El Ministerio de Educación (MinEduc) detectó cobros excesivos de matrículas y pensiones en 22 instituciones educativas de varias ciudades de la Costa y Sierra ecuatoriana (ver infografía).

Desde el pasado 9 de septiembre hasta el 5 de febrero del presente año se han inspeccionado 256 colegios particulares y fiscomisionales para verificar que se cumpla la normativa que regula el funcionamiento de estos establecimientos.

Se comprobó el permiso de funcionamiento de los colegios, el número de becados, la cantidad de estudiantes matriculados, el listado de textos solicitados y los pagos hechos por los padres de familia.

Como resultado de las inspecciones se encontraron irregularidades con respecto a pagos y cobros que no estaban justificados.

Wilson Ortega, subsecretario de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, se refirió a algunos casos. Por ejemplo, al cobro de 47 dólares por bonos voluntarios, el pago de 60 dólares adicionales por matrícula y el incremento del 6% del valor de la pensión cuando cada año se debe incrementar solamente el 5%. Excepto en los colegios que incluyen, por primera vez, el bachillerato internacional. Estos podrían incrementar hasta un 10% más en la pensión.

“Nosotros tenemos que garantizar el derecho del niño a continuar con sus estudios... las instituciones educativas deben cumplir con lo que establece la ley”, aseguró Ortega.

El artículo 139 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) señala que las instituciones no pueden exigir a las familias o a los estudiantes contribuciones económicas, bonos o donaciones. Mientras que el artículo 140 prohíbe comercializar o permitir la comercialización de textos, útiles escolares, uniformes y otros bienes.

Según la ley, las sanciones por la no devolución de los valores cobrados en exceso podrían significar el pago de 50 remuneraciones unificadas. No obstante, Ortega aclaró que de las 22 instituciones donde se detectaron irregularidades ya 9 han devuelto el dinero a los padres de familia, mientras que el resto de establecimientos está en proceso de reposición.

Las inspecciones se realizarán durante el año. Actualmente, funcionan 4.800 instituciones educativas particulares y 539 fiscomisionales, que están distribuidas en el país.