“La Universidad de Guayaquil, por Guayaquil y por la patria”, fue la frase con la que Roberto Passailaigue, presidente de la Comisión Interventora de la alma mater, culminó su discurso durante la posesión del cargo.

Su primera disposición fue que las clases se iniciaran sin interrupciones a partir del lunes 22 de octubre, aunque esto signifique trabajar sábados y domingos para completar la matriculación.

El grupo está en funciones desde el jueves 18 de octubre a través de una resolución del Consejo de Educación Superior (CES) que señala que esta se hará cargo por 90 días, aunque no se descarta la prorrogación, que está contemplada en el documento.

Passailaigue detalló que puede que les tome más tiempo hacer los cambios necesarios en la universidad. Aseguró que será menos que la intervención anterior, que duró un poco más de tres años.

Una de las primeras acciones de Passailaigue será revisar los contratos de los funcionarios y docentes del centro de estudios superior. Al respecto garantizó la estabilidad de quienes estén contratados legalmente.

Un grupo que lo esperaba en los bajos del edificio principal fue el de jubilados. Ellos serán atendidos la próxima semana para darles solución a sus casos: esperan la liquidación patronal.

Catalina Vélez, titular del CES, explicó que la intervención se da para evitar la violencia en el recinto estudiantil, en donde semanas atrás hubo enfrentamientos entre los funcionarios, docentes y estudiantes por alcanzar el rectorado.

Este jueves 18 de octubre el edificio principal de la U. Estatal estuvo más resguardado que en ocasiones anteriores y quienes ocuparon el lugar fueron los encargados de, con una lista en mano, permitir el ingreso al lugar. Solo la prensa entró sin un registro previo, aunque en medio de empujones entre trabajadores y policías.

Uno de los argumentos de quienes integran el Consejo Universitario era que la ley otorga independencia a los centros de estudios superiores.

En respuesta Adrián Bonilla, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), recalcó que todas las entidades responden a alguien y que en este caso las universidades lo hacen al CES. Con ese argumento enfatizó la legalidad de la intervención.

Passailaigue agradeció al Presidente de la República por aceptar la devolución del Hospital Universitario al centro de estudios. (I)