En Ecuador, 1,5 millones de personas de clase media tienen planes y programas de medicina prepagada.

El mercado de seguros para cubrir servicios de salud es amplio. Hay planes para adultos, jóvenes, estudiantes, adultos mayores,  personales, corporativos o para grupos familiares.

En algunos casos, los solicitantes buscan contratar este servicio; y en otros -la mayoría- las empresas aseguradoras captan clientes a través de llamadas telefónicas o visitas a sus domicilios y trabajos. 

Hay planes de salud para tres personas (dos adultos y un menor) que van desde $ 110 hasta $ 440. El valor depende del monto de  cobertura que escoja el cliente.

 El problema surge cuando el consumidor tiene una emergencia y desconoce sus derechos y lo que contempla el servicio que contrató.

Paulina Andrade, directora general de Consumidores de la Defensoría del Pueblo, informó que es importante que el consumidor, antes de contratar cualquier servicio, realice un análisis exhaustivo del tipo de necesidades que busca cubrir. Después debe cerciorarse de que la información proporcionada por la empresa aseguradora sea clara, veraz y oportuna.

La funcionaria agrega que los usuarios tienen derecho a despejar todas sus dudas. “Ahí deben preguntar qué situaciones les cubre, qué tipo de emergencias, por qué el valor, qué parientes tienen cobertura y bajo qué circunstancias”.

Leonardo Quinteros, gerente administrativo de la firma de seguros médicos Maldonado y Asociados, explica que todos los requerimientos (derechos y obligaciones) constan en el contrato que firma el cliente. “Proporcionamos una identificación y una lista de los centros médicos con los que tenemos convenio para atender en casos de consultas o emergencia”.

En 2016, la Defensoría del Pueblo registró 30 casos de quejas contra los seguros de medicina prepagada. El 85% logró solucionarse a través de una mediación entre los usuarios y las empresas proveedoras.

La principal razón por la cual la gente opta por denunciar un mal servicio son las preexistencias médicas: cuando los usuarios tienen una enfermedad permanente (diabetes, cáncer o VIH-sida) y los seguros los excluyen por esas razones.   

Justamente, el próximo 17 abril entrará en vigencia la Ley de Salud Integral Prepagada, la cual regula a las compañías que brindan asistencia médica a los ciudadanos.  

La nueva norma plantea que las empresas prestadoras de servicios médicos no deben excluir a los consumidores por preexistencias. 

“No se admitirán como criterios de rechazo de cobertura o renovación de estos servicios los casos de enfermedades preexistentes, género del usuario, edad (adultos mayores) o la existencia de algún tipo de discapacidad”, precisa Andrade.

Los seguros médicos estudiantiles o empresariales son opcionales

Andrés Pillajo, estudiante universitario, cuenta con un seguro médico privado, el cual consta en su matrícula estudiantil. El alumno de 24 años comenta que en su centro nunca le preguntaron si lo requería. Lo mismo sucedió en la escuela privada de su hermano menor.

La directora general de Consumidores de la Defensoría del Pueblo indicó que uno de los derechos constitucionales de los usuarios es la libertad de elección.

En estos casos se debe conversar con las autoridades de las instituciones y verificar qué tipo de servicios cubre el seguro.

En el caso de que la familia ya cuente con un servicio médico puede optar por no ser parte del seguro que brinda el establecimiento.

También hay que tener en cuenta las políticas que maneja cada centro de estudios o empresa. 

Los derechos del consumidor se aplican en todos los seguros

Otros de los seguros que contratan los usuarios son los que protegen su auto, casa o bienes.

Paulo Salazar, director de Marketing de Oriente Seguros, comenta  que existen claves para que los usuarios exijan de forma efectiva. Una de ellas es ver la Guía de Reclamación que consta en las pólizas (documento en el que se establecen  las condiciones del contrato).

Es vital -agrega- que el usuario recopile toda la información posible para sustentar su reclamo (facturas, recibos, registros de llamadas, visitas realizadas a la aseguradora, fotografías, entre otras).

También es necesario revisar los tiempos y plazos del contrato.

Si el contrato finaliza -expresa Salazar- y un día después el bien asegurado fue robado o se dañó en un evento (incendio, inundación, deslave o terremoto), la aseguradora no podrá cubrir los gastos, pues no existen renovaciones automáticas.

Tanto Andrade como Salazar coinciden en que en el país no hay  cultura de reclamo. Muchas veces los consumidores desconocen sus derechos. (I)