“Tenemos coraje, tenemos rabia. Y no entendemos por qué las autoridades no nos han dado ni un informe”. Habla José, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, una de las escuelas ubicadas en Guerrero (México). Así explica por qué en días recientes, junto a padres y maestros, tomaron radios y bancos e incendiaron la sede del gobierno de Guerrero y el ayuntamiento de la ciudad de Chilpancingo, capital de ese estado.

A su lado, se suma otro estudiante para maestro rural. “Sentimos muy feo, estamos desesperados. ¡Queremos ver a nuestros compañeros!”, dice oscilando entre la tristeza y el enojo.

Indignado, un adulto levanta la voz. “Lo único que pedimos es justicia. Muy bien sabe el gobierno que fue la policía municipal de Iguala (quien secuestró a los 43 jóvenes), y hasta ahorita no tenemos ningún informe. Entonces, ¿qué hace el gobierno?”, gesticula sin contener sus emociones.

Él es campesino en la región Costa Chica, pero abandonó la parcela para buscar a su sobrino, secuestrado la noche del 26 de septiembre. “¿Saben cómo estamos cada uno de nosotros, los padres, familiares, compañeros? ¡Estamos destrozados!”

Van a cumplirse tres semanas del secuestro masivo y la indignación se transforma en furia. El lunes, un grupo de jóvenes, maestros y parientes de los desaparecidos cercaron dos importantes edificios de gobierno durante varias horas.

Después rompieron vidrios y lanzaron cohetones al interior. Comenzó así un incendio que destruyó casi por completo varias oficinas, incluidas las del gobernador Ángel Aguirre.  

Exigieron su renuncia y también la captura del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien pidió licencia cuatro días más tarde del ataque a normalistas y se encuentra prófugo desde entonces mientras han quedado al descubierto sus vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos, una escisión del cártel Beltrán Leyva.

“¡Más claro no puede ser! –se indigna nuevamente el tío de un joven desaparecido-. Es un gobierno corrupto que está en medio del narcotráfico”.  

El miércoles las protestas siguieron radicalizándose, como habían prometido en caso de no obtener respuesta. Tomaron 4 sucursales bancarias, oficinas de la secretaría de Finanzas del gobierno y una tienda de la transnacional estadounidense McDonald’s mientras estudiantes ingresaron a tres radiodifusoras para controlar la transmisión por algunas horas.   

Familiares y normalistas están juntos dentro de la escuela Raúl Isidro Burgos, en la ciudad de Tixtla. Duermen en el piso de viejas aulas; se alimentan con las donaciones de algunos vecinos y pasan las horas juntos para conjurar de alguna manera al dolor.  

Van casi 3 semanas en total incertidumbre. Pasan horas eternas -dicen- sin saber ningún dato sobre el destino de sus seres queridos. La desesperanza aumentó tras conocer que los 28 cuerpos encontrados en las fosas clandestinas no son de los normalistas.

Denuncian que las autoridades no están buscando a los muchachos ni les han reportado avances en las investigaciones. Se sienten burlados y como ejemplo dicen que no les notificaron el hallazgo de fosas en los alrededores de Iguala. Conocieron la noticia por televisión.

Esa parece ser la lógica de acción del gobierno. También recurriendo a los medios de comunicación, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que de las primeras fosas “ya tenemos algunos resultados. Les puedo decir que no corresponden a los ADN que los familiares de estos jóvenes nos han dado”.  

Mientras tanto, la prensa local reporta la creciente desestabilización en Guerrero, y la mayor universidad del país, la Nacional Autónoma de México (UNAM), convocó a un paro de 48 horas en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa.