Las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) viven sus últimos días como organización guerrillera y lo hacen sin las aprehensiones de la guerra.

Los campamentos ya no parecen barricadas de combate, sino escuelas. En los últimos meses, durante los cuales las Fuerzas Militares suspendieron los bombardeos aéreos a esos enclaves, los guerrilleros han estado preparando su tránsito a la vida civil con clases de historia, ciencias sociales, geografía y matemáticas que les imparten sus comandantes.

Es un adelanto de lo que viene para ellos: una nueva vida en paz. Tendrán que dejar las armas, pero a cambio de eso las FARC serán reconocidas por el Estado colombiano como un partido político legal.

Llevan 52 años impulsando con los fusiles en la mano su ideario agrarista, revolucionario, antiimperialista y marxista-leninista, y ahora lo harán en el marco de la democracia colombiana, con votos en vez de balas.

Ese paso histórico, que implica su fin como organización insurgente y su transformación en un movimiento político, lo darán a partir del próximo sábado 17 de septiembre en la X Conferencia Nacional Guerrillera, la cual culminará 6 días después.

En ese evento, que se realizará en una zona selvática del sur del país conocida como Llanos del Yarí, unos 200 delegados que representan a más de 15 mil guerrilleros y milicianos de las FARC discutirán el Acuerdo Final de Paz que negociaron representantes de ese grupo armado y del gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos.

Se espera que lo ratifiquen y que comiencen a perfilar el tipo de organización que conformarán para hacer política en la legalidad. Puede ser un partido, un movimiento o un frente. Ya incluso un guerrillero propuso un nombre: Frente Amplio para la Reconstrucción de Colombia-Esperanza de Paz (FARC-EP).

Pero eso lo decidirán en los próximos meses los 29 integrantes del Estado Mayor Central de las FARC, una instancia de mando militar que en la X Conferencia Nacional Guerrillera se convertirá en una Comisión Nacional que se encargará de preparar los documentos constitutivos de la organización política que serán en lo sucesivo el grupo insurgente.

Ese hecho, sin embargo, es insuficiente para lograr el objetivo estratégico que se plantearon en 1964, cuando se alzaron en armas: la toma del poder. Ni las FARC pueden ganar la guerra ni las Fuerzas Militares pudieron derrotarlas. Y las 2 partes decidieron solucionar el conflicto por medio de la negociación.

El dirigente del Partido Comunista Colombiano (PCC), Carlos Lozano, quien tiene un conocimiento muy cercano de las FARC y de sus líderes, dice a EL TELÉGRAFO que la X Conferencia Nacional Guerrillera tiene un carácter “histórico” porque marcará la irrupción de ese grupo en el escenario político colombiano.

“Ahí anunciarán su programa de acción, pero sus planteamientos no van a diferir de lo que han sido hasta ahora: una organización agraria, revolucionaria y marxista. La diferencia es que ahora van a hacer política sin armas y buscarán las transformaciones sociales que buscan para el país por las vías democráticas”, explica Lozano.

El integrante del Comité Central del PCC y director del Semanario Voz, órgano oficial de ese partido, considera que las FARC tienen dirigentes muy capacitados para actuar en el marco del sistema democrático porque, aunque hasta ahora han sido una organización militar, desde su surgimiento, hace 52 años, han realizado política.  

“Ahora —señala Lozano— su desafío es hacer política sin armas. Pero tienen cuadros muy bien formados, no solo en los más altos niveles, sino también en sus mandos medios y en su base, y tienen una gran experiencia acumulada en la conducción de organizaciones de masas. Ellos han estado muy vinculados con las comunidades no obstante su condición clandestina y militar”.

Fin de la exclusión política

Las FARC tiene su origen en las autodefensas campesinas que se incubaron en el proceso de violencia bipartidista, entre liberales y conservadores, que vivió Colombia desde 1948, cuando fue asesinado el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán.

Antes que comunista, el líder histórico de las FARC, Manuel Marulada Vélez, ‘Tirofijo’, quien murió por causas naturales hace 8 años, fue un guerrillero liberal que comandó a un grupo de campesinos sin tierra que fueron radicalizando su lucha en la medida en que se encontraron con un Estado cerrado en absoluto a atender sus demandas y dispuesto a aniquilarlos.

El acto fundacional de las FARC fue el Programa Agrario que lanzaron en 1964, después de que el Ejército ejecutó la Operación Marquetalia contra medio centenar de guerrilleros encabezados por ‘Tirofijo’, los cuales lograron evadir el cerco militar a pesar de que varios miles de soldados fueron empleados en ese ataque.

