Desde que fueron revelados los resultados de la valoración que realizó el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces),  entre finales de 2012 e inicios de este año, a las 86 extensiones de las  universidades -ubicadas en diferentes puntos del país-, la incertidumbre y la preocupación de no saber qué pasará con las carreras invaden a miles de estudiantes.      

Cristóbal Álvarez es uno de ellos. Él cursa el segundo año de . Por Cristóbal Alvárez, estudiante de la carrera tecnológica de Cultivos tropicales de la Universidad Agraria, extensión Palenque (Los Ríos), que fue catalogada entre las “no aprobadas”.

“La preocupación es muy grande porque a pesar de ser un pueblo pequeño en Palenque tenemos todas las intenciones de tener un título”, dice el joven. Aunque asegura que está satisfecho con la enseñanza,  admite que  falta acondicionamiento en las aulas, equipos de computación, proyectores y que estos últimos están desactualizados.

Precisamente, la infraestructura  -uno de los tres indicadores con los que se evaluaron las extensiones- llevó al Ceaaces a reprobar también las extensiones de Balzar, Valle de la Virgen, Ventanas y Palestina. En este  último cantón, las aulas estaban en mal estado, con los pisos sucios, sillas rotas, entre cartones y colchas.

Esta apariencia  dista mucho de la aseveración que dio el ingeniero Javier Del  Cioppo, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Agraria de Ecuador (UAE), quien aseguró que la infraestructura dentro de los siete cantones en donde se encuentran las extensiones “ha sido mentalizada y proyectada para  beneficio del sector. Cuenta con mucha inversión por parte del Estado, con edificios en buen estado, para que  a esa población desfavorecida  les llegue la educación superior. No son garajes, ni galpones para pollos, ni animales”, sostuvo la autoridad.

Del Cioppo destacó  que la entidad cuenta con laboratorios sofisticados y  600 hectáreas donde se desarrolla la investigación de campo. Al igual que los centros paralelos de la  Universidad Agraria, las 23 extensiones de la Universidad de Guayaquil (UG) son parte de la lista de las “no aprobadas”.    

El vicerrector académico de la institución, José Apolo, dijo que la resolución del Ceaaces no les tomó por sorpresa, porque, según aseveró, la Universidad ya había decidido cerrar estos establecimientos. “Habíamos notificado la decisión de no recibir más alumnos. La prueba son los paralelos de la carrera de Agronomía en El Triunfo y Daule. Ya estaba establecido desde hace bastante tiempo”, pero  no la ejecutaban “porque existen fuerzas sociales que reclaman y presionan”.  

Por esa razón dice que tomó como una  “bienvenida la decisión del Ceaaces”, porque reforzó la determinación académica que ya estaba trazada.

No obstante, para Jacobo Bucaram Ortiz, rector vitalicio de la Universidad Agraria, quien ofreció una conferencia a los estudiantes que se sentían afectados por la medida, “el problema de la Universidad de Guayaquil es diferente al de la Agraria. Ellos quieren deshacerse de las extensiones porque no tienen plata. 

Aquí no tenemos ese problema económico, los recursos del Estado nos alcanzan. El problema de la universidad ecuatoriana no es la falta de plata sino el exceso de pipones, pero nadie lo quiere decir, aunque  yo siempre lo he dicho”, dijo.

Extensiones vs. paralelos

Uno de los consejeros del Ceaaces, Hólger Capa Santos, explicó que crear una extensión siempre ha sido un proceso complicado. Sin embargo, lo que realizaron algunas universidades es “idearse” otros elementos, otras unidades académicas.      

“Por ejemplo, los programas, los paralelos, son cosas que ni siquiera están en la normativa, pero alguien hacía un convenio con alguna institución que podría ser un colegio profesional, colegios de bachillerato, una escuela y montaban su programa, paralelo o curso. Eso estaba prohibido porque las únicas unidades académicas que  permitían dar clases son las extensiones, ninguna de las otras. Sin embargo ahora hemos cerrado y las universidades dicen que solo eran paralelos, pero no podían estar dictando clases en paralelos”, cuestionó.

