Marina (nombre protegido) acudió a una instancia de justicia para denunciar que fue  víctima de violación. Al momento de ser atendida, uno de los operadores judiciales le dijo que antes de registrar el hecho debía efectuarse el examen médico legal.  

En otro caso, Camila denunció, hace cuatro meses, que en una fiesta abusaron sexualmente de ella.

Funcionarios de la institución tomaron su declaración, pero el médico legal no recetó a la joven profilácticos ni el anticonceptivo oral de emergencia (AOE) con el fin de evitar un embarazo no deseado o enfermedades de transmisión sexual. 

Mientras que Alicia, otra víctima de abuso, acudió a la Defensoría del Pueblo, para denunciar que  al momento de entregar su denuncia por violación, los funcionarios de justicia le pidieron que consiguiera los números celulares y la dirección de las personas que estaban involucradas.

Estos tres sucesos, donde existe revictimización a víctimas de violencia sexual, fueron recogidos por la abogada Pilar Rassa, miembro del Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha.    

Rassa señaló que el año pasado tuvo 100 casos a su cargo por violación y abuso sexual. Aseguró que en la mayoría, las afectadas fueron revictimizadas. 

“La revictimización hace que la víctima, en el momento de recibir atención en las dependencias de justicia, sea tratada como culpable del delito que denuncia”.

Preguntas como: ¿Pero usted qué hizo?, ¿cómo estaba vestida? ¿por qué salió en la noche de su casa?, ¿qué hizo para que le pegaran?, o ¿pero estaba consumiendo alcohol? son revictimizantes, puesto que hace responsable del delito a la víctima.   

Otra manera de revictimizar sucede cuando los fiscales, peritos o policías utilizan diminutivos minimizantes hacia las denunciantes y las víctimas. 

La jurista explicó que la revictimización es constante en el sistema de justicia. ¿Por qué surge la revictimización?

Rassa señaló directamente  la falta de especialización del sistema de justicia desde una perspectiva de género.

“El sistema judicial tiene que hacer un  mea culpa, tiene que indicar qué está pasando. Claro, no son todos los funcionarios, hay varios que son sensibles, pero la mayoría no siguen los protocolos, aún cuando estos existen”.

El sistema de justicia
Actualmente funcionan 33 unidades judiciales de género, existen 94 jueces de los 142 que se requiere para gestionar agresiones contra la mujer. 

Los fiscales de género, a nivel nacional, tienen una sobrecarga de causas de entre 5.000 y 7.000 procesos.

Desde 2104 hasta la fecha, Fiscalía General del Estado (FGE) registró 5.873 denuncias por violación y 8.911 por abuso sexual.

Cristina Burneo, académica y feminista, señaló que la revictimización ocurre cuando se expone a la víctima en el momento de rendir su testimonio y se la culpabiliza de lo ocurrido.

Burneo ejemplificó este problema con el caso de Vanessa Landínez, joven ambateña que fue asesinada por Esteban G. en 2013. “El abogado defensor del femicida  preguntó a la madre de Vanessa cuánto licor había consumido su hija al momento de su muerte, insinuando  que esa sería una razón para ser asesinada”.

El procedimiento de este abogado lo podemos hacer también en lo cotidiano,  mencionó Burneo, cuando hacemos de un hecho fuente de duda que se orienta a responsabilizar a la víctima.

Para la académica existen  razones jurídicas para que la revictimización suceda. Indicó que algunas se derivan del derecho penal, que  históricamente ha colocado sobre las víctimas una corresponsabilidad.

“La revictimización ocurre porque pensamos que podemos ser corresponsables de lo que nos sucede: yo provoqué el acoso porque me vestí de cierta forma; yo desperté la ira de mi pareja que puede desembocar en violencia, por mi conducta”.

La revictimización, para  la docente, trae como consecuencia la inoperancia de los sistemas de justicia y la indolencia hacia las víctimas.

Espacios cotidianos
Para Bibiana Aído, representante de ONU Mujeres para Ecuador, la revictimización es un tema frecuente, que no solo ocurre en el país, sino en la mayoría de la región.

Para Aído, este problema surge de la mala o inadecuada atención que recibe la víctima cuando entra en contacto con el sistema de justicia. “Los casos en Latinoamérica tienen el 95% de impunidad. Muchas denuncias no prosiguen por la falta de confianza de las víctimas en la justicia”. 

La funcionaria explicó que existe la revictimización y la victimización secundaria que son los daños y perjuicios psicológicos sociales, económicos, judiciales que se producen  posteriormente al delito. “Se victimiza cuando la mujer agredida realiza una y otra vez las declaraciones, cuando se cuestiona su testimonio, cuando se le solicita que parte del proceso legal lo hagan las denunciantes”.

Estudios recientes de ONU Mujeres indican que hay tres categorías de revictimización: estereotipos de género, desconocimiento del sistema procesal y factor económico.

El  primero ocurre cuando las mujeres víctimas de violencia sexual desconocen los procedimientos legales y tienen inadecuado asesoramiento jurídico.

Otra causa está relacionada con los estereotipos de género, es decir, se cuestiona a la víctima, se la corresponsabiliza y minimiza los hechos. La tercera comprende la crisis económica, puesto que  la víctima no cuenta con servicios de acompañamiento, con un sistema de salud integral, asistencia psicológica, etc.

La experta indicó que otros entornos de revictimización ocurren en los medios de comunicación y en el entorno social.

Aclaró que en los medios se revictimiza cuando la noticia del suceso es transmitida en varias ocasiones, sin preservar los derechos de privacidad de la agredida.

Mientras que en la familia se cuestiona a la víctima e incluso el silencio al no denunciar los actos de violencia.

Las tres expertas indicaron que se requiere un cambio cultural de la población, así como especializar a los operadores de justicia con una perspectiva de género.

Además, los medios de comunicación deben preservar a la víctima, no culpabilizar o poner en duda la denuncia de las mujeres, y brindar espacios seguros y reparación integral para las víctimas. (I)