El secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, maniobró para que los pescadores estadounidenses que trabajan en aguas ecuatorianas no respeten las leyes del país andino. El diplomático quería que esa garantía conste en un acuerdo.

Así lo expresa el funcionario en un telegrama dirigido a la Embajada norteamericana en Quito, en 1975. El cable forma parte de los miles de documentos revelados recientemente por WikiLeaks de la era Kissinger.

Cuando Guillermo Rodríguez Lara gobierna Ecuador (1973-1976) la guerra del atún estaba terminando, pero seguía influenciando en la relación con Estados Unidos.

Todo inició porque Washington no reconocía las 200 millas de mar territorial, una tesis impulsada por los países sudamericanos con costas en el océano Pacífico.

Para los norteamericanos, el mar territorial solo abarcaba las 12 millas, por lo que sus barcos pesqueros -atuneros especialmente- faenaban en aguas ecuatorianas.

           ANTECEDENTES

En la década del 60, Ecuador firma con Estados Unidos un “modus vivendi” donde permite las actividades pesqueras de ese país fuera de las 12 millas náuticas.

El acuerdo fue repudiado posteriormente por las nuevas autoridades, que lo consideraron una traición a la patria, pues se dejaba de lado la tesis de las 200 millas de mar territorial.

En el gobierno de Clemente Yerovi se reformó el Código Civil para incorporar, por primera vez en la legislación ecuatoriana, la tesis de las 200 millas marítimas.

En San Diego, California, estaba asentada la flota atunera norteamericana la cual inició un “lobby” en su país para que se apruebe una norma en el Senado.

Los pescadores norteamericanos lograron la aprobación de una ley que obligaba al Gobierno de su país a cubrir con las multas e indemnizaciones que se les podría imponer en terceros Estados.

Si eso ocurría, la Casa Blanca descontaría esos fondos de la ayuda militar que entregaba a los países como parte de la lucha contra el comunismo. Los pescadores, incluso, presionaron para que no se vendan buques a la Armada ecuatoriana.

Los pescadores nacionales reclamaban porque a ellos no les quedaba nada, por lo que la Marina, con sus escasos recursos, patrullaba el océano. En alguna ocasión atrapó infraganti barcos norteamericanos.

Por ley, los marinos incautaban la pesca. Eso ocasionó la protesta de la industria pesquera norteamericana que con su “lobby” logró la aprobación de una ley en el Congreso de su país.

Esa norma imponía sanciones a los países que afectaran a los barcos pesqueros estadounidenses y exigía el pago de una indemnización, lo que Ecuador nunca aceptó, por lo que entró en la lista de Estados castigados.

Ecuador había propuesto una zona de exclusión pesquera para proteger a
las especies

La Marina no podía modernizarse y la pesca ecuatoriana era, por decir lo menos, rudimentaria. No había flota como tal y el sentimiento era que extranjeros consumían y se enriquecían con recursos ecuatorianos.

El pescador Hipólito Crespín recordó esa época. Él siempre ha trabajado en la zona del Golfo de Guayaquil capturando corvinas, camarones, entre otras especies.

El atún, explicó, se pesca en aguas abiertas, lejos de la costa. Para ello se requieren grandes barcos, no las típicas pangas.

Crespín comentó que en los 70 no existía la flota pesquera ecuatoriana, la cual recién aparece en los gobiernos de León Febres-Cordero y Rodrigo Borja. Por eso los japoneses y norteamericanos faenaban en aguas ecuatorianas.

Es esa necesidad que motiva al gobierno de Rodríguez Lara a buscar socios estratégicos para crear la flota pesquera ecuatoriana y explotar los recursos ictiológicos.

Para superar eso, Ecuador propone un acuerdo para crear una compañía mixta con Estados Unidos. En ese sentido, el 4 de junio, Rodríguez Lara se reúne con el embajador norteamericano Robert Brewster en Quito donde se aborda el tema.

“El presidente aceptó nuestra propuesta para entrar en negociaciones sobre el problema pesquero. Le gustó la idea de que algún tipo de asociación pueda resultar, mencionó la posibilidad de la formación de una empresa mixta con capital americano o de un acuerdo con la industria americana. Esto, dijo, podría ser la respuesta”, relata el representante en un cable (1974QUITO00639_b) dirigido al Departamento de Estado.

En la misma cita, el gobernante ecuatoriano propone que los barcos norteamericanos adquieran una licencia en Ecuador. “No respondí a esto, decidí dejar las cosas como estaban”, describió Brewster. La industria pesquera norteamericana no aceptaba bajo ninguna condición someterse al sistema jurídico nacional.

