En un contexto social donde algunos de los temas de la agenda de las mujeres han logrado permear en el debate político, logrando incluso visibilizar en lo público temas tabúes, como el acceso al  aborto, sorprende el aparente silencio mediático que existe frente a la lucha por la paridad en las representaciones políticas de los gobiernos locales del país.  

Hemos visto con perplejidad e indignación cómo desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador se ha hecho pública la denuncia de las pretensiones de reparto de poder entre hombres y mujeres en la designación de las vicealcaldías, como un atentado a la autonomía de los gobiernos locales, más aún, como un golpe a la democracia.

Esta situación resulta  insólita desde el punto de vista del derecho que tenemos el 50,03% de las mujeres que vivimos en Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a ser representadas en todos los espacios equitativamente, inclusive en los de toma de decisiones.

Ceder poder cuesta. Si bien el criterio de alternancia hombre-mujer en las listas electorales asegura al menos alguna presencia de las mujeres, esta incomoda si osamos disputar la monopolización masculina del poder, donde simbólicamente se recrea la figura de autoridad, que históricamente ha tenido una imagen, un género, una clase y un color de piel.

¿Cómo entender la ausencia de movilización desde las mujeres frente a la disputa de las vicealcaldías?

Quizá porque el hecho de que existan mujeres como autoridades electas no ha asegurado que ellas movilicen temas que incidan en la vida cotidiana de la mayoría de las mujeres.

Hace falta precisar que el predominio del sistema electoral mercantilista y patriarcal se encarga de privilegiar rostros, cuerpos o coronas que venden por sobre formación, conciencia o posición política.

Llegamos, sí, pero no para disputar. En este contexto, las mujeres que osamos exigir el cumplimiento del artículo 317 del vigente Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad) o aplicación del principio de paridad en la elección de la segunda autoridad cantonal, corremos el riesgo de alimentar el estereotipo de mujer “calculadora”, “ávida de poder”, características que para nuestros compañeros se revierten positivamente en “sagacidad política”.

Mientras los procesos sociales amplíen los frentes de lucha para alcanzar la democracia paritaria, nosotras seguiremos incomodando con nuestras voces y acciones para exigir igualdad. (O)