La Corte Constitucional (CC) emitió una sentencia favorable en el caso de 19 acciones de protección presentadas por mujeres embarazadas, en período de lactancia y al cuidado del recién nacido, que laboraban en el sector público, bajo la modalidad de nombramientos provisionales, contratos de servicios ocasionales y cargos de libre remoción.

La mayoría de ciudadanas fueron notificadas con terminación de sus contratos laborales, antes de cumplir su período, de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de Servicio Publico (Losep).

Estos fueron los casos de Carla y Michelle, quienes dieron aviso de su embarazo en las instituciones públicas donde trabajaban y posteriormente fueron removidas de sus cargos.

Sin embargo, ambas se ampararon en la Ley y los jueces dejaron sin efecto las notificaciones, garantizando su estabilidad laboral. Ante estos hechos, en lo que respecta al Ministerio de Salud Pública (MSP), la CC dispuso: Promover la lactancia materna y conjuntamente con los Ministerios  de Trabajo e Inclusión Económica y Social y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género; garantizar progresivamente el derecho al cuidado, ambientes laborales de cuidado, acceso y disponibilidad de espacios, seguros y adecuados a las trabajadoras que se encuentren dando de lactar.

Además, trabajar de forma interinstitucional en el seguimiento y monitoreo de los lactarios y centros de cuidado diario infantil implementados en las instituciones públicas.

Los entes rectores de trabajo, salud, inclusión e igualdad elaborarán e implementarán un “Modelo de Ambientes Laborales para el Cuidado”, de forma participativa, con criterios de las organizaciones de mujeres, sindicatos, academia y personas expertas en el tema.

Asimismo, implementarán una campaña permanente de sensibilización, protección y promoción de la lactancia materna en los espacios públicos, incentivando con certificaciones, el apoyo a esta actividad.

El Ministerio de Salud Pública, implementará y ejecutará todas las acciones en cumplimiento de la normativa legal vigente a escala nacional, a fin de garantizar que los derechos de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia no sean vulnerados. (I)