Diputados de diferentes bloques argentinos y organizaciones feministas participaron este miércoles 10 de octubre en Buenos Aires en una audiencia pública sobre la producción del Misoprostol y Mifepristona a nivel nacional, medicamentos utilizados popularmente para interrumpir el embarazo sin intervención quirúrgica.

La reunión, organizada por la diputada nacional por el bloque Peronismo para la Victoria Lucila De Ponti y por el diputado Daniel Filmus de Frente para la Victoria-Partido Justicialista (FpV-PJ), contó con la presencia de diversas organizaciones que realizaron una exposición de la situación actual y compartieron sus experiencias.

"Hay un conjunto de proyectos de Ley presentados en este sentido que se están discutiendo en la Comisión de Salud. Queremos escuchar las voces de las personas que desde la organización popular han acompañado las prácticas de Interrupción Legal del Embarazo a través del uso del Misoprostol y creemos que su experiencia y su voz es fundamental en esta discusión", dijo a Efe la diputada.

Un proyecto "muy necesario", agregó, ya que el Misopostol es actualmente un medicamento que solo un laboratorio -de la provincia de Santa Fe (centro este)- produce en Argentina.

"Su posición monopolista le permite fijar el precio y tiene un costo muy elevado", aseveró.

La intervención estatal se presenta entonces para De Ponti como la solución a esta problemática.

Según la diputada "casi la totalidad de abortos" se realiza con este producto, a pesar de que no se tiene una cifra concreta al tratarse de una práctica clandestina.

"Si se utiliza de manera segura, con toda la información correcta y con un acompañamiento adecuado hay más de un 90 % de efectividad y de seguridad. Hay algunas incompatibilidades que pueden tener que ver con algunos organismos pero esto se puede detectar", completó.

A partir de su propuesta, será la Comisión de Salud y la de Familia las que deberán proceder a dar un dictamen para que posteriormente se pueda discutir en presupuesto y llegue a las Cámaras.

Ante lo que ya el Código argentino permite en una serie de casos, lo que se propone es que el Estado se encargue de su producción y distribución nacional, así como su cobertura en las obras sociales, explicó Filmus.

"Hay protocolos concretos que instruyen a las provincias y a los servicios de salud para que lo puedan poner en práctica. Acá no estamos discutiendo sobre si es legal o no, sino que es un derecho, insisto, refrendado por la Corte Suprema", dijo.

Entre las diferentes intervenciones de organizaciones dedicadas a garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), Marina Mariasch, de 'Ni una menos', aseguró que el debate por el aborto ya está saldado, ya que las mujeres y cuerpos gestantes ya abortan.

El uso de este medicamento es "reconocido y recomendado" en la guía establecida por la Organización Mundial de la Salud para la interrupción segura de los embarazos, recordó.

"Es ahora compromiso del Estado ampliar a nivel nacional la capacidad de fabricarlo y garantizar su uso gratuito", afirmó. (I)