La Comisión Ocasional Aampetra de la Asamblea Nacional señala, en su informe final, que en los últimos tres años se han denunciado 227.777 casos de abuso sexual. De ellos, 4.584 están relacionados con niños, niñas y adolescentes.

Frente a las cifras de violencia que evidencian la realidad de los menores ecuatorianos, ¿qué acciones se ejecutan desde la cartera que dirige para combatir esta problemática?
Hay tres aspectos importantes. Una acción que resalto es la creación de la Secretaría Técnica de Derechos Humanos. Esto es un afianzamiento de la política de protección de derechos. Desde el sector público las carteras manejan protocolos de violencia. Desde el MIES buscamos laborar en temas de prevención. Para ello trabajamos con las familias que son y no son parte de los servicios.

En la actualidad manejamos el proyecto Escuela de Familia, un espacio en el que el grupo aborda las formas adecuadas para resolver un conflicto. A la par estamos coordinando con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) una encuesta especializada sobre violencia hacia la niñez hecha por el sector público ecuatoriano. Este tipo de datos no existen en Ecuador. Además este 25 de noviembre participaremos de las jornadas que conmemoran la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres.  

En la actualidad, ¿cuál es la cobertura de atención?
En el servicio de desarrollo infantil trabajamos con 300.000 niños y hemos identificado a otros 60.000 que serán parte de la Misión Ternura. Atendemos a cerca de cuatro millones de familias que incluyen todos los servicios, entre ellos desarrollo infantil, discapacidades, adultos mayores y beneficiarios de las ayudas económicas estatales.

¿Cuántos ecuatorianos se benefician de los bonos que entrega el Estado?
A septiembre de 2018 entregamos el Bono de Desarrollo Humano a 283.311 personas.  

En el Legislativo se trata un proyecto que busca reformar el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué modificaciones urgen para garantizar la protección de los menores?
Primero: la ley es preconstitucional. Es decir no es actual, esta entró en vigencia en 2003, antes de la Constitución de Montecristi. Además es necesario que exista una centralidad en el tema de violencia.

Las niñas son importantes porque desde ellas hay que trabajar los temas de prevención. La reparación de las víctimas también es importante. La legislación tiene que ampliar la tipología. Además, Ecuador no tiene un sistema de información sobre las víctimas, no sabemos dónde está el registro.

De los 25 proyectos de reforma al Código, 20 se refieren a la coparentalidad. ¿Se están dejando de lado aspectos sustanciales como salud y violencia?
Lo sustantivo está en decidir cómo el país protege a seis millones de niños y adolescentes. Hay un informe de la Comisión Aampetra que debe tener algún eco. Ahí se hacen recomendaciones que se tienen que tomar en cuenta.

Con respecto a los adolescentes, cifras oficiales señalan que el suicidio en este grupo es su principal causa de muerte ¿Qué proyecto se ha emprendido para enfrentar esa amenaza?
Realmente no tenemos una acción concreta. El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional planteó ese problema, pero desde el MIES no tenemos un proyecto específico.

Los datos también dependen de las provincias; evidenciamos que estos casos ya no se dan en la Sierra centro como en décadas anteriores. Ahora la cifra se concentra en la Amazonía.  

¿A qué se debe el registro y aumento de suicidios en esa región del país?
Quizás tiene que ver con temas como la desarticulación de su territorio, la carga social y cultural que acompaña a estos pueblos, cambios en las estructuras de las familias...

Otra problema de la adolescencia es el embarazo y la maternidad. ¿Se debe contemplar el aborto en el caso de abusos sexuales a menores?
De los 60.000 menores de la Misión Ternura 12.000 son madres. La cifra es alta. Se registran tres embarazos diarios en menores de 14 años y en muchos casos hay una historia de violencia. Es necesario que la sociedad debata. Una medida como el aborto necesita suficiente razonamiento y respaldo de la sociedad. Estos temas requieren un acuerdo ético.  

¿Cuál es el monto de los recursos que maneja el MIES? ¿Hubo una reducción en la asignación para 2019?
Nos estamos preocupando por los sectores más vulnerables: no corren riesgo las pensiones de nuestros jubilados, el fomento al emprendimiento, el bono de desarrollo humano y los programas sociales emblemáticos.

La proforma 2019 tiene dentro de sus prioridades de inversión a estos sectores. Del monto total del Plan Anual de Inversiones, que es de $ 3.314 millones, el Consejo Sectorial de lo Social recibirá el mayor porcentaje de inversión (más de $ 8 millones).

En cuanto al MIES, si bien se tiene una disminución ($ 24 millones con relación al codificado de septiembre 2018), el manejo presupuestario siempre ha sido acordado de manera permanente con el Ministerio de Finanzas.

¿Cómo será el manejo de estos recursos? ¿En qué se invertirán?
El 85% del presupuesto que maneja el MIES se destina para cubrir bonos que se entregan a las personas más pobres del país.

Ecuador brinda atención a las familias de venezolanos que han migrado a Ecuador. ¿Qué monto destina para esto?
Para el plan frontera norte, que presta atención a los ciudadanos inmigrantes, esta cartera ha destinado $ 2’700.000. (I)