Pasó el primer debate. Eso ocurrió con el proyecto de Ley de Orgánica de recuperación de bienes de origen o destino ilícito o injustificado, conocido como Ley de Extinción de Dominio.

Según la información de la Asamblea, esa propuesta permitirá a los operadores de justicia combatir la corrupción y recuperar bienes, recursos públicos para destinarlos a educación, salud, y sectores vulnerables.

La iniciativa fue presentada por el asambleísta Fabricio Villamar, ex-CREO, hoy movimiento Ahora, el 22 de octubre de 2019.

En el debate de este proyecto participaron 30 legisladores. Uno de los temas discutidos fue que el texto debe ajustarse al artículo 273 de la Constitución sobre peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, que declara esos delitos como imprescriptibilidad en la acción y en la pena, dice la Asamblea.

Para algunos legisladores la futura normativa debe regular el proceso jurídico para la extinción de dominio. “No que no puede ser de carácter político, ni para persecución, sino procesal y que permita a los operadores de justicia aplicarla en todos los casos de actividades ilícitas”.

Ese discurso se apega al del expresidente Rafael Correa y todos de los sentenciados en el caso de corrupción Sobornos 2012-2016.

En el debate, además, se insistió en que la norma debe ser clara y precisa, así como respetar el debido proceso. Citaron los casos de corrupción de los sobreprecios en la contratación pública que deben corregirse y sancionados con la nueva ley.

Coincidieron en que la norma no puede ser retroactiva, si puede ser “restrospectiva”, es decir, que permita revisar las prácticas reñidas con la legalidad y al Estado una alternativa de resarcimiento. 

Plantearon criterios divididos sobre si los jueces y tribunales deben ser especializados o no. También debatieron el derecho de apelación y cómo se actuará en los casos de testaferrismo. Según la información de la Asamblea, la seguridad jurídica cuida la propiedad de lo bien habido, pero lo mal habido no genera derechos y es allí donde debe haber una lucha frontal contra la corrupción.

También debatieron sobre la Unidad de Servicio de Bienes que debe custodiar bienes recuperados. Pero no debe ser una nueva estructura, sino estar adscrita a una institución.

Plantearon que se establezcan tiempos precisos para el proceso de monetización que serán destinados a proyectos para la población más vulnerable como las personas de la tercera edad, con discapacidad.

También cuando un juez dictamine la sentencia de incautación de tierras, estas deben ser entregadas a los sectores campesinos para la agricultura.

Además debatieron sobre la necesidad de que el Estado contrate empresas nacionales o internacionales para el rastreo de dinero. Cuestionaron que la justicia ha sancionado hechos de corrupción, pero no se ha recuperado los bienes o recursos, dice la Asamblea. (I)