Las fronteras volvieron a dibujarse ayer al interior de la Unión Europea en momentos en que el Viejo Continente vive la peor crisis de migrantes desde la Segunda Guerra Mundial.

Alemania decidió el domingo restablecer de forma temporal los controles en la frontera sur del país, y Austria envió el ejército a su frontera ante las oleadas de personas que llegan cada día. La policía húngara, por su parte, comenzó ayer a impedir la entrada de refugiados a través de su frontera sur con Serbia, donde acaba de cerrar el último paso que quedaba en la valla alambrada que separa ambos países.

Eslovaquia también retomó los controles fronterizos. De esta forma los 4 países han puesto en tela de duda la continuidad del principio de libre movimiento que rige en la Unión Europea.

El espacio Schengen, una de las muestras de la construcción europea más concretas, es una zona de libre circulación en donde los controles fronterizos fueron eliminados, salvo en circunstancias excepcionales.

Está compuesto por 26 países, de los cuales 22 son miembros de la Unión Europea y 4 no pertenecen al  bloque (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). Bulgaria, Rumania, Chipre, Croacia, Irlanda y Gran Bretaña integran la UE, pero no forman parte de esta zona.

Este vasto espacio se forjó progresivamente desde 1985, cuando concluyó un acuerdo entre algunos países europeos en la localidad luxemburguesa de Schengen. La primera supresión efectiva de los controles en las fronteras se realizó en 1995 entre Bélgica, Alemania, España, Francia, Luxemburgo, Holanda y Portugal.

Concretamente en el interior de esta zona, los ciudadanos de la Unión Europea, así como los nacionales de terceros países, pueden viajar libremente sin tener que someterse a controles en las fronteras. En cambio, los pasajeros de un vuelo dentro de la UE entre un país que forma parte de Schengen y otro que no es parte del espacio común, tendrán que someterse a un control fronterizo.

El cese de los controles de las fronteras interiores de Schengen se vio acompañado con un refuerzo de las fronteras exteriores: los Estados miembros que se encuentran en la primera línea tienen la responsabilidad de realizar rigurosos controles en sus fronteras y entregar, llegado el caso, visas de corta estadía.

La pertenencia a Schengen implica asimismo una cooperación policial reforzada entre todos sus miembros para luchar contra el crimen organizado o el terrorismo, con, entre otras herramientas, el acceso a bases de datos como el sistema de información conjunto. A la cooperación policial se suma la judicial.

Estas herramientas permiten a un país de un Estado Schengen continuar con la instrucción de una causa y la imputación de las personas en otro país miembro en caso de delito grave.

Los miembros de Schengen pueden sin embargo restablecer los controles de manera excepcional y limitada en el tiempo. Estos deben ser justificados “por una amenaza grave a la seguridad” o por “fallas graves en las fronteras exteriores, que pueden poner en peligro el funcionamiento global del espacio”, según un documento de la Comisión Europea.

Desde 1995 hubo una veintena de situaciones en las que se reintrodujo el control de las fronteras. Seis veces en 2013. Pero la decisión de Alemania de reintroducir estos controles en su frontera con Austria “es la primera vez que se hace por la presión migratoria”, precisó ayer una fuente de la Comisión Europea.

Reparto de pedidos de asilo

Alemania y Francia anunciaron ayer que los ministros europeos de Interior sentaron las bases de un acuerdo político para repartir en la Unión Europea (UE) a 160.000 refugiados en 2 años. El texto incluye las dos medidas propuestas por Bruselas desde mayo para distribuir a 40.000 y a 120.000 personas.

“Hay un acuerdo general para la reubicación de 160.000 en los Estados europeos”, ha adelantado el titular alemán de Interior, Thomas de Maizière, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo francés, Bernard Cazeneuve.

De Maizière precisó que el reparto por países del total de 120.000 se concretará en el Consejo del próximo 8 de octubre, después de que los Veintiocho aprobaron ayer formalmente la primera medida para el reparto de 40.000 refugiados.

Esta aprobación “es un importante mensaje político”, aseguró al respecto el ministro de Inmigración de Luxemburgo, Jean Asselborn, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria de la UE este semestre, y añadió que “las primeras reubicaciones de personas que necesitan protección internacional pueden comenzar rápidamente”.

Al mismo tiempo, los centros de registro y toma de huellas en Italia y Grecia tienen ahora la “necesaria base legal para comenzar a trabajar”, señaló Asselborn. “Ahora que el Consejo está debatiendo una propuesta de reubicación adicional, es importante ver que ese primer mecanismo esté establecido”, recalcó el ministro luxemburgués.

El Ejecutivo comunitario había pedido a España que aceptase a 4.288 personas de los 40.000, pero Madrid solo aceptó a 1.300, un tercio por debajo de las expectativas. Sin embargo, esto fue antes de que el gobierno expresara su compromiso de respetar las cifras marcadas por Bruselas por lo que habrá que ver si se mantiene o no esta postura.

De la decisión de este lunes se beneficiarán las personas con clara necesidad de protección internacional que hayan llegado o lleguen a Grecia e Italia entre el 15 de agosto de 2015 y el 16 de septiembre de 2017.

Los 28 Estados comunitarios ya llegaron a un consenso para reubicar a 40.000 refugiados llegados a Grecia e Italia, en el mes de julio, pero solo garantizaron en términos prácticos 32.256 personas. Los países que participen en el mecanismo recibirán alrededor de 6.000 euros por cada persona reubicada.

El reparto de las cuotas para la reubicación de 120.000 refugiados (llegados no solo Italia y Grecia sino también a Hungría), propuesto la pasada semana por la Comisión Europea  no se concretará hasta el 8 de octubre. Además varios países del Este de Europa, como Hungría o Eslovaquia son reticentes a asumir las cuotas.

Bruselas, por su parte, insiste en que los esquemas de reparto deben tener un carácter obligatorio, algo a lo que los países se han opuesto frontalmente hasta ahora. Y, de hecho, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, amenazó el viernes pasado con convocar una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno sobre la crisis de refugiados si los ministros no envían una “señal concreta de solidaridad y unidad”.

Desde las principales organizaciones sociales que trabajan con migrantes han exigido a los gobiernos de la UE que “cumplan” con sus compromisos internacionales y ofrezcan una respuesta “rápida” a los refugiados. (I)

Acnur alerta de un vacío jurídico sobre refugiados

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) advirtió de la existencia de un “vacío jurídico” al que se enfrentan los refugiados en Europa con la multiplicación de medidas tomadas por los Estados de forma aislada.

“Acnur está preocupado porque la combinación de diferentes medidas individuales pueda crear una situación en la que un gran número de refugiados, que buscan en Europa una protección a la que tienen acceso según el derecho internacional, acaben sin saber qué hacer por culpa de un vacío jurídico”, afirmó la organización en un comunicado.

Acnur considera que “los recientes anuncios sucesivos de medidas de control fronterizo por un cierto número de países europeos tiene un impacto en la crisis de refugiados y migrantes. Subrayan la urgencia de poner en marcha una respuesta global europea”.

Acnur afirma que esta respuesta debe fundarse en la apertura de centros de acogimiento con el apoyo de todas las partes implicadas, incluida esta misma entidad, para ayudar a registrar a las personas que llegan a Grecia, Italia y Hungría.

Debe activarse un programa de distribución de los migrantes, como ya propuso la Comisión Europea, insistió.
Según datos de la Organización Internacional de Migraciones más de 430.000 personas cruzaron este año el Mediterráneo para intentar llegar a Europa y 2.748 de ellas murieron en el intento. (I)