La plataforma que usa la Unidad de la Fiscalía al interior de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), está abierta a una auditoría técnica desde cualquier órgano de control, como la Contraloría General del Estado. Esta herramienta se llama Subsistema de Interceptación de Comunicaciones o Datos Informáticos (Sicom).

Ayer, el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, mediante oficio, pidió al presidente del directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), Augusto Espín Tobar, que realice una auditoría completa de todas las escuchas telefónicas efectuadas desde diciembre de 2013, cuando empezó a utilizarse este procedimiento.

“Estoy remitiendo un oficio al presidente del directorio de Arcotel (...) y que me informe, en cada escucha telefónica, a qué indagación corresponde, qué fiscal la pidió y qué juez la autorizó, para que el país sepa exactamente si hubo una escucha telefónica que no fue autorizada por la Fiscalía a través de los jueces; y quienes hayan hecho eso tendrán que responder”, afirmó Chiriboga.

La Fiscalía prepara una visita programada para todos los medios de comunicación a las instalaciones de la Senain, para que conozcan el funcionamiento de esta unidad.

En una entrevista a Ecuavisa, Chiriboga afirmó que las escuchas telefónicas solo pueden hacerse a través de una disposición legal. “Lo teníamos en el código penal anterior y tenemos (esa facultad) en el actual COIP (Código Orgánico Integral Penal)”.

Chiriboga contó que con el presidente Rafael Correa visitó la Senain hace algún tiempo y que la administración anterior de esa cartera de Estado sugirió que sea de uso exclusivo de la Función Ejecutiva, pero el Mandatario indicó que eso tenía que estar bajo control y la vigilancia de la Fiscalía. “Los delitos a los que se van a investigar no están en la órbita política, son delitos que están en el Código Penal”.

De hecho, el presidente Rafael Correa escribió en Twitter que la “Senain tiene mando civil y es controlada por Contraloría, Fiscalía y Asamblea”.

Recordó que fue creada luego del ataque de Angostura, cuando el Gobierno descubrió que en la inteligencia ecuatoriana había infiltrados de EE.UU.

La Fiscalía explicó que su unidad ocupa un espacio en la Senain solo por cuestiones logísticas, porque todos los componentes (hardware y software) de la plataforma necesitan un centro de procesamiento de información con las adecuaciones técnicas y de seguridad exigidas que, por ahora, solo dispone esta secretaría. En la unidad trabajan 6 funcionarios, entre ellos 2 fiscales y 2 secretarios de fiscales.

El objetivo es interceptar llamadas para obtener información dentro de una investigación previa o de un proceso penal sobre delitos. El sistema permite interceptaciones de voz y de mensajes de texto de números telefónicos de personas bajo sospecha de un hecho ilícito.

Las interceptaciones son para investigar delitos como: homicidios, asesinatos, trata y tráfico de personas, lavado de activos, asociación ilícita, cohecho, concusión, plagio, robo agravado, extorsión, tenencia, posesión y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Desde el 17 de diciembre de 2013, esta unidad ha realizado 481 escuchas telefónicas, con sus respectivas autorizaciones judiciales.

También indicó que toda investigación sobre delitos concretos está apegada al artículo 476 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece que un juez de Garantías Penales ordenará la interceptación de las comunicaciones ante la solicitud de un fiscal, cuando existan indicios relevantes relacionados con los fines de la investigación.

Además, el Reglamento para la Implementación y Funcionamiento del Sistema, del 12 de enero de 2012, dice que cada vigilancia no debe ser por más de 90 días y la información recabada se mantiene bajo cadena de custodia.

Ayer también el ministro coordinador de Seguridad, César Navas, reiteró que Ecuador no tiene vínculo con la empresa italiana Hacking Team y consideró irresponsable afirmar que el Gobierno espía a los ciudadanos. (I)

DATOS

El 18 de enero de 2012 el Consejo Directivo de la Policía Judicial firmó una resolución para expedir el reglamento para la implementación y funcionamiento del Sistema de Vigilancia Técnica Electrónica.

Quienes firmaron el documento fueron el fiscal Galo Chiriboga, como presidente del Consejo; los ministros del Interior, José Serrano; y de Justicia en ese entonces, Johana Pesantes; Patricio Franco, comandante de la Policía Nacional; Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia; y Ernesto Fabián Solano, director nacional de la Policía Judicial.

En abril del mismo año se publicó el reglamento para la Implementación y Funcionamiento del Sistema de Vigilancia Técnica Electrónica en el Registro Oficial 678.

En julio de 2012 se aprobó el Manual de Cargos, Funciones y Responsabilidades del Personal asignado al Sistema de Vigilancia Electrónica, así como el Protocolo de Funcionamiento de los equipos tecnológicos en la aplicación del Sistema de Vigilancia Técnica Electrónica.