La nueva Ley de Extensión de Universidades y  Mecanismos para Asegurar la Eficiencia en la Distribución y Uso de Recursos Públicos en el Sistema de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial, entró en vigencia.

La norma contempla cambios en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). En el país funcionan ocho instituciones cofinanciadas. Los centros que funcionan bajo acuerdos y convenios internacionales y que reciben recursos estatales (Universidad Andina Simón Bolívar  - UASB y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Flacso) continuarán haciéndolo si cumplen con 11 requisitos.

Estas entidades deben permanecer en el sistema de educación superior del país con el estatus de acreditadas. También, reza el texto, se someterán al control administrativo de la Contraloría General del Estado, en relación a la utilización de los recursos públicos.

Enrique Santos, presidente del Consejo de Educación Superior (CES), explicó que es vital que los centros rindan cuentas sobre los recursos públicos que manejan.

Las sedes en Ecuador -agregó- no podrán mantener activos en el exterior, de manera directa o indirecta, a través de subsidiarias, afiliadas o entidades relacionadas, ni participar en la constitución de negocios fiduciarios.

Las instituciones, además, ejercerán los privilegios e inmunidades concedidos a su favor únicamente para la movilidad académica e investigativa y de exoneraciones establecidas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria y la LOES.

Los establecimientos destinarán los recursos públicos al otorgamiento de becas totales o parciales. En este contexto, los estudiantes matriculados con una asignación no pagarán aranceles.

Los matriculados con ayuda parcial cancelarán, como máximo, la diferencia entre el valor de la subvención total y la parcial, establecida por el organismo rector de la política de becas del Gobierno.

El CES apoyó la investigación

Jaime Breilh, rector de la UASB, rechazó la norma días antes de que sea publicada en el Registro Oficial.  

Según él, las reformas pretenden politizar el sistema y van a tener consecuencias negativas. “Afectan el derecho al ingreso de los estudiantes de los estratos desfavorecidos a una universidad de posgrado y de calidad como la UASB”.

Por su parte, Juan Ponce, director  de la Flacso, consideró que la ley omite la asignación de fondos para investigación. “Solo menciona que las universidades destinen estos recursos a becas”.

El directivo de Flacso precisó que de los $ 15,5 millones que reciben anualmente destinan la mitad a investigación. “El 94% de los docentes tiene un título doctoral”.

Al respecto, Santos aclaró que el CES apoyó la propuesta de que se destinen recursos para la investigación y que concretan acuerdos que no pasan por la ley aprobada, para que la Flacso mantenga su presupuesto en esa área.   

La normativa también exige que las instituciones que forman parte del Sistema de Educación Superior, en el ejercicio de su autonomía responsable, tienen la obligación anual de rendir cuentas a la sociedad sobre el cumplimiento de su misión, sus fines y objetivos.

A esto se suma la aplicación de la escala remunerativa del personal académico y de autoridades.

Además, las universidades deberán utilizar el Sistema de Administración Financiera del Sector Público. Esta última obligación pretende que se cumpla el ordenamiento jurídico ecuatoriano. (I)