El viceprimer ministro británico, Nick Clegg, defendió este martes los planes del Gobierno de coalición de vigilar las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, el acceso a internet y los correos electrónicos de la población para combatir el terrorismo.

En una entrevista con la cadena británica BBC, el líder liberaldemócrata, que durante la pasada campaña electoral se opuso a un plan similar del partido laborista, destacó la necesidad de actualizar el código penal británico para "avanzar al mismo ritmo que la tecnología".

"Como Gobierno tenemos que afrontar que ahora es posible comunicarse por diferentes vías y necesitamos actualizar los poderes de las fuerzas de seguridad que ya establece el código penal a estos cambios tecnológicos", argumentó Clegg.

El líder liberaldemócrata señaló que los terroristas y criminales utilizan nuevos sistemas de comunicación, como el servicio de vídeollamadas por internet Skype, para subvertir las leyes de vigilancia, por lo que deben actualizarse.

Puntualizó además que la Policía no podrá acceder al contenido de los mensajes o las llamadas y que la próxima ley garantizará el máximo nivel posible de privacidad a los británicos.

Ante las numerosas voces críticas surgidas tras el anuncio de este plan el pasado domingo, Clegg les recomendó aplazar los juicios de valor hasta que se presenten las propuestas al detalle.

"Ha habido muchas especulaciones los dos últimos días, muchas erróneas. Es un tema muy sensible y es bueno tener un amplio debate sobre cómo debe actuar la sociedad cuando los criminales explotan las nuevas tecnologías", aseguró.

Según se ha divulgado, los datos que se recabarán en el centro de escuchas de Cheltenham (oeste de Inglaterra), conocido por sus siglas GCHQ y cuyas actividades son secretas, incluyen la hora y la duración de cada llamada telefónica, así como los destinatarios de correos electrónicos y mensajes de texto.

Políticos y organizaciones para la defensa de los derechos civiles han censurado el programa gubernamental porque entienden que viola el derecho a la privacidad de la ciudadanía.