La población afroecuatoriana asentada mayoritariamente en Esmeraldas considera que nada ha cambiado para ellos, tras la declaratoria del Día Nacional del Afroecuatoriano, hace 20 años.

César Quintero, coordinador general del Consejo Nacional de la Unidad Afroecuatoriana (Conuae), siente que aún son discriminados por el color de su piel y que no hay oportunidades educativas y laborales en relación con otras etnias. 

“Nosotros somos parte de una nacionalidad que ha peleado para conquistar la libertad del país desde tiempos remotos, pero lastimosamente somos marginados y de cierta forma hasta invisibilizados de las políticas gubernamentales”, señala Quintero.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 7,2% de los habitantes pertenece a ese colectivo, que está acentado en 15 cantones del país,  con predominio en Guayaquil y Quito.

Su territorio ancestral está localizado en el norte de Esmeraldas y en el Valle del Chota.

 El 81% de la población en edad escolar (5 a 18 años) es parte del sistema de educación público. Pero solamente el 5,2% culmina los estudios de tercer nivel.

“Las condiciones económicas y sociales en las que nos desarrollamos nos obligan a terminar la secundaria e inmediatamente ir a laborar. Esto se convierte en un círculo vicioso que se replica en las nuevas generaciones y en la falta de mejores condiciones de vida”. 

De acuerdo con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, el 33% está en condición de pobreza por ingresos y el 15% padece analfabetismo funcional (solo tienen tres años de escolaridad primaria y no pueden resolver operaciones básicas de aritmética). El grupo asciende a  1’050.000.

Por ello, uno de los planteamientos que sugieren es la creación de una Secretaría Técnica del Decenio del Pueblo Afroecuatoriano, adscrita al Poder Ejecutivo. El fin es que estructure una política pública en beneficio de esta población.

Además esperan tener un diálogo directo con el presidente Lenín Moreno para que él conozca sus necesidades inmediatas.

“Sentimos abandono por parte de las instituciones y poco apoyo para el desarrollo. No ha existido garantía de nuestros derechos como consta en la Constitución”, comentó Jorge Corozo, asambleísta y presidente de la comisión de Derechos Colectivos.

El parlamentario cree que es necesario un levantamiento de sus compañeros para que expresen su cansancio por los años de olvido.

“Lastimosamente no tenemos un representante afro ocupando un importante cargo público y eso es discriminatorio. Nos damos cuenta de que el país es racista y sectario”.

Corozo señaló que desde la comisión que preside estructura artículos en beneficio de ese sector.

“Planteamos el tema intercultural, por medio de la Ley de derechos colectivos y a partir de nuestras costumbres y lengua podemos generar más oportunidades laborales”.

Alodia Borja, quien coordina la mesa del decenio Afro, también nota ausencia institucional en temas judiciales (en la provincia de Pichincha solo existe una mesa afro en la fiscalía). “Estamos desprotegidos en casos de discriminación y odio racial”.

Sin embargo reconoce avances en el número de chicos que ingresan a la educación básica.

“Hay mayor acceso, pero los jóvenes de los sectores periféricos no tienen los mismos conocimientos para cursar bachillerato y menos aún la universidad. Por ese motivo sus opciones de llegar a la formación superior disminuyen”.

Borja cree que es necesario que los funcionarios afros que acceden a plazas públicas se preocupen de todo su pueblo y no solo vean por sus intereses personales.

Objetivos del Decenio Afro aún no se visibilizan

La Organización de Naciones Unidas (ONU), hace dos años, instauró el Decenio Internacional para los Pueblos Afrodescendientes 2015-2024 como una forma de promover los derechos de 200 millones de personas que pertenecen a este grupo étnico a nivel mundial.

Así se espera alcanzar la cooperación nacional, regional e internacional en relación con el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas de ascendencia africana y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad.

“ Los Estados deben adoptar medidas concretas de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia a que se enfrentan los afrodescendientes”, establece la ONU.

César Quintero, coordinador de Conuae, no ve avances en esa construcción. “Únicamente se han organizado mesas de diálogo donde se sacan conclusiones, pero hasta hoy nada se pone en práctica. Seguimos relegados y a la espera de que la situación cambie”. (I)