Promover el rendimiento de las tierras con vocación productiva e impedir el inadecuado proceso de concentración son los principales objetivos que plantea el proyecto de Ley de Tierras.

La mañana de ayer se inició el segundo y definitivo debate de esta norma que propone un sistema técnico para resolver los conflictos en el uso y distribución de terrenos a escala nacional.

Antes de entrar en debate en el pleno legislativo, alrededor de 10 representantes de comisiones generales manifestaron sus inquietudes. Entre estas se encontraban organizaciones como la Confederación del Seguro Campesino, la coordinación de Movimientos y Organizaciones Sociales, entre otras.  

Sus representantes expresaron la necesidad de crear un ordenamiento en la distribución de propiedades y señalaron que exigen capacidad para acceder a créditos, facilidades de trabajar la tierra y así impulsar el sector agrícola.

Esa es la fundamentación del proyecto de ley, señaló Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y ponente de la ley.

DATOS

El Fondo Nacional de Tierras será creado a través de esta norma porque es un mandato constitucional. El Fondo sería administrado por una entidad pública.

Con la vigencia de esta normativa, los extranjeros sí podrán ser propietarios de tierras, a excepción de la franja de frontera y de la zona costera ya que hay una prohibición por razones de seguridad.

El cuerpo legal, que cuenta con 132 artículos, contiene temas como la creación de un nuevo régimen para el tratamiento y resolución de los conflictos de tierra.

El proyecto de ley propone la prohibición de que empresas públicas extranjeras o instituciones que representen a otro Estado adquieran terrenos en Ecuador con la finalidad de cumplir actividades agrarias.
Sin embargo, las empresas extranjeras podrán invertir siempre y cuando sea en asocio con empresas públicas mixtas, privadas o tierras comunales.

El legislador detalló que la norma creará mecanismos para que el Estado realice inversiones productivas, como es el riego parcelario y comercialización en pequeñas propiedades comunitarias.

Este nuevo marco legal contempla, además, mecanismos para las familias que no pueden acceder a créditos por no tener títulos individuales. Esto quiere decir que se levantarán certificados para que puedan obtener créditos para vivienda y producción.

El proyecto también plantea la expropiación de terrenos, los cuales  serán administrados por el Fondo Nacional de Tierras. Para desposeer las propiedades se deben registrar algunas causales. Estas van desde el abandono de terrenos por más de 2 años e incumplimiento en los niveles mínimos de producción.

El vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mauricio Proaño, explicó que se contemplan 2 anexos técnicos para analizar si es viable la expropiación de las tierras.

El dueño de la propiedad tendrá un año para mejorar las condiciones de su terreno. La entidad competente lo vuelve a evaluar en 6 meses, pero tendrá una penalidad: se le reducirá en el 10% del valor del catastral. “En caso de que no haya mejoras se le retira la tierra. No es que le quitamos inmediatamente la propiedad. Primero le notificamos al propietario porque la Constitución prohíbe la confiscación de tierras”, dijo.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) será la autoridad responsable de las políticas, como lo contempla la Constitución. No obstante, para la ejecución de la norma se plantea la creación de una instancia de participación ciudadana que se encargue de la evaluación y la auditoría de política de tierras.

Esta comitiva tendrá que ayudar en la identificación de predios improductivos, procesos de concentración de tierras que genere efectos monopólicos. Esta última también pueda ser una causal de expropiación. Su conformación estaría a cargo de representantes sociales.

Carvajal indicó que mientras tanto el Magap tendrá 2 años para concluir el registro de tierras. Estimó que para fines de este año ya tendrá alrededor de 57 cantones levantados, información detallada sobre tierras y una vez que concluya podrá determinar cuántas superficies agrícolas no se ocupan de forma eficiente.

De entrar en vigencia esta ley, el Fondo Nacional de Tierras también administraría los terrenos que estén a cargo de municipios y de las Fuerzas Armadas, siempre y cuando estas no se encuentren productivas. “Las tierras que estén en instituciones públicas, ligadas a seguridad, defensa, salud y que tengan vocación productiva tienen que producir, para ello están las organizaciones campesinas y los propietarios privados”, reiteró Carvajal.

Lo mismo se hará con las tierras que no tengan herederos o los espacios privados que incumplan normas ambientales. “En un plazo de un año, los terrenos tendrán que entregarse a organizaciones campesinas sin tierra”, explicó Carvajal. Esta entrega se realizará a las personas que se encuentren en los quintiles de pobreza. (I)

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Hechos ocurrieron en Río Verde

Subcomisión investigará desalojo

La Comisión de los Derechos Colectivos conformó una subcomisión, integrada por los asambleístas Antonio Posso, Paulina Padrón, Rita Matías, Guadalupe Salazar y Zobeida Gudiño, para realizar una visita a las comunidades Paufí y Guayacanes, en la parroquia Montalvo, cantón Río Verde, (Esmeraldas), para analizar la orden de desalojo efectuada por el ciudadano español Christopher Carrión Hernández, supuesto propietario de las tierras.

De acuerdo con la presidenta de la comisión, Zobeida Gudiño, ante la orden de desalojo interpuesta por el ciudadano español, se solicitó a todas las instituciones involucradas los informes respectivos para analizar el proceso. Una vez que la documentación sea entregada la subcomisión se trasladará al territorio para iniciar la investigación.

El alcalde del cantón Río Verde, Dubal Guisamano, informó que en las comunidades Paufí y Playa Guayacanes construidas sobre 11 hectáreas, nueve de las cuales son solicitadas por el ciudadano español, hay familias que habitan hace 30 y 40 años, por eso “pedimos que a esas familias humildes que han logrado construir sus casas en tantos años las dejen vivir en paz”.

Los representantes de las comunidades, entre ellos Domingo Hurtado y Beatriz Cevallos, explicaron las condiciones en que viven los pobladores que actualmente tienen escuelas, iglesia, camino vecinal, luz eléctrica, reservorio de agua, entre otras obras.  

La vicepresidenta de la comisión, Guadalupe Salazar, destacó la importancia de conformar la subcomisión para ser veedores de la situación y defender los derechos de los afectados. (I)

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La comisión aprobó documento

Informe sobre Ley de Economía Solidaria, listo

La Comisión del Régimen Económico aprobó el informe para primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria.

Los parlamentarios consideraron que son necesarias las reformas porque falta claridad en la definición e identificación del sector; además hay insuficiente normativa regulatoria para los sectores comunitario y asociativo; lentitud en el registro, catastro y obtención de personería de los actores del sector.

También indicaron que se han registrado dificultades para la obtención de títulos habilitantes necesarios para el desenvolvimiento económico de los actores de la economía popular y solidaria, como el Registro Único de Proveedores, Registro Sanitario y acceso al Régimen Simplificado de Tributación para organizaciones.

Otros inconvenientes detectados durante la elaboración del informe son la falta de registro y control de las unidades productivas existentes dentro del sector; imprecisiones que generan controversias en torno al régimen legal aplicable al trabajo solidario; dificultades en la regulación vigente provocadas por la actividad múltiple y las diversas modalidades de integración asociativa, propias de las cooperativas y demás organizaciones.

El proyecto de ley tiene 160 artículos, 11 disposiciones generales, 19 transitorias, 4 reformatorias, 1 derogatoria y 1 final.

La normativa busca detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, comercio, conversión y tráfico de activos que fueren resultado o producto de delitos y aplica sanciones correspondientes a estos hechos. (I)