Es Estados Unidos el que propone un acercamiento sobre el tema pesquero y plantea la asociación. Ese esquema fue desarrollado por el propio Brewster.

Él escribe un telegrama (1973QUITO01382_b) a sus superiores el 21 de marzo de 1973 donde hace una larga evaluación de la disputa pesquera y aclara que cooperar con el Gobierno ecuatoriano le permitirá a su país ampliar su presencia.

Primero el embajador cuenta que el Gobierno ecuatoriano quiere una industria pesquera capaz de atrapar 80.000 toneladas de atún anualmente para satisfacer su demanda interna y el saldo exportarlo.
“Ecuador está planeando desarrollar la industria del atún por la selección de un contratista principal que se encargaría del proyecto completo, que incluiría las provisiones de los barcos, mantenimiento a las instalaciones en tierra, capacitación y asistencia técnica, refrigeración, construcción, publicidad y financiamiento completo. El total del proyecto se estima en $ 30 millones”, analizó Brewster.

Con ese antecedente, el embajador explicó que la asistencia norteamericana pondría fin a la disputa pesquera con Ecuador. Para ello traza distintos escenarios.

“La naturaleza del problema pesquero estadounidense-ecuatoriano ha cambiado significativamente. El problema original fue que debido a la demanda ecuatoriana de soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas náuticas, el Gobierno insistió, por razones de dignidad nacional y honor, que los buques pesqueros extranjeros adquieran licencias ecuatorianas si querían pescar en aguas reclamadas por Ecuador. En resumen, la atención se centró en la Convemar. Hasta 1972 nuestro objetivo era una solución provisional (en espera de los resultados de la conferencia de la Convemar) que permitiría a EE.UU. pagar las licencias sin perjuicio a nuestra posición referente a la Convemar. Ahora encontramos que Ecuador se mueve de una postura basada en la Convemar a una postura de conservación y zona de exclusión. Como hemos dicho, la finalidad última de la creación de una industria pesquera ecuatoriana es para que Ecuador pueda explotar sus aguas reclamadas en una zona excluida para buques de banderas extranjeras. En definitiva, más importante que el problema de cómo pagar las licencias es ahora cómo evitar la exclusión de los intereses pesqueros de EE.UU. en las aguas reclamadas por Ecuador”.

80.000 toneladasde atún era lo que el Gobierno ecuatoriano aspiraba a pescar anualmente en sus aguas

El embajador aclaró que proveer ayuda a Ecuador no será aceptar la legitimidad de las operaciones contra barcos extranjeros. En cambio, explicó que negar la asistencia llevará al país andino a buscar otro país socio, lo que le hará perder presencia a los norteamericanos.

“El objetivo básico de EE.UU. en la asistencia a la industria pesquera ecuatoriana, en nuestra opinión, es asegurar la participación de EE.UU. en una ampliada industria ecuatoriana”.

Para Brewster, el peor escenario sería la creación de una zona de exclusión pesquera, lo que haría muy difícil la actividad en Ecuador, pese a las limitaciones de su Armada y Fuerza Aérea.

“El verdadero peligro de la exclusión es lo que pueda suceder con los barcos y capitanes que sean arrestados. El objetivo de la exclusión es diferente a la actual política de permitir la pesca de extranjeros con licencia, el tratamiento para buques y capitanes puede ser diferente. La posibilidad de que capitanes puedan ser arrestados y brevemente encarcelados ya ha sido reportada. La probabilidad de grandes multas ha sido reportada. Otras posibilidades también existen, como el decomiso de la pesca, buques y un incidente grave”, advirtió.

30 millones de dólares necesitaba Ecuador para desarrollar su industria pesquera, según Estados Unidos

“Por lo tanto, las relaciones EE.UU.-Ecuador probablemente empeoren a medida que avanza la exclusión”, concluyó.

A partir de allí, Estados Unidos propone un acuerdo con Ecuador sobre pesca, pero no a nivel de Estados sino más bien entre privados.

Pero como la industria pesquera ecuatoriana era prácticamente inexistente, del lado nacional aparece EPNA (la empresa pesquera nacional). Washington quería que la compañía pública negociara directamente con la poderosa industria pesquera norteamericana asentada en San Diego (California).
Como Ecuador requería capitales para montar una industria pesquera y así reforzar su presencia en las 200 millas de mar territorial, emprendió la caza de inversionistas.

Ecuador fue pionero con las 200 millas 

El diplomático Juan Carlos Faidutti es un conocedor de la Convención del Mar (Convemar). Su profesión le permitió conocer de cerca la “guerra del atún”.