Apolo asegura que en el caso de la UG “nunca se trató de extensiones, sino de paralelos que en vez de funcionar en la sede, lo hacían en un cantón establecido, como en el caso de la Amazonía”.  

La autoridad académica señaló que la razón de haberlos abiertos se dio en respuesta a las necesidades de grupos sociales que planteaban a la universidad la posibilidad de que se abran paralelos de carreras. “En el momento en que estos se crearon no habían universidades en esas zonas; la situación actual ha cambiado y hay otras universidades que pueden asumir esos retos  y ofertar una educación superior”, afirma.

Algo similar ocurrió con la apertura  de la extensión de la Universidad Agraria en El Triunfo. La coordinadora del Programa Regional de Enseñanza de ese cantón, Mariela Carrera, explicó que en el 2006 se creó la extensión por un pedido de los gremios de la zona y las necesidades que presentaron los sectores de producción.

Contó que la extensión -que obtuvo en la  evaluación un  63.8% en infraestructura; 42% en gestión política, y 14.9% en academia (el indicador más bajo calificado en el grupo de las fuertemente condicionadas)- se someterá a un plan de mejoramiento.

En ese mismo parámetro (la academia), la extensión de la Universidad del Pacífico en Quito presentó inconvenientes. “Tuvimos un problema conceptual  en lo que se refiere a la medición de un profesor de tiempo completo de una extensión o un funcionario de tiempo completo de la universidad”, señaló la fundadora y rectora nacional de la Universidad Pacífico, Sonia Roca.

Ella aclara “que no se ha abierto ninguna extensión en Quito, sino que, amparada en la ley 43, la Universidad del Pacífico creó el campo matriz de Guayaquil y el campo sede en Quito. Cuando abrimos en Cuenca se pidió la autorización del ex Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), porque creíamos que era importante trabajar triangulando las tres ciudades más importantes del país, lo que permitiría generar una vía de integración y la posibilidad de que los jóvenes amplíen sus fronteras”.

Roca calificó la evaluación de la Ceaaces como “un modelo sin talla porque aplican los pesos a los indicadores, y las universidades no nos enteramos  de los pesos que van a ponerles, y por el hecho de que la universidad -bajo  la autonomía administrativa que le da la ley- establece un modelo de gestión que no tiene ninguna validez o referencia para el Ceaaces. Es un modelo sin talla  que a algunos les quedará muy chico y a otros muy grande”.

Del Cioppo  tampoco estuvo de  acuerdo con la forma en que fueron valorados “porque no están evaluando carreras tecnológicas sino de tercer nivel con la matriz que aplicó el Ceaaces”, dijo.

Bajo este modelo -dijo- no cuentan con los recursos “porque sería un gasto innecesario y muy elevado mantener profesores a tiempo completo en programas regionales que han sido diseñados para aportar al sector productivo y que tienen determinada vida útil”. Algo que, agregó, dependerá del convenio con el gremio que establece la duración y la conectividad, es decir con los Municipios y Prefecturas.

Por lo pronto, según el consejero del Ceaaces, los institutos que han sido considerados como fuertemente condicionados tendrán que someterse al mejoramiento de los indicadores donde están bajos, fundamentalmente en academia, política y gestión institucional.

También se les prohíbe que dicten cursos en temas de todas las áreas de la salud y la seguridad, en derecho y en educación.

Capa Santos, quien asegura que casi el 50% de la oferta académica en el Ecuador es de administración y marketing, adelantó que el Ceaaces continuará con la evaluación de todo el sistema en lo que concierne a instituciones, todas las universidades y escuelas politécnicas, incluidas aquellas de la categoría E.

Agregó que espera que para octubre de este año esté listo un informe de la nueva categorización de las instituciones de educación superior en el país.