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Asamblea archivó proyecto de Ley de Libertad e Igualdad religiosa

El proyecto de Ley de la asambleísta Esther Cuesta no recibió el apoyo ni de su propia bancada.
El proyecto de Ley de la asambleísta Esther Cuesta no recibió el apoyo ni de su propia bancada.
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El proyecto de Ley de Libertad e Igualdad Religiosa impulsado por la asambleísta correísta Esther Cuesta no tuvo el apoyo ni de su propia bancada. Con nueve votos a favor, la normativa fue archivada por la Comisión de Garantias Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. 

El escrito buscaba sustituir la Ley de Cultos de 1937 y actualizarla "a los estándares constitucionales nacionales e internacionales". Según el proyecto presentado a la Comisión, la Ley vigente desde hace 88 años "se contrapone contra el ejercicio del derecho de la libertad religiosa al considerar a la religión católica como la única institución religiosa que existe en Ecuador" y tampoco reconocería "garantías, obligaciones y derechos de las personas en el ejercicio individual y colectivo de la libertad religiosa".

No obstante, la normativa planteaba algunos puntos controvertidos, que generaron críticas desde los sectores religiosos, como por ejemplo la posibilidad de establecer sanciones e infracciones contra los cultos que tengan fines políticos, realicen proselitismo o promuevan conductas contrarias a las libertades fundamentales. También establecía que las instituciones religiosas rindan cuentas a la Contraloría sobre sus ingresos.

En caso de incumplir la normativa se planteaban sanciones que van desde amonestaciones escritas, suspensión o pérdida de la personería jurídica y multas de hasta USD 14.100. La aplicación de la Ley estaría a cargo del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, junto a la Fiscalía del Ecuador.

La Bancada de Acuerdo Democrático Nacional (ADN) advirtió en un comunicado que la normativa respaldada por la Revolución Ciudadana (RC5) pretendería "atropellar derechos ciudadanos" y plantearía a las iglesias asumir el enfoque de género bajo sanción de suspender, cancelar o extinguir su personería jurídica".

Además apuntaron que el artículo 32 del proyecto de ley consideraría como infracción a las religiones que "promuevan conductas consideradas discriminatorias, lo que da paso a sanciones para hechos, como por ejemplo, negarse al lenguaje inclusivo, a la defensa de la vida o la ideología de género".

Según el comunicado divulgado por ADN, la normativa tendría como objeto sancionar a representantes religiosos que cuestionaron los supuestos actos de corrupción de los integrantes de la "Liga Azul" del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esto último en referencia al sacerdote cuencano Marcelo López, quien durante un sermón dijo que "se le ha estallado la cabeza por la corrupción" de los exconsejeros del organismo, quienes fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y enfrentan un proceso judicial por presunta asociación ilícita. 

En el primer y único debate realizado el martes 1 de abril de 2025 en la Comisión de Derechos Humanos, el asambleísta Adrián Castro (ADN) reiteró que la Ley promovería la "ideología de género" e interferiría en el ejercicio de la libertad religiosa y de culto.

Tras recibir las conclusiones y recomendaciones se procedió con la votación, en la cual el proyecto de Ley fue rechazado por unanimidad, incluso por los propios miembros de la RC5 y compañeros de Cuesta. Se pronunciaron a favor del archivo Paola Cabezas (RC5), Adrián Castro (ADN), Paúl Buestán (Construye), Yhajaira Urresta (RC5), Jose Maldonado (RC5), Enrique Luces (Construye), Humberto Chávez (Independiente), Patricia Mendoza (RC5) y Fabián Peña (Construye). Con ello, Cabezas (RC5), presidenta de la Comisión, determinó el archivo del proyecto.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana envío un comunicado en el que agradecía a la Comisión por el archivo del proyecto y exhortaba al Estado ecuatoriano a "reconocer, respetar, proteger y garantizar la libertad religiosa, como instrumento para fortalecer la democracia".

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