De acuerdo con el antropólogo y doctor en ciencias políticas Francisco Gutiérrez Sanín, la Operación Marquetalia y el surgimiento de las FARC se inscriben en el “ciclo exterminador” originado en la guerra liberal-conservadora; en la gran desigualdad agraria, que fue “la bomba atómica” del conflicto armado; en la miseria en el campo, y en la exclusión política.

“El Frente Nacional que pactaron liberales y conservadores heredó y construyó formas de representación política extraordinariamente excluyentes que no pudieron tramitar las demandas del campesino ni de los sectores más marginados de la sociedad porque estuvieron orientada a expresar las demandas de élites territoriales”, considera el investigador del conflicto armado.

Es por eso que 2 de las columnas del Acuerdo Final de Paz con las FARC son el acuerdo de desarrollo rural, que contempla una incipiente reforma agraria —el reparto de 3 millones de hectáreas de tierra—, y el pacto de participación política, que se propone “una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político”.

Para ello, el gobierno se comprometió con las FARC a garantizarles 10 curules —5 en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes— durante las Legislaturas que empiezan en 2018 y 2022, y a crear 16 circunscripciones especiales para que las regiones más golpeadas por el conflicto tengan representatividad en la Cámara esos períodos.

Además, el Estado deberá contribuir al financiamiento de la organización política que crearán las FARC en su X Conferencia Nacional Guerrillera y a las campañas electorales que desarrollarán sus candidatos en los comicios de 2018 y 2022.

Un futuro político incierto

La X Conferencia Nacional Guerrillera será la primera de las FARC que no será clandestina. De hecho, las Fuerzas Militares colombianas darán a los delegados las facilidades y seguridad necesarias para su desplazamiento a los Llanos del Yarí, donde se llevará a cabo. Y el cónclave hasta será transmitido por señal satelital de televisión.

El historiador Mario Aguilera Peña explica a este diario que será también la primera vez que una conferencia guerrillera excluya de su agenda el tema de la guerra e incorpore como eje la paz y el futuro político de la organización.

“Si bien la guerrilla fue también un aparato político, esta actividad siempre fue pensada en términos de hacer más efectiva y consistente la guerra contra el Estado”, dice el relator del informe ‘Guerrilla y población civil: trayectoria de las FARC 1949-2013’.

Como experto en la historia de esa guerrilla, el académico de la Universidad Nacional (UN) considera que la decisión de dejar las armas es “producto del convencimiento de la inutilidad de más de 50 años de lucha armada”.

Las FARC, agrega, entendieron que debían buscar la negociación política y convertirse en una alternativa dentro del espacio democrático.

“Su futuro es un tanto incierto, pues ingresan a la política como coautoras de un proceso doloroso en la historia reciente del país. La sociedad colombiana estaba cansada de la guerra y no va a recibir a los guerrilleros como héroes, sino más bien como villanos”, asegura el maestro en historia y doctor en sociología jurídica.

Un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica atribuye a las guerrillas 24.482 secuestros en el período 1970-2010, el 90% de los que ocurrieron en el país, y 343 masacres que involucraron a población civil, el doble de las que cometió la fuerza pública y la tercera parte de las que perpetraron los paramilitares de extrema derecha.

Según la encuesta Gallup de agosto pasado, el 85% de los colombianos tiene una opinión desfavorable de las FARC y solo 11 de cada 100 tienen una buena imagen de ellas.

Como la gran mayoría de sondeos en Colombia, el de Gallup solo refleja la percepción de los habitantes de las 5 principales ciudades del país, pero es un indicador. En esa misma muestra, los partidos políticos aparecen con un rechazo del 79% y una favorabilidad de 14 puntos.

De acuerdo con Aguilera Peña, las FARC “tendrán que hacer un profundo esfuerzo para convencer a los colombianos que su actividad armada fue una violencia de respuesta frente a la proveniente del Estado y de otros actores armados, y tendrán que tomar distancia del marxismo ortodoxo y tener mucho tacto e imaginación para afrontar los retos de la política”.

Las FARC tienen a su favor la preparación de su cúpula y sus cuadros medios, su disciplina y su histórico arraigo con comunidades marginadas del desarrollo nacional.

En estas últimas se centrará su actividad política.

El comandante en jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, ‘Timochenko’, se ha proyectado en los últimos meses como un político intuitivo cuya imagen dista mucho de ser la de un guerrero recalcitrante. Por el contrario, en las entrevistas e intervenciones públicas luce afable. Ha dicho que una de sus aspiraciones al finalizar la guerra es volver a su pueblo natal, La Tebaida, en el cafetero departamento del Quindío.

