Mónica Franco, viceministra de Gestión Educativa, anunció los avances respecto a la regulación de los cobros de matrículas y pensiones para los colegios particulares y fiscomisionales.

“Desde hace muchos años la ciudadanía sabía de la existencia de la Junta Reguladora de Costos para la educación particular, pero que no tenía una base técnica o que uniera de forma acertada lo que es la valoración de la oferta educativa en cuanto a calidad y en la relación costo-beneficio”, indicó Franco a manera de introducción de su presentación.

“Durante el 2012 el Ministerio trabajó en la elaboración de una nueva normativa para fijar los costos de la educación particular”, señaló la Viceministra.

Franco diferenció cómo se controlaban los valores en los planteles particulares y cómo con el nuevo reglamento se establecieron los costos, producto de un taller del Ministerio de Educación y los rectores de los establecimientos más grandes de Guayaquil y Quito.

Una de las novedades que mencionó la funcionaria es la ilegalidad del cobro por adelantado de las pensiones, e indicó que hasta el 15 de marzo se establecerán los nuevos valores que podrán cobrar los establecimientos, dependiendo del rango al que pertenezcan. “El rango es la ubicación en la que estará un plantel educativo de acuerdo con los servicios que ofrece a la comunidad”.

Asimismo, explicó que cada nivel, desde la A hasta la E, designa el tope de lo que pueden cobrar las instituciones, siempre y cuando cumplan al 100% con los requerimientos del Ministerio de Educación.

Estos requisitos son: cumplir con los estándares de calidad educativa, seguir con lo planificado en la malla curricular nacional, contar con un consejo estudiantil, brindar asistencia pedagógica y dar capacitación a la comunidad educativa de la unidad académica.

Todos estos requerimientos determinan a qué categoría pertenecen los planteles. La clase A podrá recolectar hasta $ 700, la B $ 499, la C $ 299, la D hasta $ 199 y la E tiene un tope de $ 99. Asimismo, Franco manifestó que el 75% de estos establecimientos educativos llega a cobrar un valor de hasta  $ 50, pero que eso se define por los rangos.

Otro de los puntos mencionados por la Viceministra es la prohibición de la venta de uniformes y libros dentro de las instituciones educativas. “En caso de que algún padre de familia encuentre alguna irregularidad, podrá denunciarla a la Dirección Distrital de Educación que le corresponde al plantel. Se guardará la confidencialidad del demandante”, aseguró la titular. Agregó que esta medida es para que los padres de familia compren de acuerdo con su presupuesto y no con lo que determine el plantel.

Sobre las quejas presentadas por varias organizaciones que agrupaban a planteles particulares, fiscomisionales y populares sobre la reinversión del 25% de sus ingresos dentro de la institución, y del plazo que se les otorgó para entregar la documentación para ser considerados en la clasificación de los rangos, Franco mencionó que han mantenido reuniones con ellas, pero que aún no existe  una fecha para presentar la modificación del Acuerdo Ministerial 493 - 12, en su artículo 2, acerca de los requisitos.

“En años anteriores las unidades educativas particulares han entregado sus papeles entre el 30 de octubre e inicios de noviembre. Esta vez se les han dado dos prórrogas para que cumplan”, resaltó Franco respecto a la protesta de las federaciones y asociaciones nacionales de educación particular, fiscomisional y popular en referencia a que al régimen Costa solo se le concedieron 45 días y el de Sierra tuvo tres meses.

La titular recordó que hasta ayer los directivos de los planteles tenían plazo para presentar toda la información requerida y establecida en el documento. “Cabe destacar que solo podrán aumentar hasta el 5% del valor de la pensión que cobraban el año lectivo anterior”, precisó Franco.