Este abogado español, militante del Partido Comunista de España (PCE) y una de las piezas clave del departamento de derechos humanos de Izquierda Unida, representa la cuota internacional que las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) debían de poner sobre la mesa de la comisión jurídica que negocia la paz en Colombia.

Enrique Santiago (Madrid, 1964) conoce con precisión las dificultades de megaprocesos similares tras formar parte del equipo que redactó la querella contra Augusto Pinochet en 1998 y que, al menos, sirvió para meter el miedo en el cuerpo del dictador chileno.

Ahora, en las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos de La Habana, su papel ha resultado clave para acercar la paz, algo que para los colombianos siempre ha sido una especie de sueño. Su aportación técnica al nuevo marco jurídico que reparará las heridas de la guerra, incluidas las competencias penales de los tribunales transicionales, han revolucionado la forma de encarar la solución de conflictos armados enquistados como es el de Colombia.  

¿Puede asegurar que ha terminado el conflicto armado más antiguo de América Latina?

Puede decirse que ha concluido el enfrentamiento militar. Creo que es irreversible, pero aún hay riesgos de que el conflicto social continúe si las partes involucradas, especialmente las instituciones colombianas, no son capaces de implementar los acuerdos ya alcanzados en la mesa de conversaciones de La Habana.  

¿Qué obligaciones impone esta primera fase?

En primer lugar, el cese de hostilidades bilateral y definitivo. Además, se ha firmado un acuerdo para un proceso de pacificación que, en el caso de las FARC, contempla la entrega física de las armas, pero que al Estado colombiano le obliga a modificar su doctrina militar en beneficio de la política y a desmantelar el paramilitarismo que aún existe.

¿Quién ha cedido para que este acuerdo se haya producido?

Ambas partes. Por el lado de la insurgencia el esfuerzo ha sido muy elevado. En primer lugar, porque ha aceptado un marco institucional y legal que ha combatido durante 50 años y ahora lo reconoce como el escenario en el que realizar la reincorporación de sus militantes a la vida civil sin obligar al Estado a abrir un proceso constituyente.

Eso no significa que las FARC hayan renunciado a esta premisa, pero sí que aceptan las normas que establece la Constitución actual. El Estado colombiano, por su parte, ha cedido en la inclusión de un nuevo ámbito de justicia para la paz que establece que los máximos responsables del conflicto no son solo los oficiales de la junta mayor del ejército, sino que puede extenderse a presidentes, ministros, dirigentes políticos y miembros de empresas multinacionales que financiaron el paramilitarismo.

A la espera de que empiecen a aparecer nombres simbólicos, ¿hay riesgos de que se embarranque este proceso?

No lo creo, sinceramente. El mayor problema, como indica un preciso informe de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Colombia, es desatar la inmensa bolsa de impunidad que históricamente ha protegido a los agentes del Estado y a los grupos paramilitares pero no a la guerrilla. Un ejemplo de esto es la actitud de la fiscalía general cuando creó una unidad especial destinada a contextualizar los crímenes de las FARC, y que procesó más de 50 mil conductas delictivas, pero no los asesinatos cometidos por las fuerzas del Estado y el paramilitarismo.

Este proceso también tiene sus detractores. Un sector político importante del país ha anunciado su oposición a los acuerdos de La Habana. Así es, aunque intuyo que esa resistencia, que hoy capitanean el expresidente Álvaro Uribe y el procurador general de la Nación Alejandro Ordóñez, irá cambiando a medida que la realidad se imponga. Cuando llegue el momento de la verdad, es decir, cuando el pueblo colombiano tenga que refrendar los acuerdos definitivos en las urnas, el Centro Democrático de Uribe no podrá mantener su oposición porque sería como pedir a las FARC que no se desarmen. Lo importante ahora es que la gran mayoría de los mandos de las Fuerzas Armadas colombianas apoyan el proceso de paz.

