Ecuador elegirá el 24 de marzo próximo 11.069 autoridades, entre principales y suplentes.

Serán 23 prefectos, 23 viceprefectos, 221 alcaldes, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales, 4.089 vocales de las juntas parroquiales y 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Estas autoridades se posesionarán el 19 de mayo de 2019.

Los ecuatorianos convocados acudirán a 39.814 juntas receptoras del voto. Los ciudadanos entre 16 y 18 años son 664.502; los de 18 a 65 años, 11’089.331; y mayores de 65 años, 1’580.161.

Las cifras mencionadas son importantes y reflejan la realidad de un país que crece y cree en la democracia.

Un breve vistazo a estos datos nos revela el aumento de los jóvenes votantes, que podrían ser decisorios en algunas ciudades. ¿Estamos preparados para ejercer el derecho a elegir y ser elegidos? ¿Conocemos los planes de trabajo y los perfiles de las autoridades a elegirse? ¿Las manifestaciones y los mítines son de verdad suficientes?

Ha comenzado el período de promoción, por lo que es necesario informar a la ciudadanía sobre la importancia de la democracia electoral y sobre todo los diferentes niveles de participación.

Recuérdese que los gobiernos locales y seccionales son valiosos instrumentos de democratización, porque su cercanía con los ciudadanos permite la búsqueda conjunta de soluciones y la optimización de recursos cada vez más escasos.

Vivir la democracia
En este contexto, el tema de la democracia y la ciudadanía es recurrente y actual, porque debe ser tratado y debatido en todos los escenarios –los cabildos serían espacios ideales- y no solo en las “cumbres”, con la gente del Estado llano, con los ciudadanos y ciudadanas que formamos la sociedad civil.

La razón es obvia: el Estado es la sociedad jurídicamente organizada y no depende exclusivamente de los mecanismos de representación, que por ahora han fracasado.

Tenemos que aprender a vivir la democracia, como sistema de gobierno y sobre todo como estilo de vida, como un modo de ser en el hogar, en la escuela, en el trabajo y la comunidad.

 Y ahí está el problema de fondo, porque nos hemos quedado en las formalidades, en las estructuras organizacionales, mientras las estructuras mentales y valóricas se mantienen bajo patrones de dominación y en ocasiones de sumisión.

Si combinamos esta reflexión con las situaciones que ha vivido Ecuador en los últimos años, las conclusiones son realmente preocupantes. Pero hay esperanzas.

Cuatro puntos
Cuatro puntos serían las claves para fortalecer el sistema democrático. Es urgente, en primer lugar, la articulación de la gobernabilidad a procesos reales y efectivos de inclusión económica, política y social. La pobreza es realmente incompatible con la democracia.

En segundo lugar, se debe promover la educación cívica y política desde los primeros años de escolaridad, a fin de que se geste progresivamente una cultura democrática.

En tercer lugar es necesario plantear una reforma integral del Estado con nuevos partidos políticos, nacidos de la ciudadanía y no de cúpulas que fortalecen los cacicazgos y los grupos de poder económico y político.

En cuarto lugar se requiere una agenda básica  para resolver los problemas emergentes: la salud, la educación, el empleo, la justicia y la seguridad humana.

La construcción de la democracia plena depende de varios factores: de leyes, por supuesto, pero también de aprendizajes, consultas, procesos y cambios, a veces dramáticos, que el pueblo ejerce para respetar y hacer respetar su soberanía violada por aquellos que juraron defenderla.

Cuando los gobiernos se distancian de la sociedad y utilizan el poder no para servir, sino para servirse de él, se consolidan las clientelas y populismos. La democracia -bien concebida- es un proceso mental antes que una norma; es un valor de carácter social, ético y estético; y una actitud frente a la vida. Y este proceso pasa necesariamente por la educación política y la participación ciudadana. En suma, por la ciudadanía civil.

La ciudadanía civil tiene elementos objetivos y subjetivos. Cada persona, hombre o mujer, sea niño, niña, joven o anciano, es ciudadano; por lo tanto, debe ejercer sus derechos y obligaciones. Tiene derechos y responsabilidades, dentro de un marco de referencia jurídico que se halla en la Constitución.

La Carta Magna establece con toda claridad la igualdad jurídica de todas las personas ante la ley, independientemente de su condición social, económica, política o religiosa, así como por el sexo, la edad o estado civil. Esta posición nace de la doctrina de los derechos humanos y, obviamente, de la concepción ontológica (“ontos” igual ser) que confiere a cada persona la dignidad de catalogarse como tal y al Estado la capacidad para cumplir y hacer cumplir.

Los Tratados Internacionales protegen los derechos de las personas, y establecen salvaguardas para que nadie, sin excepción, se quede sin protección.

Sin embargo, en la práctica la igualdad ante las leyes, en ocasiones, deja de ser un precepto y no las normas que se aplican, por la desidia de las autoridades y porque la propia ciudadanía no es consciente de esta realidad. Prevalece el racismo, la discriminación y su hermana mayor: la exclusión.

La ciudadanía civil descansa entonces sobre la igualdad jurídica de las personas ante las leyes.

Derecho a la vida
La vida es el principal valor de la persona humana. Sin el derecho a la vida no existen los demás derechos. La vida merece una protección antes y durante el desarrollo de las personas. En el derecho a la vida se asienta la existencia misma del Estado.

Cuando hablamos del derecho a la vida nos referimos no solo al respeto a la existencia humana, sino a crear las condiciones para que todas las personas, sin excepción, sean viables, es decir, bien formadas en lo físico, intelectual, moral y espiritual.

Los seres humanos no solo necesitamos alimentación, vestuario y educación. Cada persona es diferente, única e irrepetible. Los seres humanos tenemos “hambre de caricias”; afecto, comprensión y aprobación social. Todo, en su conjunto, representa el derecho a una vida digna.

El derecho a la vida está unido inseparablemente al concepto y praxis de seguridad humana, que incluye la atención primaria de salud, la educación inicial y básica, así como las condiciones fundamentales para ejercer un empleo digno y permanente.

El Estado de derecho es el marco institucional adecuado que hace posible el respeto del derecho a la vida. La ciudadanía y el Estado como sociedad organizada, no pueden dejar pasar los atentados contra la vida, que suceden a diario, no solo en calles y plazas sino en la propia familia.

Elecciones, ¿para qué?
Los comicios de marzo de este año ubican al Ecuador en un escenario expectante en el ámbito nacional e internacional. Los cambios en los gobiernos seccionales y locales son oportunos. A lo anterior se añade la elección de los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El acto electoral es importante, pero más valiosa es la capacidad de discernimiento de los electores para elegir a más de 11.000 candidatos. La historia no puede repetirse.

Las elecciones son mecanismos de la democracia representativa, pero no terminan en las urnas y los conteos de votos.

La participación ciudadana, el control social, las veedurías deberían ser permanentes, que activen las alertas para evitar el despilfarro y el mal uso de los bienes públicos y privados.

La verdadera democracia se aprende. Y no solo en las aulas, no solo en las urnas, sino en todo espacio social, económico y político.

Esta democracia imperfecta debería de verdad nutrirse con la intervención de nuevos liderazgos y propuestas, que hagan posible que las leyes puedan cumplirse; que la sociedad funcione de acuerdo con un modelo de gobernabilidad. (O)