A horas de saber en detalle cómo llegó el veto presidencial en relación a si se despenaliza el aborto por violación, la ansiedad está a tope. Para cuando lean este artículo, ya sabremos cómo se posicionó el presidente Lenín Moreno respecto de esta reforma al COIP.

Tenemos la certeza de que tuvo toda la información y todos los argumentos que también se entregaron a los asambleístas, que no supieron estar a la altura de las necesidades de las mujeres, adolescentes y niñas violadas y embarazadas.

Las mujeres somos más de la mitad del Ecuador. 4’491.122 mujeres en edad fértil son susceptibles de ser violadas y embarazadas de la manera más violenta y atroz. La esperanza sigue intacta, y la angustia también, en un país en el cual  se denuncian 11 violaciones a mujeres diariamente, y 2.700 niñas menores de 14 años violadas y embarazadas paren cada año.

¿Será que se pudo tomar la decisión? Aquella decisión que encara la realidad de dolor, frustración e impotencia de las niñas y adolescentes a quienes la pobreza y su condición de exclusión las expuso a la violencia, y a su corta edad no solo viven la violación sexual y un embarazo forzado que las convierte en adultas y señoras, sino que también están expuestas a embarazos de alto riesgo y a la muerte.

El 25% de mujeres entre los 15 y 49 años, que representan a las mujeres en edad fértil, han vivido violencia sexual, según la Encuesta de Relaciones de Género del INEC 2012. Bien podemos colegir que un gran porcentaje de los embarazos y partos que se producen en el Ecuador han sido generados en medio de violencia sexual y violación.

El escenario más idóneo para que el Ecuador pase a ser un país con un mínimo de avance respecto de las injusticias que viven las mujeres, adolescentes y niñas, violadas y embarazadas producto de un crimen como es la violación hubiera sido la Asamblea Nacional. No se logró la aprobación en este espacio y es a través del veto presidencial que se debería sellar de una vez por todas la humillación y dolor de miles de mujeres violentadas sexualmente.  

Sabemos que hay otros caminos. La Corte Constitucional es uno de ellos. Si la situación nos orilla a que sea esta institución quien zanje definitivamente esta reivindicación mínima, justa y largamente postergada, esperaríamos por lo menos que no se demore mucho tiempo.

Que su dictamen esté en consonancia con estándares internacionales de derechos humanos de obligatorio cumplimiento para el país y, sobre todo, con las recomendaciones de cinco comités de la ONU que le han dicho al país desde el 2012 de varias formas que se despenalice el aborto en caso de violación.

Despenalizar el aborto por violación e incesto es una prioridad nacional. Es mandatorio estar a favor de las niñas, adolescentes y mujeres pobres que no encuentran una solución digna al drama de vivir un embarazo forzado producto de violación y que desean interrumpir ese proceso gestacional en un acto legítimo de defensa de su derecho a la dignidad, a un proyecto de vida y a la libertad.

Despenalizar el aborto por violación es parte del derecho que tienen las víctimas a reparación integral, e inicia un proceso posterior de sanación de la violación que requiere un sostenido acompañamiento sicológico y social.

Despenalizar el aborto en caso de violación e incesto es enfrentar la impunidad pues las víctimas no solo serán atendidas por el sistema de salud, sino por el de administración de justicia.    

Si el veto sale a favor del aborto de violación, lo cual sería lo correcto, el presidente Moreno en uso de su facultad de colegislador, posibilitaría que miles de mujeres violadas y embarazadas sean visibilizadas como lo que son: víctimas con derecho a reparación integral y mínimamente puedan volver a su estado de no embarazo, pues la situación de violación tiene que ser enfrentada con acompañamiento y apoyo psicológico y social y, por supuesto, con los procesos de acceso a la justicia y no impunidad.

Sea cual fuere el resultado del veto, las mujeres seguiremos luchando para que se cumpla lo que dice la Constitución y las convenciones internacionales respecto de nuestra libertad y autonomía sexual y reproductiva.

El derecho a decidir en caso de un embarazo producto de un crimen es una reivindicación básica, elemental, que el Ecuador debe incluir en su marco jurídico, para estar a tono con los avances en derechos humanos, salud pública, y justicia social de la región y del mundo. (O)