La economía ecuatoriana atravesó momentos difíciles durante 2016. Incluso antes de que comience el año, los indicadores del ciclo económico insinuaban que el producto interno bruto (PIB) experimentaría o bien un leve incremento o bien una reducción. Se avizoraba así una desaceleración económica.

Estos resultados estaban enmarcados en un deterioro de las condiciones externas bajo las cuales se desenvolvía la economía ecuatoriana. Desde 2015, los precios internacionales del barril de crudo habían estado disminuyendo mes tras mes, situación que implicó una pérdida sustancial de ingresos fiscales. Acompañando a lo anterior, se verificó una apreciación del dólar con respecto a otras monedas, una tendencia que les restó competitividad a las exportaciones no petroleras ecuatorianas con referencia a los bienes similares producidos en otros países.

La confluencia de estas circunstancias configuró un ‘shock exógeno’ que, directa o indirectamente, afectó el desempeño de todas las actividades económicas. En su momento, el presidente de la República, Rafael Correa, calificó a esa coincidencia de factores externos adversos como una “tormenta perfecta”. Las implicaciones de ese símil, sin embargo, estaban todavía por desplegarse a plenitud.

En junio, Senplades estimó una pérdida de 21.823 puestos de trabajo a causa del sismo. De ese monto, el 47% de las plazas pertenecían a agricultura, ganadería acuacultura y pesca; el 34% a actividades comerciales; el 9% a servicios turísticos; el 7% a actividades manufactureras y el 3% restante a los sectores sociales e infraestructura.

La naturaleza contribuyó a completar el panorama de dificultades económicas

El sábado 16 de abril de 2016, a las 18:58, un proceso sísmico afectó al litoral ecuatoriano, especialmente a Manabí y Esmeraldas, provincias donde las réplicas más notorias sucedieron una tras otra en centenares y se prolongaron durante semanas. Inmediatamente después del evento telúrico inicial, el Gobierno Nacional comenzó, en articulación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), la organización de las actividades necesarias para una gestión de la catástrofe centrada en la solución de las necesidades directas de las poblaciones damnificadas.

La intervención pública emergente logró la restitución de servicios básicos como electricidad, comunicaciones y agua y, de esa manera, evitó mayores pérdidas humanas y materiales a corto plazo. La reconstitución plena de la vida social alterada por el sismo, sin embargo, implicaba una tarea de mayor alcance: la reactivación de las actividades productivas, comerciales y financieras en los territorios afectados.

A ese efecto, en un primer momento, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) recibió el encargo de elaborar un análisis exhaustivo de los daños y pérdidas ocasionados por el terremoto en los distintos sectores de actividad económica. Para efectuar dicho estudio, el Gobierno Nacional recibió el apoyo de técnicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), quienes arribaron al país a pocos días de ocurrido el sismo.

Mientras se procedía a organizar la recopilación de la información de campo requerida para el análisis de costos, se efectuaron algunas estimaciones preliminares basadas en los datos disponibles en la contabilidad nacional. Entre aquellos primeros cálculos efectuados un tanto intuitivamente, durante un conversatorio realizado con medios el 19 de abril en Manta, el presidente Correa señaló que la reconstrucción de las zonas afectadas podría tomar 2 o 3 años y costar entre $ 2.000 millones y $ 3.000 millones, es decir, entre el 2% y el 3% del PIB a valores corrientes.

En el sector agrícola, el proceso sísmico generó costos de reconstrucción por $ 194 millones relacionados con rubros como la recuperación de la operatividad de los puertos pesqueros existentes y, también, la recuperación de la capacidad de procesamiento, almacenamiento y comercialización del sector agropecuario.

Apreciada con referencia a la desaceleración económica experimentada desde 2015, esa cifra complicaba aún más el panorama generado por el ‘shock’ externo. Las expectativas de una recesión durante 2016 estaban aumentando, como se confirmaría después.

Senplades estimó el costo financiero de la reconstrucción en $ 3.344 millones

El 1 de junio de 2016, después de un trabajo analítico que tomó más de un mes y requirió el concurso de unos 45 técnicos internacionales vinculados a entidades como el Banco Mundial, las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, Sandra Naranjo, titular de Senplades, anunció que el costo de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto llegaría a $ 3.344 millones.

