Ante la renuncia de varios médicos por su inconformidad con el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal sobre el homicidio culposo, la ministra de Salud, Carina Vance, aseguró que existen las condiciones para garantizar la cobertura en los servicios hospitalarios.

Confirmó la renuncia del Dr. Juan Barriga, traumatólogo del hospital Pablo Arturo Suárez, y de otros 90 médicos. “No se deben estos temores a una malicia o a un acto de querer amenazar sino más bien a un desconocimiento”.

De acuerdo con Vance, el doctor Barriga había puesto la renuncia hace más de un año ante el Ministerio de Salud: “Era una persona que quería salir y deseaba una liquidación”.

Además, la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca, aclaró que el sistema de salud no está paralizado y que hay un monitoreo constante. “Para nosotros es mejor no contar con este tipo de profesionales porque nos interesa tener servidores de salud comprometidos”, expresó Vaca.

La atención ayer en los hospitales públicos y del Seguro Social fue normal en Quito. La mayoría de los pacientes consultados considera que la decisión de renunciar de algunos galenos complicará el déficit de especialistas que ya tiene el sistema de salud pública.

A pesar de ello, están de acuerdo con que exista un castigo para la mala práctica médica. “Yo fui testigo de ello en el hospital Pablo Arturo Suárez (Quito) con mi hermana María, quien casi pierde la vida en su parto cuando los médicos no se dieron cuenta de que el bebé era muy grande y debía nacer por cesárea”, contó Estela Tituaña.

Varios padres de familia de los menores que acuden al hospital Baca Ortiz, en Quito, se quejaron de que en esa casa asistencial hay médicos cuyo trato es despectivo. “Incluso para hacer una pregunta quieren que se tenga turno”, contó Elsa Jaramillo, abuela de Kevin, un pequeño que debe realizarse los exámenes para una cirugía de cadera el próximo mes.

Rafael León, de Macas, se operó en junio pasado en el hospital Carlos Andrade Marín de Quito y acude cada mes a un chequeo. Está tranquilo con la atención, pero inquieto por lo que pueda pasar en el futuro.

“Si un doctor cumple el protocolo y el paciente fallece, no debe tener miedo de ir a prisión, porque al revisar el proceso se verá que él hizo lo necesario”, indicó.