La legalización del cannabis en Canadá, en poco más de seis meses, provoca tensiones entre el gobierno federal y las instituciones locales sobre los costos inducidos, que no necesariamente serán cubiertos con impuestos.

Los primeros ministros de 10 provincias y de tres territorios llamaron la atención sobre los "importantes gastos que provoca la decisión del gobierno federal" de legalizar el uso recreativo del cannabis, tanto para las redes de distribución como para los controles.

Según las colectividades territoriales, el presupuesto federal debe destinar "los recursos necesarios para apoyar la legalización del cannabis", tanto para respetar el calendario del 1 de julio próximo como para que los gastos no afecten las finanzas locales.

Los ministros también criticaron la decisión federal de dividir por partes iguales los ingresos fiscales de la venta de cannabis.

Esa distribución debe ser "más realista" para que no solamente "alcance los objetivos buscados", sino que también cubra "los costos sustanciales asumidos por las provincias y territorios". (I)