Otros jefes guerrilleros con gran proyección política son Pastor Alape, que tiene un discurso reposado y sencillo; Pablo Catatumbo, poseedor de una sólida cultura histórica; Iván Márquez, quien ya tiene experiencia legislativa, y Carlos Antonio Lozada, cuyo tacto político es reconocido por los delegados del gobierno en los diálogos de paz.

El momento de la participación directa de estos en política y su eventual llegada al Congreso dependerá de lo que decida el tribunal especial de paz que juzgará y sancionará a los autores de delitos graves y crímenes de guerra.

Una de las claves del proyecto político de las FARC es que su tránsito a la vida productiva será colectivo.

Los acuerdos de paz contemplan la creación de una empresa cooperativa, Ecomún, que contará con financiamiento estatal y que se dedicará fundamentalmente a las actividades agrícolas y agroindustriales. Será el brazo económico de la nueva organización y uno de los soportes de su proyecto político.  

El próximo 26 de septiembre, 3 días después de que finalice la X Conferencia Nacional Guerrillera, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el comandante en jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, firmarán el Acuerdo de Paz.

Ese día, comenzará una nueva etapa de enormes desafíos tanto para el gobierno de Santos, que tendrá que ejecutar los acuerdos y garantizar su financiamiento, como para las FARC, que deberán ser capaces de medirse con otras fuerzas políticas e impulsar su ideario revolucionario en el marco de la institucionalidad democrática. (I)

¿Quién llenará los vacíos de las FARC?

El 26 de septiembre, cuando el presidente colombiano y el comandante en jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’, firmen la paz en Cartagena, comenzará en este país una tarea aún más ardua que la negociación de los acuerdos: la construcción de una paz real y sostenible.

Y el reto inmediato para el Estado colombiano será cómo evitar que los espacios que dejarán las FARC en los territorios que han controlado durante décadas, y en los que confluyen actividades criminales como los cultivos de hoja de coca y la minería ilegal, sean ocupados por otros actores armados.

El alto consejero presidencial para el posconflicto, Rafael Pardo, considera que la forma eficaz de evitar que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyo proceso de paz con el gobierno aún está por arrancar, y que las bandas criminales coopten los territorios que están abandonando las FARC, es llevando presencia estatal a esos sitios. Y para ello, afirma, 2 de los principales componentes del posconflicto serán la inversión social y el fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública y los organismos de justicia en las áreas donde se desmovilizarán 16.500 guerrilleros y milicianos que, según estima el gobierno, tienen las FARC.

La estrategia del gobierno contempla el aumento de efectivos de la Policía Nacional y la creación de grupos de fuerzas especiales y un servicio de inteligencia integrado para combatir a las bandas criminales (Bacrim).

Según un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación, las FARC tenían presencia en 281 municipios del país –la cuarta parte del total— y en 190 de ellos hay negocios ilegales como minería clandestina y siembra y procesamiento de hoja de coca.

En esos municipios operan organizaciones criminales con capacidad de reemplazar a las FARC en los negocios ilícitos una vez que comiencen a concentrarse, a partir de octubre, en las zonas donde dejarán las armas.

El exdirector de inteligencia de la policía colombiana, general Jairo Delgado, dice a EL TELÉGRAFO que el vacío del monopolio ilícito de la fuerza que se producirá con el desarme y desmovilización de las FARC originará condiciones de mayor inestabilidad en los territorios. En ellos, agrega el general en retiro, el narcotráfico y la minería ilegal aparecen como los “incentivos” económicos para movilizar el nuevo poder criminal que se formará en esas zonas con eventuales disidencias en esa guerrilla, con las Bacrim y con el ELN, que podría atraer a excombatientes de las FARC. Y es que la incorporación de esta guerrilla a la legalidad se produce en momentos en que los sembríos de hoja de coca aumentaron en Colombia. La Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que los cultivos de hoja de coca en Colombia llegaron a 96 mil hectáreas en 2015, 39% más que un año antes.

El general Delgado señala que la proliferación de cultivos ilícitos se concentra en los departamentos Norte de Santander, que limita con Venezuela, y Putumayo y Nariño, que hacen frontera con Ecuador. En esos 3 departamentos está el 64% de los sembradíos de hoja de coca. De acuerdo con el consultor en temas de seguridad y defensa, otro factor de perturbación será el ELN, que “mientras decide sentarse en la mesa de diálogos en Ecuador, continuará con sus acciones armadas contra la fuerza pública y la infraestructura”.

Para el general Delgado, hay el riesgo de que el ELN busque fortalecerse con miras a la negociación con el gobierno y “existe la preocupación de que los homicidios selectivos que puedan incrementarse” en las zonas que están abandonando las FARC. (I)