Londres

El Gobierno británico anunció el pasado viernes una legislación de emergencia para seguir vigilando internet y las llamadas telefónicas, que ha alarmado a los defensores de los derechos civiles al considerarla una amenaza a la privacidad.

El primer ministro británico, David Cameron, dijo que este proyecto de ley será presentado esta semana en el Parlamento para que sea aprobado por la vía rápida y justificó su aplicación en la necesidad de combatir el terrorismo y el delito organizado.

Con esta decisión, dada a conocer por Cameron y el viceprimer ministro, Nick Clegg, el Gobierno quiere que los servicios de seguridad sigan accediendo a los datos electrónicos y las comunicaciones y que las empresas de telecomunicaciones conserven la información de sus usuarios.

El Gobierno responde de esta manera a un dictamen del pasado abril del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) que consideró ilegal una directriz comunitaria que obligaba a almacenar la información durante un período de 12 meses.

En la Cámara de los Comunes, la ministra de Interior, Theresa May, recalcó que se trata de mantener el statu quo y evitar perder información vital para luchar contra el terrorismo.

Sin embargo, las organizaciones defensoras de los derechos civiles levantaron la voz de alarma, sobre todo tras la polémica generada el año pasado cuando el exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EE.UU. Edward Snowden reveló el alcance del espionaje masivo de EE.UU. y el Reino Unido.

También el Open Rights Group criticó al Gobierno al acusarle de utilizar la amenaza terrorista para sacar adelante una ‘ley de emergencia’ que ‘infringe nuestro derecho a la privacidad’.

El Gobierno dejó claro que el acceso a la información estará restringido a las fuerzas de seguridad y que la ley solo será efectiva hasta 2016, un año después de los comicios generales.

La ley, conocida como Poderes de Investigación y Retención de Datos, no tendrá potestad para acceder al contenido de los correos o las llamadas, sino los detalles de las personas que han estado en contacto, la fecha y la hora en que se comunicaron.

El Gobierno ha justificado la aplicación de esta legislación para ‘combatir la amenaza terrorista’.