La Comisión de la Asamblea que trata las enmiendas constitucionales para reformar el Consejo de Participación Ciudadana prevé terminar su informe el viernes 21 de noviembre de 2019.

Así lo anunció Elizabeth Cabezas, presidenta de la mesa legislativa. Ella recordó que durante un mes se recibió a autoridades, académicos y actores sociales para definir el proyecto.

Al inicio de la semana, la Comisión solicitó una prórroga de cinco días al pleno de la Asamblea Nacional, para tratar varios puntos, entre ellos el límite de funciones del Consejo de Participación Ciudadana.

Cabezas señaló que a pesar de la prórroga, la Comisión cumplirá con los tiempos establecidos para preparar el documento. La Constitución contempla un plazo de 30 días para el primer debate, un año después el segundo, y la aprobación de las reformas.

La parlamentaria de Alianza PAIS explicó que el proyecto estaría compuesto de tres propuestas: la primera sería sobre los requisitos para la selección de autoridades de control (fiscal, contralor, vocales de la judicatura, etc.).  

La segunda tratará sobre limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y, finalmente, la propuesta de la legisladora de CREO, Jeannine Cruz, para cambiar el cálculo de fórmula de asignación de recursos para las prefecturas.

Designación de autoridades

Hasta el momento, la Comisión no ha definido un punto de consenso para la selección de autoridades de control. La Presidenta de la Comisión comentó que se podría generar un mecanismo mixto entre la Asamblea y representantes de la sociedad civil.

La asambleísta Mercedes Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), dijo que su bancada plantea la creación de una comisión multipartidista que sea la encargada de designar dichas autoridades. “El proceso de selección deberá ser riguroso, no se limitaría a una terna, sino a varios postulantes, que luego el pleno de la Asamblea escogería”, dijo Serrano.

Wilson Toainga, fiscal subrogante, en su intervención, hace dos semanas, señaló que la elección debería tener solo tres candidatos. Mientras que Pablo Celi, contralor del Estado, propuso la conformación de un tribunal de cuentas que esté conformado por siete miembros y no una sola autoridad.

Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática, manifestó que la propuesta de Celi puede ser viable si se trabaja de manera conjunta. Finalmente, Cabezas puntualizó que la propuesta de Contralor requerirá de otra enmienda puesto que se cambiaría la Contraloría a un Tribunal de Cuentas. (I)