De este monto, el 67% ($ 2.253 millones) sería asumido por el sector público y el 33% ($ 1.091 millones) por el sector privado. La funcionaria indicó también que los efectos del proceso sísmico provocarían un decrecimiento del 0,7% en la magnitud del PIB a fines de 2016.

Se corroboró, además, que Manabí había sido la provincia más perjudicada por el terremoto, dado que concentraba un poco más del 90% de los daños, perdió 3,45 puntos porcentuales en la tasa de empleo y su producto local decreció en un 9,8%. A su vez, en la primera evaluación presentada por Senplades, se proporcionaba un panorama más exhaustivo de lo sucedido en el litoral ecuatoriano.

“Se estima un total de 80 mil desplazados de sus viviendas a causa del terremoto. De estos, 30 mil se habrían resguardado en refugios y albergues, 15 mil lo habrían hecho en casas de acogida y el resto habría optado por la migración. En los cantones de mayor afectación, las estimaciones realizadas señalan la presencia de cerca de 120 mil niños con limitación de acceso educativo debido a que las instituciones en las que estaban inscritos sufrieron afectaciones de nivel medio o severo que las llevaron a interrumpir las actividades. Se ha estimado un número de casi 593 mil personas con limitación de acceso a la salud”.

Para calcular el costo financiero del sismo de abril, según indica el informe de Senplades, se tomaron en consideración 3 componentes: el costo de las acciones para la ‘restitución mejorada de activos’; el costo por ‘flujos perdidos’, es decir, el valor de bienes que se dejaron de producir y servicios que se dejaron de prestar; y los costos incurridos en la primera recuperación de servicios y bienes en la etapa de emergencia.  

Apreciados según actividades económicas, aquellos $ 3.344 millones del costo total se distribuyeron de la siguiente manera: vivienda ($ 653 millones), comercio ($ 450 millones), educación ($ 435 millones), agricultura, ganadería y pesca ($ 316 millones), agua y saneamiento ($ 269 millones), transporte ($ 244 millones), salud ($ 241 millones), electricidad ($ 196 millones), manufactura ($ 170 millones), telecomunicaciones ($ 153 millones), turismo ($ 97 millones), medioambiente ($ 57 millones), patrimonio ($ 40 millones) y gestión de riesgos ($ 25 millones).

En términos sectoriales, en cambio, el impacto del sismo afectó principalmente a la agricultura y pesquería debido a sus efectos sobre las empresas camaroneras y pesqueras; las infraestructuras relacionadas con electricidad, agua y servicios sanitarios; y el comercio por la destrucción parcial o total de locales.

“De los 9 sectores de actividad económica solo 2 no presentarán una variación negativa de su valor agregado a causa del terremoto: minería y canteras, porque el retorno a sus operaciones normales se efectuó muy rápidamente, y el de construcción, por las tareas de remoción de escombros, reparaciones y reconstrucción de infraestructura”, indicaba Senplades.

Por otra parte, a nivel macroeconómico, el sismo generó una pérdida inmediata de 21.823 puestos de trabajo, una reducción del 0,26% del stock de capital y un aumento de $ 175 millones en importaciones adicionales para las actividades de recuperación.

Las respuestas de la política pública fomentaron la solidaridad entre compatriotas

El 20 de abril de 2016, el Presidente de la República anunció que implementaría medidas económicas para obtener los recursos financieros necesarios para la reconstrucción de las zonas afectadas. Dos días después, la Función Ejecutiva envió a la Asamblea Nacional la ‘Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las afectaciones del Terremoto’, un proyecto económico urgente en el cual se destacaba que, debido a los daños que no podían resolverse a corto plazo, Manabí perdía $ 4 millones por día en exportaciones no realizadas.

A efectos de facilitar la recaudación de $ 1.000 millones, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Solidaria el 12 de mayo de 2016. Entre otras cosas, la normativa permitió el incremento de 2% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante un año; la devolución de 2 puntos de ese tributo en compras efectuadas con dinero electrónico; el apoyo a los residentes de Manabí y Esmeraldas mediante la condonación del impuesto a la renta correspondiente a 2015 y de la exoneración de su pago en 2016; y la contribución de uno o varios días de sueldo por parte de los empleados públicos y privados con ingresos mayores a $ 1.000 mensuales.

A pesar de la oposición a las políticas tributarias, la ciudadanía respondió al llamado y, con su contribución solidaria, generó las condiciones no solo para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, sino para la reactivación de la economía ecuatoriana en 2017. (I)