Los grupos ProVida y los colectivos por los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres al parecer han encontrado un punto en que coinciden. A ninguna de las organizaciones les satisface lo estipulado en el artículo 150 del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ambas buscan el veto del Ejecutivo sobre este enunciado que aborda el tema del aborto. Si bien coinciden en la forma, en el fondo las motivaciones que los guían son distintas.

El mencionado artículo es considerado no punible al aborto cuando es realizado por un médico especialista y con el consentimiento de la mujer, cónyuge o representante, pero bajo dos causales: “cuando esté en riesgo la vida o la salud de la madre y este peligro no puede ser evitado por otros medios; y tras una violación a una mujer que tenga discapacidad mental.

Para los ProVida, la redacción ofrece “suficiente ambigüedad para convertirse en un ‘coladero’ del aborto”, según un comunicado del Observatorio Católico de Ecuador. “El tema de la vida no es negociable. No se trata de cambiar solo un artículo, sino que el presidente (Rafael Correa) tiene la oportunidad histórica de hacer una ley que garantice la vida”, dice Andrés Elías, presidente del observatorio, una organización creada hace siete meses en Guayaquil.

Mientras que para la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, con sede en Quito, el veto presidencial daría paso nuevamente al debate en la Asamblea. “Se discutiría la posibilidad de despenalizar el aborto por violación y así garantizar los derechos de las mujeres, en especial de las más pobres y jóvenes”, expresa Sarahí Maldonado, titular del colectivo.

De acuerdo con Maldonado, el actual artículo 150 del COIP no representa un avance con respecto a lo expresado en el anterior Código Penal, “el único cambio es la palabra demente o idiota por discapacidad mental. Era obvio que debían ponerlo así para estar de acuerdo con el contexto de derechos y lenguaje”.

En entrevista a un canal de televisión, la representante del grupo pro familia ‘14 millones’ expresó su descontento por la modificación del término. “Idiota o demente es el estado inconsciente permanente de la mujer, mientras que discapacitada mental es el cambio temporal de la mujer... cualquier excusa va a ser ahora y se va a ampliar el aborto a cualquier situación”, dice Cristina Franco, directora del movimiento.

Estrategia virtual
Con el afán de conseguir el veto presidencial, ambos grupos han implementado campañas virtuales en las que solicitan firmas para adjuntar a la petición ciudadana dirigida al presidente Correa. Utilizan los canales sociales de Twitter y Facebook para promocionar las iniciativas.

El lunes arrancó la campaña YoSoy65 tanto en la página web del grupo como en las redes sociales. El colectivo es integrado por 10 jóvenes, dos comunicadores, un antropólogo, un fotógrafo, un creativo publicitario, una psicóloga y cuatro estudiantes universitarios.

“Una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia sexual. Muchos de esos actos han sufrido violaciones”. Así comienza el video promocional de YoSoy65, en el que se muestran cifras que, según los colectivos, han obtenido del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Ministerio de Salud Pública.

La intención del grupo y de otros colectivos de género (Cepam, Aborto Seguro, etc.) sumados a la iniciativa es que al menos 1.000 personas firmen la petición para que el Ejecutivo vete el artículo y actualice la ley que penalice al aborto por violación. Hasta el cierre del artículo había más de 869 firmas virtuales. Cada persona coloca el nombre, apellido y ciudad de procedencia.

El nombre YoSoy65 se deriva de los resultados de la última encuesta del Frente Ecuatoriano por la defensa de los derechos sexuales reproductivos. Según el sondeo, el 65% de la población aprueba la despenalización del aborto por violación sin importar si es discapacitada o no.

Para los grupos ProVida, estas estadísticas son erróneas, al igual que las cifras de que una mujer aborta cada cuatro minutos en el país o que el aborto inseguro es la segunda causa de muerte materna. Los colectivos de católicos laicos aseguran que el 90% de la población profesa esta religión. Además, citan los datos del INEC (el último censo de 2010) que muestran las complicaciones de parto o embarazo como la última causa de muerte entre mujeres. Representan el 0,89% con una tasa del 3,13% por cada 100.000 habitantes.

“En Ecuador todas las organizaciones ProVida son unidas, quizá no tenemos una plataforma que nos conglomere, pero tenemos permanentemente contacto y reuniones con el fin de generar una voz para que se respete la vida”, agrega Elías.

‘Simepermitedudar’ y ‘Yodudodel150’ son las frases de la campaña del observatorio que fundó Elías con 10 amigos. La iniciativa empezó a la par que las actividades de YoSoy65 y cuenta también con su propia petición virtual y video en Youtube.

‘Yodudodel150’ busca recolectar 5.000 firmas para el documento que se enviará al Presidente. Según Elías, junto con la carta, se solicitará una reunión con el Mandatario para explicar las razones de la petición. Más de 2.050 personas habían firmado hasta el cierre de la edición. Ambas organizaciones tienen menos de 10 días para presionar la decisión del Ejecutivo. El 17 de enero está previsto que esta función revise el COIP.

Datos

En el artículo 447 del anterior Código Penal el aborto no era punible cuando se evitaba la muerte de una mujer o cuando el embarazo ocurría por violación a una mujer “idiota o demente”.

En América Latina el aborto es ilegal en todos los casos en Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam y República Dominicana.

En España, luego de las reformas, abortar es permitido solo hasta la semana 12 de gestación cuando la mujer es violada. Si dos médicos comprueban un daño físico o psíquico en la madre, la práctica puede realizarse hasta la semana 24 del embarazo.