su cargo elaborar un registro general de los patrimonios que demanden seguridad y protección especial, identificando aquellos que por diversas circunstancias de riesgo o amenaza, requieren una intervención inmediata y prioritaria.

A pesar de que existe un registro digitalizado de bienes, “no se ha presentado públicamente una planificación estratégica que oriente las acciones a seguir en las distintas regiones y ámbitos patrimoniales, en relación a la opción de individuos y colectividades para decidir sobre los significados y valores de sus patrimonios. Ni se concretan acciones alternativas al modelo coleccionista y esteticista que fue puesto en entredicho por la propia práctica de elaboración del inventario nacional”. Este señalamiento lo hace Silvia Álvarez, ecuatoriana y docente titular de antropología social y cultural de la UAB.      

En 2010 se creó la Comisión Nacional de Combate al Tráfico Ilícito de Bienes Culturales Patrimoniales. Esta entidad está presidida por el MCyP e integrada por el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Fiscalía General del Estado y Procuraduría General del Estado.

La comisión ha recuperado 11.970 bienes arqueológicos que se encuentran en las reservas de varios museos. Su objetivo, como su nombre bien lo indica, es detener la comercialización del patrimonio local en casas comerciales del exterior.

Según Pilar Páez, presidenta del comité, la gran mayoría de bienes arqueológicos locales que se comercializan en el mercado son producto de exploraciones ilícitas en sitios arqueológicos, lo que se conoce como huaquería, lo cual impide conocer el año de hallazgo de los objetos, sus lugares exactos de procedencia y su salida del país.
Muchos huaqueros habrían aprendido a explorar la tierra con arqueólogos en el siglo pasado.

Según un poblador de Santa Elena, que no quiso identificarse, hasta los años 80 se dedicó a esta actividad y de los arqueólogos que llegaron a la península aprendieron, además de buscar objetos, a identificar elementos que atraían a los turistas, principalmente norteamericanos y europeos. En una de sus exploraciones, junto con un grupo de personas, encontró una ‘muñeca’ de cerámica de la cultura Valdivia, de unos 40 o 50 centímetros de alto. Estaba en perfecto estado y la comercializaron en 10 mil dólares.

Según Páez, “lamentablemente todavía se utiliza esta práctica, podría entenderse que un poco menos porque el Estado está tomando acciones al respecto, pero dado que la aplicación de estas políticas es reciente, no se ha podido abarcar totalmente una protección a los sitios arqueológicos y la huaquería sigue siendo una práctica común; es el medio de subsistencia de muchas familias que están en condición de pobreza extrema. Ven esta actividad como una forma de subsistir”.

Después del terremoto que afectó al país el 16 de abril de 2016 fue evidente la ausencia de registros y planes de acción claros para salvaguardar el patrimonio material e inmaterial.  

Los repositorios musicales de la cultura montuvia más importantes del país son el del archivo del Banco Central del Ecuador, los documentos del investigador Wilman Ordóñez Iturralde, en Guayaquil, y los registros sonoros que custodia el etnomusicólogo Juan Mullo —por encargo de Ordóñez—, en Tumbaco (al nororiente de Quito).

Sin embargo, el amorfino todavía no tiene carpeta de archivo, está recogido y vivo en la oralidad montuvia, por eso es importante localizar a quienes lo portan en Manabí, donde conforman la tradición.  

“Cuando ocurren estas catástrofes y el MCyP responde con un plan para salvaguardar las piezas arqueológicas, salta la necesidad de proteger a los seres humanos que son bibliotecas que caminan, que son patrimonios vivos debido a su sabiduría, la cual también debería ser documentada. Urge un plan para salvaguardar los patrimonios vivos, que están en las zonas más afectadas”, dice Juan Mullo, para quien la reconstrucción de edificaciones patrimoniales —como la torre que contenía un reloj republicano, en Calceta— o del gran patrimonio arqueológico de la Costa no estaría completa sin el cuidado de las personas que, además de los artistas, cantan y narran su cultura.   

La cantora Josefa Franco —hermana de Felisa— falleció en Santa Ana, unas horas antes del terremoto, debido a su edad avanzada. Su acervo apenas se registró. El escritor Raúl Pérez Torres, último presidente de la CCE, sería el nuevo ministro de Cultura de Lenín Moreno y quien asumiría todas las tareas pendientes del sector. (I)

Concha Acústica, ubicada en el Parque Samanes en Guayaquil. Foto: Karly Torres / EL TELÉGRAFO