Licencias por lactancia, trabajo de cuidado, salud sexual y reproductiva, aborto, femicidio, violencia de género y otros son asuntos que se han decidido en espacios masculinizados, con  baja presencia de mujeres, dando lugar a leyes incapaces de responder a nuestra realidad. Por esto urge repensar la democracia e implementar sistemas electorales que incluyan por igual a hombres y mujeres.

Aunque hemos evidenciado un aumento de la participación política de mujeres, observamos también que esta participación se ubica en lugares secundarios: ocupando suplencias, sin presencia en la dirección de las organizaciones políticas, ausencia en las cabezas de lista pluripersonales y en las unipersonales menos del 10%.

El panorama es más desolador en autoridades electas a nivel cantonal. En 2019 las alcaldías tienen solo el 8% de mujeres (19 de 221). En las tres últimas elecciones seccionales el incremento de alcaldesas ronda el 1%. En las concejalías, cerca del 30% es ocupado por mujeres, y su crecimiento es de aproximadamente 1%. De ahí que los GAD cantonales sean dominados por hombres.

Lo preocupante de lo anterior no es solo el reducido porcentaje de mujeres en cargos de elección popular, sino las proyecciones que a futuro pudiéramos hacer de ellas. Si las elecciones se repitieran de la misma manera que en los últimos tres procesos electorales, deberíamos esperar 182 años para llegar al 50% de alcaldesas en el país, casi dos siglos; y 91 años para que el porcentaje de concejalas y concejales sea equitativo. Insisto, esta es una proyección lineal, es decir, como si nada cambiara en el tiempo y dejáramos a la “evolución natural” de los hechos.

El punto que quiero aquí resaltar no es cuándo la distribución de los espacios políticos va a cambiar, más que nada me interesa evidenciar que ese lento crecimiento que observamos en la última década merece acciones de parte del Estado, si queremos alcanzar una democracia paritaria; claro, a menos que creamos que las cosas están bien tal cual están ahora, y que nada debe cambiar.

Quienes defendemos una democracia paritaria que asegure la participación política de hombres y mujeres por igual, no solo para elegir, sino para ser elegidas, sabemos el valor que tiene el reconocimiento y respeto de las leyes de cuotas y de las acciones afirmativas, porque comprendemos que, si dejamos al “flujo natural” de las tendencias electorales, los cambios  vendrán en unos 100 años.

Todo este preludio es necesario para poner en contexto los hechos dados en Cuenca, tras la elección del Vicealcalde, y el efecto dominó en el resto del país. Dado que los cuerpos legislativos cantonales son predominantemente masculinos, el Cootad estableció que los GAD deben elegir “de acuerdo con el principio de paridad”,  a quien ocupare la Vicealcaldía, es decir, si la Alcaldía la ocupa un hombre, la Vicealcaldía le corresponde a una mujer.

Una lectura de estos hechos no debe hacerse al margen de los datos a los que me referí anteriormente, debiendo agregar los que son propios de espacios masculinizados, la violencia política.

Pese a que Cuenca, como otros 213 cantones, tiene un alcalde, el Concejo Cantonal decidió elegir un vicealcalde, desconociendo el mandato de paridad establecido en el Cootad; por lo que el Cabildo de mujeres de Azuay presentó, junto a la Defensoría del Pueblo, una acción de protección en contra del Concejo Cantonal por vulneración del principio de paridad, cuando existían dos mujeres concejalas entre las cuales debía elegirse.

El argumento del Concejo Cantonal era que la paridad no configuraba una obligación de elegir Vicealcaldesa, porque a su entender cuando el Cootad dice “en donde fuere posible” y la Constitución usa el verbo “promoverá”, las normas lo ponen como opción. Un argumento peligroso, si consideramos que la Constitución utiliza esta palabra 63 veces.

En primera instancia se ordenó que se realice una nueva elección, y así fue como la concejala rural Marisol Peñalosa fue electa vicealcaldesa de Cuenca. Sin embargo, tras la apelación de algunos concejales, la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial resolvió dejar sin efecto la sentencia de primera instancia. Hay que decirlo, una sala conformada por dos hombres y una mujer resolvió -con la mayoría masculina- que no existió vulneración del principio de paridad.

Quisiera sistematizar el razonamiento de los jueces Larriva y Pacheco, pero en las 16 páginas no es posible identificar un hilo argumental sólido. Párrafos copiados dos veces, razonamientos incompletos, largas citas de normas fuera de contexto, mostraron que los dos jueces tienen confusiones teóricas sobre control constitucional y garantías jurisdiccionales, pero más aún, que no tomaron con seriedad el asunto. Larriva y Pacheco no se dieron tiempo para leer su propia sentencia de principio a fin y notar no solo los errores formales, sino que estaban presentando a la ciudadanía una sentencia incomprensible.

Yo no voy a apelar a la carga procesal para entender este hecho. Este caso, como muchos otros en los cuales las organizaciones de mujeres hemos estado presentes, es de aquellos que ponen en peligro los privilegios con los cuales los hombres han dominado la política.

No podemos esperar otra reacción de quienes sienten que sus espacios están siendo cuestionados. El discurso jurídico, una vez más, se muestra como un dispositivo que oculta las tensiones y disputas de poder. (O)