Uno de los desafíos que las mujeres tienen para 2020, en su búsqueda de equidad de género, es el fortalecimiento de la educación de las futuras generaciones para que tomen conciencia, conozcan y defiendan sus derechos en todo ámbito de la vida.

Ana Vera, directora ejecutiva de la organización feminista Surkuna, recuerda que todas las conquistas que han conseguido las mujeres -a lo largo de la historia- han sido gracias a sus pares.

“Ningún derecho se ha logrado por cuenta de alguien distinto al género femenino”, dice Vera.
Ella respalda los principios que ONU Mujeres desea aplicar para este año, como la necesidad de apoyarse entre mujeres y compartir la carga laboral.

Para Vera, el movimiento feminista en el país y el mundo es potente, dinámico, y apuesta por la transformación de las personas, desde el cambio social y también de la vida cotidiana.

Por ello dice que más jóvenes y adultas se suman a un espacio que no funciona de forma jerarquizada.

Aquello le permite insistir en que la unión de las mujeres es vital para enfrentar al agresor, que no es un actor individual, sino todo el sistema.

Precisa que el anhelo del movimiento feminista es la igualdad entre hombres y mujeres, a través de un mundo más digno.
Para la activista, uno de los temas pendientes en el país es la aplicación adecuada de la normativa legal para frenar la violencia de género.

Desde 2018 existe una ley orgánica al respecto y el año anterior se redactó el reglamento de la normativa.

Sin embargo, Vera cree que esto no es suficiente porque Ecuador se caracteriza por tener una norma progresista, “pero deficitaria al momento de aplicarla”.

Respalda su idea en los datos de la Encuesta nacional sobre relaciones familiares y de violencia de género contra las mujeres, presentada en noviembre de 2019, que evidenciaron que no hubo avances favorables para la mujer.

En ese estudio se reveló que la violencia predominante en el país es la psicológica, con el 19,2% en el ámbito educativo y 17,2% en el campo laboral.

Otro dato que menciona la encuesta es que 24 de cada 100 mujeres han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida; y nueve de cada 100 lo han hecho en los últimos 12 meses en su contexto social.

Además, se evidenció que una de cada cuatro mujeres experimentó violencia física en el ámbito de pareja.

Por ello, Vera afirma que las políticas implementadas desde el poder Ejecutivo han sido ineficientes para frenar la violencia, “que permanece inalterable”.

Bibiana Aído, representante de ONU Mujeres en Ecuador, considera que uno de los retos pendientes para 2020 es la deconstrucción de estereotipos de género.

Espera que para septiembre de este año, cuando se cumplirá el aniversario 25 de la Declaración de Beijing, mejoren temas relegados en todo el planeta, como la incorporación de más niñas y mujeres en el mundo de las ciencias, las matemáticas, las ingenierías y las tecnologías.

Para la representante internacional, el principal avance de Ecuador, tras implementar la Ley de Erradicación de la Violencia de Género, es la movilización social.

Cree que en la actualidad hay una enorme preocupación social porque las personas están cada vez menos dispuestas a guardar silencio; y en mayor cantidad se muestran intolerantes a la violencia contra niñas y mujeres.

Además, destaca la implementación de un protocolo de actuación en el sistema de educación superior para frenar los casos de violencia de género reportados dentro de los espacios universitarios.

Aído cree necesario que todas las personas conozcan la ley y sepan cómo actuar. Y enfatiza en la necesidad de contar con un presupuesto adecuado que garantice la operatividad de la ley. “De lo contrario se obstaculiza cualquier avance efectivo”.

La directora de Surkuna concuerda con Aído sobre la necesidad de un presupuesto adecuado para el tema. Recuerda que se pidió un monto superior a los $ 5 millones dentro del presupuesto nacional, pero lo aprobado bordea solo $ 1,5 millones.

Para ella, esta disminución presupuestaria demuestra que la salud de las mujeres es un tema que, en la actualidad, no interesa a las autoridades.

Afirma que solo la voluntad política de los gobernantes permitirá cristalizar lo que está en el papel para que las mujeres puedan acceder realmente a los mecanismos de la justicia, sin que se les exija tanto trámite, como la presentación del examen psicológico, físico, o la tardanza para receptar oportunamente su declaración.

“Llegas y ni siquiera te dejan hablar. Esas son barreras reales que frenan tu intención de denunciar”.
Para Miriam Ermes, jurista y vocera de la Coalición Nacional de Mujeres, uno de los retos del país es frenar los hechos de violencia registrados en 2019, en el que -según dice- hubo 101 femicidios.

Por ello insiste en la urgencia de trabajar con más énfasis en prevención y en la existencia de sistemas de protección dentro de los gobiernos seccionales.

En Quito se conformará este año la primera Junta especializada de Violencia contra la Mujer, única en el país, pese a que la ley ordenó -en febrero de 2018- que haya una en cada ciudad.

Embarazo adolescente y el aborto por violación

Las activistas afirman que un desafío latente este año es la prevención y disminución del embarazo adolescente.

Según el Informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), de octubre de 2018, Ecuador es el país de América Latina y el Caribe con el índice más alto de embarazos adolescentes.

Aquí, 111 de cada 1.000 jóvenes de entre 15 y 19 años han estado embarazadas. El segundo lugar es para Honduras, con 103; seguido de Venezuela, con 95. Luego están Nicaragua y Guatemala, países que comparten una tasa de 92 gestaciones adolescentes por cada 1.000 mujeres.

Ermes sostiene que la gran mayoría de esos embarazos son producto de la violación de una persona cercana al núcleo familiar. “A la que la víctima no la puede denunciar porque el sistema judicial le exige acudir con una persona mayor”.
Otro tema pendiente es la despenalización del aborto por violación. Para ello esperan que la Corte Constitucional (CC) se pronuncie favorablemente sobre los amicus curiae (opinión de terceros frente a un punto de derecho) interpuestos en 2019.

Otra alternativa que Ana Vera ve viable, para despenalizar el aborto, es la posibilidad de que el Estado aplique las recomendaciones internacionales realizadas al respecto por organismos de derechos humanos.

Las activistas creen que Ecuador necesita avanzar hacia la sensibilización de la población sobre violencia de género y, sobre todo, a la educación para la igualdad desde edades más tempranas. (I)