Cuenta que la tesis de las 200 millas surgió realmente en Estados Unidos, cuando en 1945, el entonces presidente Harry Truman proclamó la soberanía de su país en la plataforma continental hasta las 200 millas.
Con ese antecedente, Chile hizo lo propio en la década de los 50. Eso porque, frente a sus costas, barcos japoneses, nórdicos y rusos capturaban a las ballenas que se apareaban en esas aguas.

En 1952, Santiago convoca a una conferencia donde se proclaman las 200 millas. Se adhieren Perú y Ecuador. El tratado fue ratificado en 1954. Precisamente por esos acuerdos -que para Chile son limítrofes y para Perú pesqueros- los Estados están enfrentados en un juicio en la Corte Internacional de La Haya.

Estados Unidos consideró eso un pronunciamiento unilateral sin valor jurídico internacional. Washington defendía la libre navegación.

Pese a ello, los países centroamericanos y africanos se unieron a la tesis.
Los norteamericanos solo reconocían 12 millas de mar territorial y no las 200.
Debido a que cada vez más naciones se adhieren a la tesis, en 1972 se empieza a negociar la Convemar, la cual reconoce 12 millas de mar territorial y 188 de zona de exclusión económica.

La Convemar se sella en 1982 y entra en vigencia en 1994 con lo que se pone fin a las disyuntivas, incluida la guerra del atún. Pese a que Ecuador fue pionera en la tesis, recién ratificó el tratado el año pasado porque anteriores autoridades insistían en que el país debía tener plena soberanía en las 200 millas.
La Convemar establece que en la zona de exclusión económica hay libre navegación y sobrevuelo, siempre y cuando no haya explotación de recursos, lo mismo ocurre con el tendido de cables submarinos.

Por su parte, Estados Unidos no ha ratificado oficialmente la Convemar, pero la considera un instrumento internacional plenamente válido. Por problemas políticos internos, el acuerdo no ha podido ser validado en el Senado.

Sobre esta base, el 17 de abril de 1974, el propio Kissinger escribe (cable 1974STATE077807_b) a la Embajada norteamericana en Quito donde expone su visión de lo que deberían ser esas negociaciones.

“No deseamos un acuerdo de asociación hecho bajo el término de las leyes ecuatorianas. Si esto ocurre, el Gobierno de Ecuador podría interpretar que estamos de acuerdo con todo su sistema jurídico”, manifestó el secretario de Estado.

“Asimismo, no queremos comprometernos en tener un observador del Gobierno de Estados Unidos en las conversaciones de industria a industria, ya que podríamos desear limitar nuestro papel detrás de las bambalinas”, señaló.

Kissinger comentó que llamó al embajador de Ecuador en Estados Unidos en aquella época, Alberto Quevedo. A él le aclaró que “el acuerdo de asociación propuesto sería un acuerdo de industria a industria en el cual el Gobierno de Estados Unidos no sería parte”.

“Nuestra industria, por supuesto, negociará de acuerdo a lo que ellos perciben mejor para sus intereses pesqueros y comerciales; y serán capaces de decidir, a base de la propuesta, la aplicabilidad de las leyes ecuatorianas, qué términos y condiciones ellos aceptarían en el acuerdo de asociación”.
Kissinger aclaró que “también hay que tener en cuenta las normas de derecho interno e internacional, por ejemplo, las normas aplicables a la jurisdicción penal sobre personas en buques con bandera de EE.UU.”.

En la misma conversación, Kissinger indicó que los diálogos pesqueros son distintos a la Convención del Mar (Convemar).

Para la diplomacia norteamericana, eran dos asuntos separados que deben tratarse con diferentes funcionarios. También critica cualquier tipo de condición para los diálogos y espera que los “ambas partes tengan la mente abierta”.

Kissinger volvería a pronunciarse en un cable (1975STATE027270_b) sobre este tema, en febrero de 1975, cuando la Marina ecuatoriana detiene tres barcos pesqueros faenando en aguas territoriales. La Armada llevaba años sin detener buques norteamericanos.

Las naves fueron llevadas hasta Santa Elena, hasta donde acudió el embajador estadounidense Robert Brewster. Washington emitió una nota de protesta por la retención.

El 6 de febrero, Kissinger escribe a la Embajada aclarando e informando sobre los derechos que tienen los pescadores detenidos.

“La opinión informal y preliminar del Departamento sobre el reembolso es que si los propietarios tienen debidamente documentadas las multas, serán reembolsadas como en el pasado”, comentó.
Kissinger se refería a la Ley de Pesca aprobada en su país, gracias al “lobby” de San Diego. Esa norma obligaba al Gobierno norteamericano a cubrir las multas económicas que impusiera Ecuador. A cambio la Casa Blanca descontaba ese dinero de la ayuda militar que enviaba todos los años a Quito.