“Vamos a discutir el tema del aborto en el contexto de la violencia sexual, algunas personas no conocen del tema y lo reducen a prejuicios”. Así empezó su intervención Sonia Rodríguez, psicóloga del Centro ecuatorino para la promoción y acción de la mujer, institución que abrió, la noche del miércoles, un espacio de debate, desde la medicina, las leyes y la psicología, para hablar sobre la despenalización del aborto como una posibilidad para las mujeres víctimas de   violación.

Los reclamos legales, receptados por la Policía Nacional en 2010, detallan que 3.466 niños, niñas y adolescentes  denunciaron algún tipo de violencia sexual. La encuesta Violencia de género del Instituto de Estadísticas y Censos  establece que una de cada 4 ecuatorianas asegura que sufrido violencia sexual.

Otras cifras, como las proporcionadas por la Casa de Acogida Hogar de Nazaret, muestran que el 22% de las mujeres que busca allí un refugio ante la violencia huyó de los abusos sexuales que su pareja cometía contra sus hijos.

La reforma al Código Penal vigente plantea que no se considere ilegal que una mujer violada pueda abortar. Esta reforma ha sido defendida por un grupo de asambleístas, entre ellos Gina Godoy, quien aseguró que en la Asamblea Nacional “tenemos una lucha interna y una lucha externa”. Godoy agregó que en la bancada de Alianza PAIS hay voces diciendo: “Discutamos, compartamos información y resolvamos”.

La abogada Silvia Buendía señaló que la penalización vigente del aborto “no desincentiva su práctica”. Cifras de la Organización Mundial de la Salud revelan que en el país se practican 95.000 interrupciones de embarazo al año.

Recordó aquel episodio, cuando el asambleísta Rolando Panchana arguyó que si se despenaliza el aborto en los casos de violación, las mujeres podrían mentir para interrumpir el proceso.

Irónicamente dijo que opiniones como estas podrían sugerir que “las mujeres somos malas, unas perras, unas mentirosas y unas putas, entonces si nos dejan abierta la cancha hacemos lo que nos da la gana”.

Acto seguido, la abogada explicó que una sentencia ejecutoriada no es la única vía para saber que una mujer fue violada, otra idea planteada por Panchana: “En mis clases de Procedimiento Penal sabíamos bien que hay etapas, entonces si yo entro a una casa de un hombre maniatado que tiene tres tiros en la cabeza, sé que lo han asesinado, no necesito una sentencia que me diga que lo han matado con violencia”.

Para determinar una violación, explicó Buendía, “se inicia una instrucción, se hace un reconocimiento médico y se puede tener la certeza”.

Virginia Gómez, doctora y representante del Frente de Derechos sexuales y reproductivos, habló sobre la legalización del aborto en otros países de América Latina, como Argentina, Colombia y Brasil. “Argentina despenalizó el aborto en casos de violación este año y con una declaración juramentada  las mujeres pueden hacerlo”, señaló.

En el foro se plantearon otros temas, como la violación sistemática que sufren ciertas niñas  o mujeres adultas por parte de sus progenitores, convivientes o familiares.

“El problema central es la violencia sexual. Lo que está detrás del aborto en este caso, es la negación del derecho a la sexualidad placentera de las mujeres, al derecho de decidir sobre el proyecto de vida que se ve afectado en estas víctimas”, señaló Rodríguez.

También se proyectó el video titulado “La historia de una, la historia de todas”, en el que un sacerdote, un hombre y un grupo de mujeres, hablan sobre el aborto como una práctica que aún se condena y se juzga.

El aborto ilegal afecta a un 3,5% de las mujeres que tiene entre 10 y 24 años, siendo la primera causa de morbilidad en este grupo.

Según egresos hospitalarios de 2010, murieron 10.614 niñas y mujeres jóvenes al practicarse este procedimiento desde la inseguridad.