Acatando el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, este jueves acudieron ante el Pleno de la Asamblea Nacional el Presidente de la Función de Transparencia y Control Social, el Presidente del Consejo de la Judicatura, el Defensor Público, el Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, para presentar sus informes anuales de labores.

Dentro de este ejercicio, inició el círculo de intervenciones Guillermo Novoa, superintendente subrogante de Economía Popular y Solidaria, quien explicó que existe un crecimiento acelerado en el sector y que corresponde al doble que actualmente registra el sector bancario, por lo que es un ejemplo de la redistribución de la riqueza y la prevalencia de lo colectivo sobre lo individual.

El organismo también se apunta la existencia de más de 6 millones de socios en 600 cooperativas de ahorro y crédito y miles de cajas y bancos comunales en todo el Ecuador. Estas organizaciones cuentan con activos por más de $11 mil millones y pasivos de más de $10 mil millones. Además, la cartera de crédito de las tres cooperativas más grandes del país supera en más $300 millones a la de los bancos privados, medianos y pequeños.

Según el funcionario, son las cooperativas de ahorro y crédito las que colocan más recursos, de los que captan, en los sectores rurales. No así en la banca privada donde ocurre lo contrario.

La entidad también trabajó en la prevención del lavado de activos, atención a organizaciones y usuarios del sector. Así, atendió a 115.000 usuarios en sus trámites, 70 mil de manera presencial. Ejecutaron un plan de capacitación externo para transmitir las normas que deben cumplir las organizaciones, con 275 eventos de capacitación.

Como objetivo del nuevo año, la Superintendencia tendrá como fin el fortalecer el rol de los organismos de inclusión para mejorar la dispersión en el sector. Integrarán el sector a las tecnologías financieras existentes y las que están en desarrollo. Fortalecerán el trabajo conjunto entre el sector financiero y no financiero en dos ámbitos: acciones conjuntas con los actores que permitan crear productos financieros y generar encadenamientos productivos entre organizaciones de diversa índole económica para dinamizar las cadenas productivas sectoriales.

Para dar ejecución a todo este plan, y después de agradecer la agilidad de la Asamblea con respecto a la existencia de la Superintendencia, pidió a los legisladores que continúen trabajando en reformas legales para consolidar la Economía Popular y Solidaria.

A continuación presentó su informe Ernesto Pazmiño, defensor público. Después de resaltar que esta sería su última intervención con respecto a este tema, pues es el último año que ejercerá su cargo, el funcionario entregó más de 90 hojas que tiene el documento sobre su gestión en el último año.

En su presentación, dijo que el presupuesto que manejan las entidades de justicia es: $523 millones para el Consejo de la Judicatura; $36 millones para la Defensoría Pública; a la Fiscalía le corresponde $153 millones.

Con este contexto indicó que la Defensoría Pública ejecutó el 99 % del presupuesto asignado. Así, también dijo que dentro de la entidad hay 736 defensores públicos en todo el país, lo que representa 4,7 defensores públicos por cada 100 mil habitantes. La media en la región es de cinco, y justamente esa es la meta planteada para 2018.

El funcionario prendió una de las alarmas que para él son motivo de preocupación. Dijo que hasta la dependencia ingresaron 146.999 solicitudes ciudadanas en materia penal, 122.471 en materias no penales, 42.226 asesorías y 1.407 trámites de mediación. De ellas, una gran cantidad de casos son demandas de alimentos, mientras que la mayoría de requerimientos de atención se dan por violencia intrafamiliar, agresiones físicas, sexuales y psicológicas.

De las 313.095 solicitudes, el 52% es presentado por delitos contra la mujer.

A los asambleístas solicitó que se dé trámite urgente a las iniciativas legislativas que fueron presentadas por el organismo. Dentro de ellas, ejemplificó aquellas que deberían reformar el Código Orgánico Integral Penal y así reducir el hacinamiento en cárceles a nivel nacional. Para el 2017 se registraron 225 presos por cada 100 mil habitantes, ubicando así al Ecuador dentro del 25% de países que más encarcelan en el mundo.

