Más del 50% del presupuesto de la institución de posgrado sería financiado con dinero del Estado
Enrique Santos: "Los cambios a los estatutos de la Andina no tienen un valor jurídico"
El auditorio estaba lleno, y no solo de estudiantes, profesores o exalumnos. A la posesión simbólica de César Montaño como rector de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) también acudieron personajes políticos como León Roldós, Alberto Acosta, Lourdes Tibán, Martha Roldós, Marcelo Larrea, María Paula Romo, entre otros.
Montaño asumió el rectorado, por 5 años, en medio del desconocimiento de los máximos organismos educativos del país: la Senescyt y el Consejo de Educación Superior (CES). Ante ello, aseguró que no es necesario el reconocimiento del CES, puesto que la UASB cumple con la legislación nacional, pero tiene una naturaleza ‘especial’, porque también acata regulaciones internacionales.
Si bien la universidad, que forma parte del Sistema Andino de Integración, tiene autonomía en sus decisiones, toda reforma en los estatutos y acciones para designar a sus autoridades debe regirse bajo los lineamientos del Parlamento Andino, y este organismo ha instado a los miembros de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) a respetar las leyes vigentes de cada país.
En el caso de Montaño, tanto el Parlamento Andino, como el Consejo de Cancilleres de la CAN y el propio Consejo Superior de la universidad han desconocido su nombramiento porque transgrede la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior), que en su transitoria undécima establece que “el grado académico de doctorado, exigido como requisito para ser rector o vicerrector de una universidad, deberá ser expedido por una institución o escuela politécnica distinta en la cual ejercerá el cargo”. Esto no ocurre con Montaño, quien obtuvo su doctorado en la Andina.
Montaño dijo ayer en su posesión que el proceso para designarlo se realizó “bajo los parámetros y normativas que los rigen y frente a las acciones que buscan tergiversar el nombramiento, se puso 2 demandas ante el Tribunal Andino de Justicia”. Según él, el Parlamento Andino no tiene ningún tipo de competencia para emitir un pronunciamiento.
Tomando en cuenta las regulaciones del Sistema Andino de Integración, el Parlamento es el organismo que aprueba cualquier cambio o reforma en los estatutos de la Andina, y también se encarga de nombrar a los miembros del Consejo Superior de la universidad.
La Andina, previo al proceso para designar el rector, reformó sus estatutos y así habilitó la candidatura de Montaño, pese a tener un título expedido por la misma universidad a la que aspiraba dirigir.
Debido a esto Enrique Santos, miembro del CES (Consejo de Educación Superior), reiteró que la posesión fue un acto simbólico porque no está cumpliendo con la normativa nacional, es decir la LOES.
“En derecho no se puede hacer un reglamento que cambie la ley, en este caso que reforme un instrumento de orden superior como la LOES. Cualquier cambio a los estatutos de la universidad es un acto ilícito y cuando se lo hizo fue una reforma táctica; por lo tanto los cambios no tienen un valor jurídico porque debía haberlos hecho el Parlamento”, explica Santos.
René Ramírez, titular de Senescyt, dijo por su parte que se convocará a una reunión (aún sin fecha) para analizar la legalidad del nombramiento de Montaño. Esta semana el Consejo de la Andina anunció que se convocará a un nuevo proceso para designar al rector y que la próxima reunión ordinaria será el 26 de enero.
En la web no consta rendición
En una entrevista a diario El Norte, el exrector de la Andina, Enrique Ayala Mora, habría indicado que más del 50% del presupuesto de la Andina ($ 22 millones) vendrían del Estado. El otro 30% sería solventado con la colegiatura de los estudiantes y lo restante a través de organismos internacionales.
Como exige también la LOES, cuando una institución recibe fondos del Estado debe transparentar su información y gastos, lo que no ocurre en la Andina puesto que en el portal web no consta una rendición de cuentas. Santos indicó que “así sea en el marco de un convenio internacional, evidentemente el Estado ecuatoriano tiene toda la potestad de exigir control y transparencia”.
Anticipó que este organismo se pronunciará en los próximos días. “Hoy tenemos elementos que no habían antes (..). La mayoría de integrantes del CES hemos anticipado nuestra opinión de que en este caso en cuanto al principio rector se rige por la norma nacional (..) y aunque no somos el organismo de control, pero evidentemente podemos pedir a los organismos que hagan un examen de cuentas”.
Ayer, durante la posesión de Montaño, Ayala Mora dijo que la UASB es un organismo internacional, por lo tanto su archivo estaría protegido en convenio con la Cancillería por privilegios e inmunidades. “Los documentos de la Andina no son públicos, pueden serlo cuando se hace una solicitud y el Consejo Superior lo autoriza”.
El rector saliente agregó que se ha pedido una fiscalización de los últimos 3 años a cargo de un organismo internacional.
Además de la falta de una rendición de cuentas, según datos obtenidos por diario EL TELÉGRAFO, habrían inconsistencias entre los sueldos de varios docentes y el monto que se reportaría al Seguro Social.
En el documento se señala que el docente Ramiro Ávila Santamaría, director encargado de la cátedra de Derecho, reporta al Ceaaces un ingreso de $7.862, mientras en la planilla del IESS figuran $ 2.563.
En esa misma situación estaría César Montúfar, director de Estudios Sociales y Globales, cuyo salario declarado sería de $ 6.570; mientras que en el IESS consta $3.027. Al ser consultado sobre esa inconsistencia, Montúfar, presente en la posesión de Montaño, solo expresó que “en cuanto a los salarios la universidad lleva una gestión transparente”.
Otros docentes con diferencias entre los sueldos reportados al Ceaaces y el IESS son Pablo Ospina, coordinador del Área de Estudios Sociales y Globales; Fernando Balseca y Édgar Vega.
Ospina rechazó el pedido de entrevista que hizo este Diario a través de un correo electrónico, mientras que los otros maestros no contestaron sus teléfonos. Cuando fue cuestionado sobre los salarios, Ayala Mora dijo que “siempre existirá una diferencia entre el valor que se informa al Ceacces y el monto reportado al IESS. En los costos del docente se incluye aporte patronal, decimotercero y bonificaciones por investigación, que no son remuneraciones mensuales”. (I)
En la UTE tienen nuevo plazo para matricularse
Después de una jornada de diálogo entre los estudiantes y las autoridades de la Universidad Técnica Equinoccial (UTE) se estableció una nueva fecha para el inicio de la implementación de la nueva modalidad de matrícula. Se trata de un sistema previo que implica el pago de un valor equivalente a una cantidad mínima de 16 créditos. Una vez cancelada la suma, los estudiantes pasarán a un proceso de matrícula en el que se aplica un orden jerárquico de acuerdo a sus calificaciones para la asignación de cupos.
El pasado jueves, un grupo de estudiantes protestó porque la medida no fue socializada con anterioridad y porque el tiempo para cancelar el dinero era demasiado pronto (desde ayer, 15 de enero hasta el 5 de febrero). Frente a ello, Talhía Calle, presidenta de la Federación de Estudiantes de ese centro, indicó que en la reunión se resolvió que las fechas para las prematrículas cambien. Ahora empezarán el 25 de enero, y el plazo será hasta la última semana de febrero.
Además los estudiantes que deben costear su preparación académica con el Instituto de Fomento al Talento Humano tendrán plazo hasta marzo. En la Universidad se forman alrededor de 12 mil estudiantes, incluyendo los alumnos de las sedes de Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena, Riobamba y Guayas. En promedio, la matrícula semestral es de $ 245, sin contar los créditos. Cada crédito puede costar desde $ 75, y varía según la inflación. (I)