¿También hay divergencias entre los militares?

Algún sector no solo es contrario al acuerdo sino que —y lo digo claramente— conspira para desestabilizarlo junto a grupos paramilitares. Y es aquí donde el papel de EE.UU., que ha actuado como acompañante en las negociaciones de La Habana, va  a adquirir un protagonismo relevante aportando todo el potencial de información e inteligencia que tienen para evitar que el proceso de paz no descarrile.

¿Es el mayor peligro al que se enfrentan?

Hay otro aún mayor. Se trata de que las inversiones reclamadas para acabar con la desigualdad estructural que afecta, sobre todo, a las zonas rurales de Colombia y que desencadenaron el conflicto hace más de medio siglo se realicen. Si ese dinero no llega, si no se reinvierte buena parte del presupuesto que el Estado destinaba a la guerra —y que llegó a ser el 7% del PIB—, cundirá la insatisfacción y habrá problemas.

¿Podría producirse una escisión en las FARC, como le sucedió al IRA en Irlanda?

No lo creo. Mi impresión es que se trata de una organización muy cohesionada. Por La Habana ha pasado la totalidad de su secretariado, la comandancia máxima de la guerrilla, y todo lo acordado con el gobierno estaba ya consensuado entre ellos. Esto no significa que no puede haber miembros de las FARC que al final decidan optar por salidas individuales, pero la realidad es que si se producen —algo que no  creo ni deseo—, será un número anecdótico si lo comparamos con la estructura militar conjunta de este grupo armado.

Por delante está la entrega del armamento y su verificación, una tarea difícil y polémica teniendo en cuenta la dimensión de las FARC. ¿Cuál es la garantía de que se realizará con transparencia?

El mecanismo de verificación ha sido aprobado de forma bilateral. Las FARC entregarán su armamento a las Naciones Unidas, cuyo equipo estará compuesto por representantes de la Celac, y no a las instituciones del Estado colombiano, que se limitarán a estudiar los informes que reciban. Pero antes de iniciar este proceso se deberán cerrar algunos temas pendientes muy importantes para el proceso de paz.

¿Cuáles?

Los programas de reincorporación de la guerrilla a la vida civil, la definición de los territorios donde se asentarán los guerrilleros, los programas de desarrollo económico y social de las comunidades rurales afectadas por el conflicto y la norma de amnistía e indulto para todas las personas que han sido penalizadas por cultivos ilícitos, no por el tráfico, de coca. Y, por supuesto, todavía falta por acordar un calendario estricto para el cumplimiento de los acuerdos. Si no se avanza en estos puntos, será difícil alcanzar la solución definitiva.

¿Cómo repercutirá este acuerdo en la estabilización de la región?

La base de la ley de amnistía incluye a las personas que tuvieron que huir de Colombia bajo la acusación de colaborar con la insurgencia. También contempla programas específicos de retorno acompañado, es decir, del regreso de los exiliados bajo condiciones que garanticen su reintegración y reincorporación a la sociedad. Es el modelo que viene desarrollando la Acnur en otros lugares del mundo y que se aplicó con éxito en los países del cono sur latinoamericano, los que sufrieron la represión y persecución de las dictaduras militares.

Sorprende descubrir que el principal asesor de las FARC en La Habana es Álvaro Leyva, jurista y miembro del Partido Conservador. Y ministro de Minas y Energía con Belisario Betancur. Su perfil es antagónico al ideario de las FARC.

¿Quién es Álvaro Leyva?

Es un hombre de profundas convicciones conservadoras y un demócrata integral. Estamos hablando de una persona que desde hace más de 40 años se implicó a fondo para conseguir la paz con el enorme sacrificio que eso supone en un país como Colombia. Es admirable, un ser polifacético convencido de que la paz únicamente se construye acabando con las desigualdades sociales y cuya aportación al acuerdo alcanzado es, además, la mayor contribución jamás realizada. (I)