La Contraloría arrancó con  un examen especial sobre el uso de los bienes públicos que ejecutó la Prefectura de Pichincha, durante las manifestaciones indígenas que se concentraron en Quito.

El contralor Pablo Celi señaló que se trata de una auditoría sobre los recursos públicos que manejó el gobierno provincial y la manera de cómo se los dispuso durante las protestas.

Celi aclaró que este examen no tiene relación con la indagación que realiza la Fiscalía de Pichincha por la actuación de la prefecta o por el ataque al edificio de la Contraloría, pues cada entidad trabaja en sus competencias.

De este procedimiento se desprenderán si existen responsabilidades administrativas o penales.

Asimismo, el contralor  enfatizó que la entidad inició la atención al público y habilitó ventanillas en la Superintendencia de Bancos, donde funcionará el balcón de servicios de la entidad de control.

Esto ocurrirá hasta que Inmobiliar les entregué dos inmuebles para que el personal pueda seguir laborando, luego de que el edificio matriz fuera saqueado  e incendiado durante las protestas.

Uno está ubicado en la avenida Amazonas y Japón y el otro en la avenida 10 de Agosto y Santa Prisca.

Mientras se concrete la entrega de los dos inmuebles,  los trabajadores de la Contraloría fueron ubicados en siete entidades de Gobierno en Quito, donde podrán reactivar su trabajo.

Para Celi,  seguramente, se trató de un ataque planificado que intentó interrumpir el trabajo. “Pero se equivocaron, seguimos laborando normalmente”.

Aclaró que el data center que tiene toda la información de la institución, así como de las auditorías que se tramitaban, no fue afectado y lo trasladaron a otro espacio.

No obstante, se hará un peritaje para determinar la documentación que fue incinerada y en qué medida afectará  los procesos en marcha.

Por último, informó que  peritos están realizando un informe para determinar los perjuicios económicos y los daños en el edificio. (I)