El país tuvo una tasa de crecimiento de presos del 38 % tan solo en el último año, mientras que el crecimiento poblacional general fue del 1,6 %, lo que, según el funcionario, es la consecuencia de un modelo de gestión, control disciplinario y evaluación equivocados.

Para el Defensor, el Ecuador tiene un sistema de justicia de estadísticas que olvida los derechos de los ciudadanos. Por tanto, en el proyecto de reformas presentado se pretende eliminar la criminalización de la protesta social, equilibrar las penas con los delitos, garantizar derechos en los procedimientos directo y abreviado, regular el uso abusivo de la prisión preventiva, combatir la corrupción y despenalizar el aborto por violación.

Sobre el Código de la Niñez y Adolescencia, pidió que este sea archivado por ser "inequitativo".

A continuación asistió Cristian Cruz, superintendente de Bancos, quien resaltó que el 99% de instituciones cumplen con el informe anual de acceso a la información pública, siendo esta una de las competencias de la Función de Transparencia.

Dentro del último año, la entidad ha trabajado con tres objetivos: 1) incrementar la eficiencia en la aplicación de los mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción a través de la implementación de herramientas técnicas, tecnológicas y científicas; 2) Garantizar la realización y cumplimiento de los derechos individuales y colectivos mediante la aplicación de políticas específicas de participación, transparencia, control social y lucha contra la corrupción, normas y códigos de conducta; y 3) Incrementar los espacios de participación ciudadana directa mediante la implementación de diversas opciones de control social.

Dentro del primer objetivo dijo que 14.016 acciones de control han sido ejecutadas y que contribuyen a la prevención y lucha contra la corrupción durante el 2017. En los últimos 5 años se han ejecutado 77.900 acciones de control.

También destacó que 314 casos han sido remitidos a la Fiscalía General del Estado siendo presunciones de delitos. Así también, las sanciones administrativas y civiles emitidas a los entes controladores llegan a 15.198 en 2017. Dentro de las normativas para regulaciones y buenas prácticas, durante 2017 se han emitido 517.

Para el funcionario fue un hito el acelerado crecimiento de eventos de capacitación, posicionamiento y difusión sobre las tareas y responsabilidades que realizaron. Este número asciende a 5.331 durante el 2017. Dentro de esta temática resaltó la campaña "Actúa con valores" dirigida principalmente a jóvenes.

En el último año, la entidad atendió el 98,9% de solicitudes de acceso a la información pública.

"Ejercer un cargo público es una responsabilidad. Fomentamos el diálogo de los más jóvenes a quienes centramos nuestros esfuerzos", dijo y añadió que más de 100 Unidades Educativas se sumaron a la campaña "Actúa con valores".

A la cita también acudió Nubia Villacís, presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien dijo que en 2017 el país se hizo acreedor a un reconocimiento internacional por la accesibilidad. Esto con respecto al programa Voto en Casa. Este reconocimiento fue entregado en Jordania el año pasado pero será remitido en el próximo mes.

La funcionaria también resaltó que 61 personas pudieron acceder a su derecho al voto después que se implementara el mecanismo en geriátricos. "Lo que pretendemos es que si un ciudadano quiere ejercer su derecho, damos las facilidades", dijo. Este mecanismo se lo establecerá en las futuras elecciones.

Finalmente, asistió Patricio Baca, presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Comunicó que durante el 2017 el organismo registró una tasa de resolución de causas correspondiente al 92,55%. El restante son aquellos casos que fueron presentados después del 25 de diciembre de 2017.

Durante el 2017 se realizaron un total de 37 eventos y talleres de socialización sobre temas relacionados a la Gestión Institucional; 2 publicaciones especializadas en materia de Contencioso Electoral; el buscador de palabras de las sentencias emitidas por el TCE; se atendieron a 303 usuarios externos, 457 usuarios hicieron uso de la Biblioteca Institucional y de material bibliográfico; 954 usuarios realizaron cursos E-learning y se emitieron un tutal de 385 certificados.

Respecto al manejo financiero de los recursos públicos, para 2017 se obtuvo una ejecución presupuestaria consolidada del 97,76% evidenciando una ejecución del 98,42% en el presupuesto ordinario y el 95,93% en el presupuesto electoral. (I)