El próximo martes 22 de marzo, el pleno del legislativo conocerá y debatirá en segunda y definitiva instancia el proyecto de Ley de Atracción de Inversiones,  casi al plazo límite de 30 días establecido para el tratamiento de proyectos con carácter económico urgente, como es esa norma enviada por el ejecutivo el pasado 22 de febrero. 

De acuerdo a la convocatoria para la sesión 769 del Pleno de la Asamblea Nacional, serán 4 puntos los que se traten en la jornada, el segundo de ellos es el debate del proyecto de inversiones. 

La iniciativa, que es el eje principal del programa económico del Gobierno de Guillermo Lasso, busca atraer inversiones privadas por USD 30.000 millones de dólares hasta 2025. Para alcanzar este objetivo, el régimen plantea una serie de reformas legales en aspectos como: la creación de Zonas Francas, las Alianzas Público Privadas y Delegaciones, Cambios en el Mercado de Valores y la Transformación Digital. 

En la legislatura, uno de los aspectos más cuestionados fue el supuesto carácter "privatizador" de la norma, por lo cual, durante su tratamiento en la Comisión de Desarrollo Económico, los legisladores incluyeron una serie de candados y cambios basados en las observaciones de todas las bancadas. 

Por ejemplo, agregó un artículo en el libro I que establece la prohibición de venta o privatización de bienes y activos y servicios del Estado, cuando se firmen contratos de Alianzas Público Privadas. 

En el polémico artículo 7, se aclaró que está prohibido el cobro de tarifas para las áreas de salud, de educación y de seguridad cuando estos estén delegados a empresas privadas. Estos servicios serán entregados de forma gratuita por el Estado. 

También se establecen límites al Presidente de la República a la hora de delegar proyectos de los sectores estratégicos de la iniciativa privada. En estos espacios sólo será válida la delegación cuando el Estado no esté en capacidad técnica o económica de gestionarlos.

Se plantean incentivos para la producción audiovisual a través de la creación del Certificado de Inversión Audiovisual (CIA). "Será emitido por el Servicio de Rentas Internas a favor de productoras nacionales y extranjeras hasta por el 37% de los costos y gastos que incurran en el Ecuador en servicios audiovisuales y logísticos necesarios siempre que se encuentren soportados en comprobantes de venta válidos y previa suscripción del contrato de filmación celebrado con Ministerio de Cultura", señala el artículo 80. 

Se propone eliminar las cláusulas de confidencialidad de los contratos de delegación a privados a través de las Apps.

El pleno deberá decidir sobre otros aspectos propuestos en la comisión pero que no tuvieron el suficiente apoyo para ser acogidos en el informe que se debatirá el martes. 

El oficialismo necesita 70 votos para la aprobación de este proyecto de ley.