Durante este periodo de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y estado de excepción decretado por el Presidente de la República, que se ha extendido ya por más de noventa días, mujeres y organizaciones de la sociedad civil siguen articuladas, denunciando, atendiendo y poniendo en la mesa pública del debate las afectaciones directas que está produciendo la crisis para las mujeres, y en especial en las que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad tales como adolescentes, indígenas, afrodescendientes, con discapacidades y mujeres embarazadas.

En el contexto de esta emergencia, el Gobierno Nacional solicitó al sistema de las Naciones Unidas activar el equipo humanitario para apoyar los esfuerzos nacionales en la respuesta a la crisis, con lo cual Naciones Unidas emitió el pasado mes de abril el Plan de Respuesta Humanitaria. Son varios los pronunciamientos y elementos decidores en el contenido de dicho plan que analiza la situación del Ecuador, en el que se reconoce a las mujeres como uno de los principales grupos poblacionales afectados por la pandemia y sus consecuencias, por diversos factores.

Se identifica en este instrumento que a nivel mundial las mujeres representan el 70% de los trabajadores del sector social, y que cuando los sistemas de salud están sobrecargados, se pone una mayor carga en la atención en el hogar y esa carga recae principalmente en las mujeres, quienes realizan tres veces más trabajo no remunerado que los hombres y por lo tanto, son las más afectadas por la sobrecarga de trabajo de cuidados derivada de la saturación de los sistemas sanitarios y el cierre de las escuelas, pues son quienes por lo general tienen la responsabilidad de atender a familiares enfermos, adultos mayores, niñas y niños.

Violencia intrafamiliar

Otro de los factores que pone a las mujeres en situación de vulnerabilidad, según Naciones Unidas, está relacionado a la violencia intrafamiliar. De acuerdo a la segunda encuesta nacional de violencia basada en género de 2019, 6,5 de cada 10 mujeres han sufrido este tipo de violencia, demostrando un empeoramiento de la situación en comparación a la encuesta realizada en 2011. Problemática que se agrava en las circunstancias actuales. Los datos reflejan que la presencia de parejas que trabajan en casa o desempleadas aumenta la probabilidad de violencia en un 28%.

Finalmente, otro factor de riesgo para las mujeres, según el análisis de Naciones Unidas, es que, de la evidencia en epidemias anteriores, los esfuerzos para contener brotes generalmente desvían recursos de servicios de salud rutinarios incluyendo cuidados pre y post natales, anticonceptivos y agudizan el acceso de por sí limitado, a servicios de salud sexual y reproductiva.

Surgen necesidades críticas que incluyen acceso a un parto limpio y seguro, y en particular, tratamiento en complicaciones en el embarazo, tratamiento de infecciones de transmisión sexual, disponibilidad de anticonceptivos y suministros para el manejo clínico de violación.

De tal forma que es indispensable que se ejecute, como uno de los objetivos de todo plan de respuesta humanitaria, el fortalecimiento de las capacidades de prevención y respuesta en salud sexual y reproductiva, sensibilizar y capacitar al personal de salud para que en el marco de los derechos de las mujeres y adolescentes se garantice la atención en salud materna y complicaciones materno neonatales, acceso a anticoncepción, incluida anticoncepción de emergencia, aborto seguro legal (teniendo en cuenta al efecto que Ecuador contempla actualmente dos causales de aborto no punible: cuando está en riesgo la salud o la vida de la gestante y cuando el embarazo es producto de violación a una mujer que sufra discapacidad mental) y la atención posterior al aborto, prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH y manejo clínico de la violencia sexual.

Atención a la mujer

Es preciso mencionar que en materia de salud sexual y reproductiva, el Estado ecuatoriano mantiene una deuda histórica que le significa además incumplimientos a tratados y estándares internaciones de derechos humanos, de tal forma que esta crisis no puede ser una excusa para ahondar las dificultades y barreras de acceso a las mujeres a los servicios de salud, por el contrario requiere que exijamos con mayor firmeza desplegar las políticas públicas necesarias para la garantía de esos derechos relegados.

No vamos a dejar de recordarle al Estado que así como la Constitución garantiza la protección de la vida desde la concepción, y la forma de asegurar el cumplimiento de dicha garantía es brindar eficaz atención médica prenatal y postparto, la Constitución a su vez establece en favor de las niñas, adolescentes y mujeres una muy amplia gama de derechos que deben ser protegidos, como el derecho a la salud, a la integridad física y psicológica, el derecho a tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva, siendo de especial consideración que la norma expresamente confiere el derecho de protección de característica prioritaria a la gestante.

No es momento de permitir arremetidas reaccionarias que buscan invisibilizar las problemáticas que afectan a las mujeres. Conocidas son ya aquellas estrategias que incluyen importar influencers pagados para dar charlas, conferencias y cubrir agenda de medios, aunque sean estos reconocidos neofascistas, como la denominada activista Sara Winter, apresada por atentados antidemocráticos y la presunta constitución de grupos armados en Brasil, según han reportado medios internacionales. Ecuador no puede ceder a las campañas desplegadas por tales grupos, pues el Estado está obligado a garantizar los derechos de niñas, adolescentes y mujeres en situaciones de vulnerabilidad y que constituyen una población afectada por la pandemia y para ello es indispensable, entre otras cosas, la implementación del Plan Humanitario propuesto por Naciones Unidas. (O)