Un tatuaje hecho contra su voluntad, un estigma de por vida para que se sepa de quién era ella, a quien pertenecía. Cuando Maribel Abad, de 39 años, se dio cuenta de lo que había ocurrido solo pudo llorar.  

“Ese fin de semana mi ex marido  llevó cosas para comer, luego me dormí. Al despertar me di cuenta de que me había drogado para marcarme  su nombre en un seno, en un glúteo y en la espalda”. Esta es una parte del testimonio del maltrato físico que por 12 años soportó esta mujer de mirada firme y gesto severo.   

Maribel, moradora del suroeste de Guayaquil, perdió la custodia de su único hijo, quien ahora vive con su ex pareja. Un niño al que puede ver únicamente dos fines de semana al mes, en feriados y en el Día de la Madre.

Ella, junto a un grupo de mujeres que también han sufrido diferentes tipos de violencia doméstica,  se presentó como potencial víctima de feminicidio en una actividad realizada el pasado jueves por el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam).

Casos como el de  Karina del Pozo, joven quiteña de 20 años asesinada presuntamente por un grupo de amigos, e incluso otros a nivel internacional, como la violación grupal y golpiza que terminó con la vida de una joven en la India,  han puesto el tema del asesinato por odio  contra las mujeres -conocido como femicidio o feminicidio- en el debate publico, alentando a grupos y organizaciones que buscan su reconocimiento ante  la ley, con penas específicas para este delito.   

La investigación del Cepam realizada por Patricia Reyes Peña, recoge un estudio que se llevó a cabo en el Guayas, que busca establecer la ruta -es decir, la respuesta que recibieron ante la violencia- de  mujeres asesinadas  en la provincia.
Este tipo de proyectos pretende que se establezca el feminicidio como delito tipificado en el Ecuador.  

Lita Martínez fue la encargada de reunir las propuestas de diversos sectores sociales que pretenden que esto se vuelva una realidad en las leyes ecuatorianas, y presentarlas ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Esta semana se presentaron las primeras conclusiones del borrador del Código Orgánico Integral Penal (COIP) donde se han incorporado tipificaciones “modernas” como -justamente- el feminicidio. 

Según Martínez, la lucha surgió en el 2011 a raíz de la necesidad de evidenciar   las muertes de mujeres con este matiz.

El detonante, explica,  fue la muerte a martillazos  de una joven  por parte de -supuestamente- su ex pareja, en un departamento del norte de Guayaquil.  
“El feminicidio  no es un hecho aislado, no es una muerte que no estaba prevista.

Se trata de una muerte que  tiene una fuerte carga de saña, de odio, de venganza, de premeditación, pero sobre todo de hechos maltratantes y violentadores mucho más antiguos, que tienen la intención de hacer daño y tomar el cuerpo de la mujer como el objeto de poder”, relata la activista.        

Según el informe de la investigación “Las rutas de la impunidad”, la tipificación es importante porque este delito se enmarca en las violaciones a los derechos humanos, donde se evidencia la afectación de diversos bienes jurídicos, no únicamente la protección del derecho a la vida.

Sin embargo, para el coordinador del Instituto Mises-Hispano de Ciencias Políticas, Fabrizio Terán, el separar la tipificación y la pertenencia del delito a algún grupo no es parte del principio general de lo que se entiende como derecho. 

“Es una discriminación que pondría a ciertas personas en categorías distintas de lo que se entiende como igualdad ante la ley, en la que todos los individuos en su condición de ciudadanos son igual de responsables, con excepción de los niños porque no se pueden cuidar ellos mismos”, indica el abogado.    

Al respecto, según dice, también existen casos de hombres que reciben maltrato físico de sus parejas.

“Si decimos que la protección a la mujer es superior, estamos enviando -al menos en el plano ideológico y cultural- un mensaje contradictorio, porque estamos diciendo que la mujer tiene más privilegios”, añade.

No obstante, según la investigación del Cepam, las causas y razones que resultan en muertes de mujeres no son las mismas que ocasionan la muerte violenta de hombres.        

“Es decir,  las mujeres no mueren mayoritariamente por la llamada violencia social, inseguridad o enfrentamiento entre grupos”, reza el documento.        

Priscila Cabrera, asesora en temas de género del Ministerio del Interior, considera que el crimen cometido contra la joven modelo Karina del Pozo no obedece a un tema de inseguridad ciudadana, según un informe de esta cartera de Estado.

 Por su parte, la psicóloga Angélica Palacios, profesional en protección de delitos sexuales, sostiene que se debe dejar de  hablar de inseguridad y de asuntos que no conducen al origen de estos actos.  

“Este es  un tema de relación de poder que está inmerso en el sistema familiar, laboral, fraternal y social. La responsabilidad de la sociedad, en este y otros casos, es haber generado una legitimidad de las acciones del hombre, quien se hace dueño de la sexualidad de la pareja, que se satisface a toda costa”. 

Pero la violencia física no es la única amenaza ante un eventual crimen de género. También existe la verbal o psicológica. “Mi esposo nunca me ha pegado, pero  siempre quería tenerme a la fuerza, con insultos hirientes que me han marcado. Lo peor es no tener un lugar a donde escapar de eso, a donde irme”, dice Margoth Vela (identidad protegida), de 44 años, moradora de la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil. 

El abogado Fabrizio Terán considera que al tipificarse este delito, deberían incluirse todos los crímenes contra las mujeres, no únicamente los de índole doméstico, íntimo o sexual.

“La definición de feminicidio se refiere a  cuando se da un crimen  por el hecho de ser mujer, de cualquier tipo. Uno de los lugares donde se popularizó el término fue en  Ciudad Juárez. No tenía nada que ver con violencia doméstica”.

Varios países de América  ya han tipificado al feminicidio como un delito. Algunos ejemplos de ello son Guatemala, Chile, Perú y Bolivia.