En su informe final, la Comisión legislativa Aampetra, que es la encargada de analizar las denuncias de abusos sexuales registradas en el sistema educativo del país, determinó responsabilidades políticas de los exministros de Educación Augusto Espinosa (asambleísta por la Revolución Alfarista) y Freddy Peñafiel. El documento también menciona su responsabilidad en los casos que ya se conocen.

Desde el inicio de su gestión, mayo de 2017, ¿qué acciones ha realizado el MinEduc para combatir los casos de acoso y abuso sexual en las aulas?

Uno de los retos es combatir todo tipo de violencia que se presenta en el sistema escolar. Partimos de datos recopilados desde el año 2014 hasta la semana pasada que señalaban la existencia de 2.673 casos de violencia sexual. De los cuales el 53,9% ocurre dentro del sistema escolar (docentes, personal administrativo y de limpieza) y el resto fuera. Como acciones tomamos la decisión ministerial de declarar cero tolerancia a la amenaza y a la violencia de los delitos sexuales. Además lanzamos la campaña ‘Más unidos más protegidos’ que busca movilizar a la comunidad estudiantil en la promoción de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes.

Dentro de esas iniciativas ¿qué rol cumplen los docentes y los padres de familia?

Hemos potenciado los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). En la actualidad, a escala nacional se emitieron 2.132 partidas para este tipo de profesionales. Este año se habilitarán otras 1.500. Hasta el momento hay 3.501 profesionales DECE que dan cobertura al 54% del sistema educativo nacional.

Los progenitores forman parte de la iniciativa Educando en Familia. Con esto se ha sensibilizado a más de 317.799 familias en prevención del acoso escolar y consumo de drogas.

Este año esperamos ampliar la cobertura del programa en 1.400 instituciones educativas llegando a 600.000 madres y padres de familia con el módulo de prevención de violencia.

¿Qué acciones se realizan en las instituciones que registraron este tipo de denuncias?

Primero, los docentes implicados fueron removidos de los cargos. Lo mismo pasa con las autoridades que no actuaron de forma adecuada. Además, como Ministerio de Educación (MinEduc)   intervenimos ocho unidades educativas, entre ellas el Aguirre Abad, de Guayaquil, y la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra), de Quito. 

¿Qué implica la intervención?

Esta es una medida extraordinaria que implica la remoción del rector. También se trabaja en temas de infraestructura, restitución de derechos, acompañamiento psicológico para las víctimas. Mantenemos convenios con otras instituciones para el tratamiento de las víctimas. Lo importante en ese aspecto es evitar la revictimización de los niños o adolescentes. El protocolo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que no se deben dar nombres de los menores. En otros casos, en los que no se requiere una intervención, realizamos un acompañamiento para la víctima y sus familiares. El niño tiene el derecho de continuar sus estudios y el MinEduc tiene la responsabilidad de garantizar ese derecho. 

A menos de un mes del inicio de clases en el ciclo Costa ¿cómo se garantiza que los docentes no sean presuntos agresores? ¿Han rendido -todos- pruebas psicosométricas?

En el magisterio, en la oferta pública hay 144.000 docentes a tiempo completo y otros 20.000 con contratos ocasionales. A estos se suman los cerca de 40.000 profesores que laboran en el sector privado, municipal y fiscomisional. Del total de docentes del sector público, 70.000 ganaron concursos meritocráticos  (Quiero Ser Maestro). En esos procesos, ellos ya rindieron una prueba psicosométrica.

Esta prueba no ha servido mucho como elemento de política pública para detectar o generar alertas tempranas.

¿Se dejará de tomar esta evaluación?

No. En ese momento buscamos ampliar este tipo de evaluación a los centros educativos particulares. El objetivo es tomar, a finales de este abril, las pruebas psicométricas a toda la oferta educativa pública. En la parte privada, municipal y fiscomisional emitimos, el año pasado, un reglamento donde se obliga a estos centros a tomar estas pruebas para el ingreso de los docentes.

En la actualidad ¿cuál es la oferta educativa enfocada para que los jóvenes se vinculen a una plaza laboral?

Desde el MinEduc se impulsa la formación técnica para el trabajo, que es una política pública enfocada en jóvenes y adultos para fortalecer su incorporación al mundo del trabajo y la continuidad de la educación técnica, que permita contribuir a mejorar sus condiciones de vida, en estrecha vinculación con el sector productivo y las prioridades nacionales.

Tenemos una oferta enfocada en jóvenes de escolaridad ordinaria (hasta 18 años). Para ello se cuenta con 1.492 colegios técnicos. Hasta la fecha se actualizan las figuras profesionales para que respondan a las necesidades del sector productivo con visión de innovación; así como la intervención en infraestructura y equipamiento.

Como parte del fortalecimiento del bachillerato técnico ¿qué acciones están en marcha?

Este año se intervendrán 364 colegios técnicos a nivel nacional. Esto se realizará con un monto aproximado de $ 16,5 millones en gasto corriente. Otra de las metas este año es implementar, al menos, 128 bachilleratos técnicos productivos en el país. (I)