El caso Sobornos desencadenará sentencias de hasta trece años
La legisladora independiente Viviana Bonilla se jugó una última carta para frenar su vinculación en el caso Sobornos 2012-2016.
Ella pidió a la jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho, que solicitara el pronunciamiento de la Corte Constitucional para seguir el proceso penal en su contra.
La respuesta fue negativa. Camacho recalcó que la Asamblea tomó esa decisión. Por eso Bonilla deberá acudir a la audiencia que se cumple desde la mañana de este miércoles 7 de agosto de 2019 en la sede de la Corte Nacional.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, anticipó que pedirá la vinculación de 22 personas. Entre ellas, la asambleísta y los máximos líderes de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa y Jorge G.
Para Salazar existen los argumentos para enjuiciarlos por supuestamente ser parte de un sistema ilegal que receptó dinero de empresas contratistas con el Estado para actos y las campañas electorales de Alianza PAIS.
Los mismos cargos se impusieron al exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis M.; a la exministra, María de los Ángeles D.; a la exasesora presidencial, Pamela M., y a su asistente, Laura T.
Esta investigación se desarrolla en el piso 18 de la sede del Ministerio Público. El trabajo diario está liderado por las fiscales Ruth Amoroso y Alejandra Zurita, quienes tienen el apoyo de más de una docena de funcionarios de la Fiscalía, policías judiciales, de Criminalística, entre otros expertos.
Esta investigación superó al caso Odebrecht del 2017, el cual llevó a prisión al exvicepresidente Jorge G. Por ejemplo, el expediente de Odebrecht llegó a las 46.700 hojas, pero el caso Sobornos superó las 50.000. Esta cifra seguirá creciendo porque la indagación se cerrará el 29 de septiembre de 2019.
Desde mayo de 2019, los fiscales han realizado 600 diligencias, que incluyen allanamientos en Quito y Guayaquil, y pedidos de información pública y privada de los involucrados. Además, ha recibido la versión de 200 personas, entre ellas autoridades, funcionarios públicos, políticos y empresarios.
Según la fiscal Salazar, esta investigación puede desencadenar sentencias de hasta 13 años. A su criterio se cumplen los requisitos del concurso real de infracciones, previsto en el artículo 20 del Código Penal. Estas presuntas infracciones son el cohecho, el tráfico de influencias y la asociación ilícita.
Otra denuncia por la reelección
El vocal del Consejo Nacional Electoral, Luis Verdesoto, aseguró que no hubo voluntad política en el CNE para investigar las denuncias en este caso. Por eso conformó un equipo que revisó las cuentas de campaña de reelección de Correa de 2013.
En esa labor hallaron vacíos en las cuentas de Alianza PAIS. Por ejemplo, 78 contribuyentes con donaciones superiores a los $10.000. Para ese año, ninguno tenía una fuente de ingresos, dijo Verdesoto. (I)
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