La fiesta brava entra de nuevo a debate en Quito
A caballo y con pancartas, los integrantes de las 120 organizaciones sociales de la Unión Nacional de Espectáculos Tradicionales del Ecuador (Únete) se movilizaron, este lunes 3 de diciembre, hacia la Plaza Grande (Quito), donde fueron recibidos por Lenín Moreno, presidente de la República.
Jorge Murillo, representante de Únete, indicó que una comisión dialogó con el Primer Mandatario y le expuso su situación económica y laboral.
Únete representa a los sectores taurinos, galleros, chagras, casino, hoteleros y otros que, según su posición, fueron afectados por la consulta popular de 2011.
En esta el 45% de electores dijo sí a eliminar los juegos de azar y el 54,43% reafirmó la prohibición de espectáculos que produzcan la muerte del animal.
Murillo manifestó que la consulta popular de 2011 fue ilegal, puesto que “la Corte Constitucional, de ese entonces, no era libre y se violaron derechos”.
Pablo Santamaría, de la Asociación de Toreros Profesionales, participó en la marcha llamada “Por el trabajo y la libertad”. Él comentó que desde la restricción de las corridas de toros, 1.000 personas se quedaron sin trabajo. “Vivimos en un país en crisis, necesitamos laborar y retomar las tradiciones”.
Según datos de la organización, 210.000 microempresarios se encuentran afectados y sus ventas han decrecido del 20% al 30%.
Diego Vivero, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha (Captur), indicó que los festejos taurinos en la capital reflejaban ganancias de $ 60 millones.
Vivero mencionó que las corridas “colocaban a Quito en el mundo”, lo que implicaba que un mayor número de turistas visitaran la ciudad en sus fiestas y que hubiera más consumo en restaurantes, hoteles y más.
El titular de Captur aclaró que la capital requiere un evento que se convierta en ícono en sus fiestas, que represente un ingreso económico, como pueden ser las corridas de toros u otras actividades.
Una visión desde la historia
La fiesta brava tiene una historia de 450 años, de acuerdo con el excronista de la ciudad Alfonso Ortiz Crespo. “Las corridas venían de la cultura española”. Al inicio fue un espectáculo para los peninsulares y luego, con el transcurso del tiempo y con el desarrollo del mestizaje, se adaptó a la sociedad quiteña.
“Es innegable que hay una tradición, especialmente en la Sierra. Las fiestas de toros antes no solo se celebraban en la fundación, sino también en los encuentros religiosos”, indicó.
Para Ortiz, la identidad de estos festejos de la capital no están solo en las corridas de toros. Él indicó que es un elemento más que forma parte de toda la celebración, pero ve como un derecho que los amantes de la tauromaquia y antitaurinos se movilicen.
La voz a favor de los animales
El Movimiento Animalista Nacional (MAN) analizó a 139 familias que viven en el sector de la Jipijapa, en el norte de Quito, donde se desarrollaban las corridas de toros.
Según la encuesta, el 61% de las familias no quiere que la fiesta brava regrese. El 74% manifestó que tuvo experiencias negativas con las mismas. El 76,3% señaló que esta actividad generaba un impacto negativo en el barrio.
“Es un error decir que el tercer tercio de las corridas de toros se prohibió por culpa del gobierno anterior, se lo hizo a través de una consulta popular”, explicó Cristina Alarcón, vocera de MAN.
Ella manifestó que la única forma legal para cambiar la decisión de la consulta popular es con otra consulta.
Juan José Ponce, militante del colectivo Activista por la Defensa Animal, comentó que existen tres ejes discursivos en los representantes de la marcha de este lunes 3 de diciembre: el económico, el tradicional y legal.
Ponce señaló que en el primer eje se habla de libertad de culto, cuando no es ético que en el espectáculo se asesine a un ser vivo.
El activista mencionó que en la consulta, seis de cada 10 ecuatorianos se manifestaron en contra de las corridas taurinas. “Lo ilegítimo es que desde la consulta se hayan realizado corridas en la Plaza Belmonte”.
No descartó que organizaciones realicen movilizaciones con la finalidad de defender la voluntad popular. (I)