La Ley contra la violencia política es una propuesta de la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, institución que apoyó una investigación que penetra en los escenarios de la función pública, planteando un análisis de género. Cecilia Mena, funcionaria de ONU Mujeres, realizó ese estudio y lo llamó “La Violencia Política contra las Mujeres en el Ecuador”.

La violencia política ha sido un tema que no se ha abordado antes. ¿Por qué ahora sí?

Las alcaldesas están trabajando en la Ley contra la Violencia Política. Muchas son lideresas locales, sindicales, autoridades provinciales y necesitan elementos teóricos, históricos y testimoniales.

¿En qué se basó su investigación?

Primero fundamentamos la violencia política con perspectiva de género y desde una mirada étnico-cultural. Hablar de violencia política significa todo acto de segregación, de exclusión, agresión hacia una persona con fines políticos.

Y eso se debe a diferencias étnicas, culturales, ideológicas, de género, que finalmente generan una exclusión económica, política, social y cultural, por ende un atentado a los derechos humanos.

Dentro de los antecedentes históricos, ¿qué encontraron?

Cuando empezamos a hablar sobre la violencia política con perspectiva de género, miramos que desde 1800  ya había violencia política.

La autora Martha Lamas, una famosa feminista, reflexiona en que dentro del ejercicio del poder en la cultura patriarcal es difícil pensar en la mujer como sujeto de derechos. El problema se complica si le agregamos la exclusión a la mujer afrodescendiente o indígena.

¿Dónde quedaron entonces los derechos de ciudadanía?

Las mujeres hemos sido rezagadas, si bien la ley del derecho al voto surgió en 1929. En 1945, en nuestro país, se hacía efectivo si se sabía leer y luego en 1979, recién, para las mujeres indígenas y afrodescendientes.

Entonces las mujeres de otras etnias viven más discriminación...

Exacto. Las mujeres hemos sido rezagadas en el ejercicio de ciudadanía; peor es para las mujeres afro e indígenas. Se estima que entre 2004 y 2008 solo el 33,8% de las mujeres ejerció cargos políticos, pero si lo vemos con perspectiva étnico racial solo el 2% de  mujeres afro o indígenas ha ejercido un cargo político.

¿Qué se ha hecho en este proceso de lucha?

Se ha puesto en evidencia que la discriminación contra la mujer existe incluso desde épocas preincaicas, luego en la época de la colonia... Ya en el siglo XX, las mujeres han entrado en las luchas sociales y económicas que iniciaron las indígenas y afrodescendientes, a buscar la reivindicación de su identidad, de sus tradiciones. Ya en el ejercicio del poder vemos que hay configuraciones en la violencia política. Y ha habido manifestaciones terribles.

¿Quiénes contaron su historia relacionada con la violencia?

Hablamos con ocho alcaldesas en diferentes partes del país. Afrodescendientes, indígenas (amazónicas, quechuas), mestizas del Tena, Esmeraldas, Imbabura... Todas ellas en sus relatos han tenido que pagar factura. Han sido víctimas de violencia social.

¿Qué obstáculos han enfrentado estas mujeres?

Se han topado con fuertes cuestionamientos. Les han dicho “usted no puede hacer nada, porque es mujer”. En otros casos, sus esposos las han golpeado, porque creen que ellas pueden traicionarlos. Incluso, algunas de ellas dicen que las han calificado como prostitutas.

Claro, al final ellas reconocen que ahora sus parejas las apoyan, pero han tenido que pararse y ejercer el cargo, luego de un proceso. Incluso, sus hijos les dicen: “no mamá no salgas a hacer campaña” o “si te vas le vas a dejar a mi papá”.

¿La mujer sigue siendo vista como ama de casa?

Han soportado una violencia cultural. La comunidad les dice: “no  puedes porque eres mujer”. Pero han demostrado lo contrario. En Guamote (Chimborazo), una mujer que ejerció el cargo en la Comisión de Finanzas fue reelecta por su buen desempeño.

Con eso, lo que quieren demostrar ellas es que han asumido el reto de seguir capacitándose en el rol político y a través de ese ejercicio poner un sello de igualdad de género.