En Ecuador, las casas de acogida y centros de protección son parte de los servicios esenciales de atención a niños, niñas y mujeres víctimas de violencia. En el recorrido a una casa o centro es fácil encontrar a niños y niñas; muchos de ellos huyen con sus madres fuera de su hogar; sus risas y travesuras se confunden en la incertidumbre del día a día.

Las razones se exteriorizan cuando tímidamente o con elocuencia de valentía las mujeres narran que buscaron un refugio frente a la silenciosa violencia de la que son parte.

La “huida” siempre está rodeada de una larga presencia de violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Durante los episodios de violencia los testigos son los niños y niñas que muchas veces también forman parte del círculo de maltrato.

Las mujeres víctimas son de toda edad, encontramos en los recorridos a niñas desde los 14 años y mujeres con edad avanzada. Madres con un niño en brazos, embarazadas y hasta con seis o siete niños. Todas han dejado sus casas antes que los agresores las encuentren.

Las salidas son momentos claves, al apuro, sin ropa, sin dinero, sin nada… con ganas de recuperar la dignidad.

En nuestro país, el agresor es visto con naturaleza, con cierta indiferencia por parte de la sociedad; está camuflado en la comunidad porque se ha normalizado. La gente tolera al perpetrador o agresor; está dentro del vínculo familiar y como es el “jefe de hogar” se considera no importante o necesario interferir en esos ámbitos, donde es preferible ver, oír y callar.

Durante décadas la sociedad civil definió una ruta de apoyo y asistencia a víctimas de violencia intrafamiliar y basada en género, para precautelar la vida de las mujeres frente a la escalada de agresiones. Las decisiones hasta salir definitivamente del círculo de la violencia no son fáciles, ni rápidas. Con dolor vemos que la decisión puede durar años, donde se ha perdido mucho tiempo valioso para recuperar el proyecto de vida de las mujeres, pero oportuno para volver a empezar.

En Ecuador existen apenas 5 casas de acogida y 15 centros de protección con convenio de la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador. Cada año se renuevan los proyectos de gestión e inversión, pues van a la par del presupuesto fiscal.

Para mejorar los procesos de servicios y adjudicación, el año 2019 se revisó el reglamento y el Modelo de Gestión de Casas y Centro que estaban bajo el seguimiento del extinto Ministerio de Justicia.

Estos cambios facilitan comprender la situación de estos servicios esenciales y los definimos de la siguiente manera de acuerdo al Reglamento emitido con fecha 16 de diciembre de 2019: los Centros de Atención Integral son espacios de atención especializada e interdisciplinaria (legal, psicológica y social) diseñados para acoger y atender a víctimas de violencia de género, con el fin de brindarles apoyo, superar situaciones de violencia y restituir sus derechos vulnerados.

En estos espacios confluyen el trabajo, compromiso y experiencia de organizaciones de la sociedad civil con política estatal.

Las casas de acogida son espacios de refugio temporal que brindan atención integral, protección y seguridad a víctimas de violencia de género, con la finalidad de aportar a un proceso de toma de decisiones y autonomía; es un lugar que salva vidas y protege a las mujeres y sus hijos e hijas que huyen de sus hogares ante una escalada de violencia y que no pueden retornar a su domicilio habitual debido al riesgo que enfrentan. Es un lugar seguro donde las víctimas pueden iniciar procesos para salir de los ciclos violentos…

Si estos son los fundamentos, ¿cuáles son los cambios para consolidar el trabajo de casas y centros? La Secretaría de Derechos Humanos consideró varios factores para mejorar las condiciones de acceso a recursos del Estado ecuatoriano; por ejemplo, se eliminaron aquellos requisitos como contar cinco años de experiencia institucional (muchas de las casas y centros cuentan con una trayectoria de 30 años), reducción de trámites burocráticos, las organizaciones son consideradas como contrapartes y ya no beneficiarias, en condiciones técnicas de infraestructura se consideró una nueva ficha con realidades territoriales.

Se fortalecieron procesos como los de seguimiento a la calidad de inversión de los recursos del Estado, exigencia de títulos profesionales del personal que maneja y atienden como psicólogos y trabajadores clínicos (su trabajo compromete informes que son utilizados en juicios por parte del sistema judicial, por el Ministerio de Educación, o a solicitud de Juntas de Protección de Derechos con firmas de responsabilidad y código de ética y confidencialidad) y se favoreció para que sean las mismas organizaciones las que convoquen a profesionales y realicen sin injerencia del Estado concursos de merecimiento.

Una vez que los procesos de finiquito se cumplen como parte de la buena administración de los recursos del Estado, se procede a la revisión de sus propuestas para el siguiente año y cumplido este proceso se celebran los convenios. Para el año 2020 la SDH destina $ 2’300.000 para su funcionamiento. El 20 de abril del 2020 se acreditó el primer desembolso para los seis primeros meses del año en curso, luego de cumplir con todos los requerimientos motivados por Ley.

Hasta el momento compartimos un fin común: prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, no solo como un objetivo institucional sino como una convicción mutua que responda a la realidad de miles de mujeres que ven en estos servicios una mano amiga para cambiar su vida. (O)