Desde muy pequeña Norma (nombre protegido) quedó a cargo del cuidado de su padre, Raúl, pues su mamá huyó de la casa por el constante maltrato al que era sometida por parte de él.

A los seis años Norma fue separada de Raúl, quien fue acusado de violar a la prima de su hija, María, de 12 años. Así empezó el peregrinar de Norma de casa en casa, primero estuvo al cuidado de una prima, luego de una amiga de la familia y finalmente fue a vivir con su madre y su nuevo marido.

Allí ella pensó que por fin estaba en un lugar seguro, pero no fue así. El padrastro con quien fue a vivir ya había violado y embarazado impunemente a su hermana mayor, y luego hizo lo mismo con su hermanita más pequeña.

De este nuevo escenario de violencia la rescató su hermano Diego. Él la llevo a vivir con sus abuelos paternos, pero su seguridad no duró mucho tiempo. Luego de que su abuela falleció, las autoridades enviaron a Norma a vivir nuevamente con Raúl, su padre, el agresor de su madre y el violador de su prima.

Desde entonces, Norma empezó a ser violada por su padre. Él la mantuvo encerrada en su casa y no le permitió asistir al colegio.

De esas constantes agresiones sexuales, y con tan solo 12 años, luego de su primera menstruación, Norma quedó embarazada producto del incesto.

La menor de edad pidió interrumpir su embarazo, pero, pese a que la gestación ponía en riesgo su salud y ella tenía derecho a un aborto legal, aquello le fue negado.

Cuando fue atendida en su parto, Norma no quería que ningún médico la tocara, la ginecóloga que la atendió en la Maternidad Isidro Ayora, en el centro norte de Quito, le espetó: “¿Pero para abrir las piernas ahí sí querías?”.

Raúl, el agresor, huyó y este nuevo crimen también quedó en la impunidad. 

Historias de vida como la de Norma se repiten constantemente en Ecuador y en la región. Las víctimas, todas niñas, se enfrentan a la falta de acceso a los servicios integrales de salud y con ello a un embarazo y a una maternidad forzada que pone en riesgo su salud y sus vidas.

Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) indican que  más de un millón de niñas adolescentes en la región han sufrido agresiones sexuales, producto de estas agresiones, miles de ellas son obligadas a ser madres.

En Latinoamérica, estas menores salen de los hospitales con recién nacidos en sus brazos y se las cataloga como señoras. Es alarmante ver cómo -en la región- la maternidad en niñas violadas en vez de disminuir aumenta.

La indiferencia ciudadana, la falta de cumplimiento del sistema de salud ante norma expresa, la falta de políticas públicas que aborden integralmente esta realidad hacen que sus derechos sean vulnerados.

Hoy Norma tiene 18 años y es parte de un litigio único en el que participan otras niñas que también fueron violadas y forzadas a ser madres por sus Estados.

Abogadas de organizaciones feministas de Ecuador, Nicaragua y Guatemala se unen en un golpe regional para denunciar, ante el Comité Internacional de los Derechos Humanos en Ginebra, esta amenaza sistemática que se cierne contra otras niñas, como ellas.

Acudir a una instancia internacional para contar sus historias parece ser el único camino que deben seguir estas víctimas para que los Estados cumplan con sus obligaciones, para que tragedias como las de ellas no se repitan nunca más.

Las cifras hablan por sí solas

El estudio multipaís sobre los efectos en la salud de las maternidades forzadas, titulado “Vidas robadas”, señala que en América Latina el embarazo en menores de 15 años es un grave problema de salud pública.

En Ecuador, en la última década, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el embarazo en menores de 15 años se incrementó en 74%. Es decir que, a escala nacional, aproximadamente, 20.052 menores de 14 años parieron desde 2008 hasta 2018.

En Centroamérica, en Nicaragua, el número de embarazadas entre 10 y 14 años aumentó 47%. Nicaragua es el segundo país con la tasa más alta de embarazos en adolescentes. En Guatemala, durante 2018, se reportaron 51.110 partos de adolescentes entre los 10 y los 19 años. De estos, 1.475 corresponden a jóvenes de entre 10 y 14 años.

Además, el riesgo de muerte materna en madres menores de 15 años, en países de ingresos bajos y medios, es dos veces mayor al de las mujeres mayores.

En los casos de embarazos forzados en niñas, por el riesgo a su salud que entraña todo el proceso de gestación, el aborto es legal en Ecuador.

Sin embargo, el Estado inobserva e incumple la ley, en tal razón, los países que son parte del golpe regional plantean esta demanda internacional.

¿Qué se espera con esto? Se espera que las causales legales para la aplicación de un aborto en Ecuador se implementen en el sistema de salud, especialmente la causal salud, incluyendo en este derecho a las niñas que de ninguna manera podrían ser madres, debido a su edad.

En Ecuador y en los países mencionados las niñas son forzadas a asumir obligaciones que no pueden cumplir, son tratadas como mujeres adultas, adquieren responsabilidades reproductivas y domésticas.

 Se les niega el derecho a la salud, a la educación y a vivir libres de violencia. Recordemos que son niñas, no madres. (O)