Jenny, de 43 años, está cansada. Su rostro demacrado y su hablar pausado así lo denotan. Sin embargo, la asegura tener fuerzas para seguir luchando por la salud de su hijo Kevin, de 19 años, envuelto en el mundo de las drogas desde que tenía 14.

Ella, de 1,55 metros de estatura, menciona que los problemas de conducta de su único hijo varón comenzaron cuando él estaba en noveno año de educación básica en un colegio fiscal del barrio Garay.

La mujer tiene otras 4 hijas, de 22, 15, 7 y 5 años, con quienes habita en un pequeño cuarto de las calles Décima y 10 de Agosto, a una cuadra del ahora “Barrio 10 sobre 10”, antes conocido como “La Bahía de la Droga”.

“Mi hijo faltaba al colegio sin que yo lo supiera y sus notas bajaron. Su carácter cambió y no quería comer”.

Según Jenny, bajo el umbral de la puerta de su hogar, su muchacho comenzó consumiendo cocaína y después la droga ‘h’, la cual conoció en una de las visitas a su padre, de quien se separó hace 10 años por los maltratos a los que era sometida y sus continuas infidelidades.

La ruptura de su hogar, reconoce Jenny, incidió en el cambio de conducta de su vástago. Recuerda que cuando Kevin llegaba drogado, siempre le pedía que volviera con su padre, pero eso no era posible porque la mujer ya se había comprometido con otra persona, con quien procreó a sus 2 últimas hijas.

Jenny y su hijo peregrinaron por 7 clínicas particulares de rehabilitación, en las cuales no resolvieron el problema y según ella, la conducta narcodependiente de Kevin empeoró. “Solo me sacaron plata. En la última pagaba $ 200 mensuales”.

La adicción de adolescentes y el asesinato de 2 supuestos expendedores de drogas en el centro de Guayaquil, motivaron a que el 19 de agosto, el general Ramiro Mantilla, director Nacional de Operaciones de la Policía, anunciara la desconcentración de los servicios policiales en 6 distritos de la urbe porteña, especialmente de la Unidad Antinarcóticos y de la Policía Judicial.

La “georreferenciación” del delito, insistía el general Mantilla, también alertaba sobre el aumento del microtráfico y el robo a personas en los distritos 9 de Octubre, Portete, Sur, Esteros, Nueva Prosperina y Norte. “Un oficial y 6 agentes antinarcóticos irán a cada distrito para trabajar exclusivamente en el tema del microtráfico con contundencia y reducir así la venta de drogas y los delitos que se derivan de esa actividad”.

Una semana después, el mayor Guillermo Palacios López, jefe de Operaciones de la Unidad Antinarcóticos de la zona 8, ratificaba la implementación de la “persecución penal inteligente”, estrategia que tiene como finalidad la identificación de las organizaciones delictivas, sus líderes, integrantes y su modo de operar.

“Todo esto en el marco de las operaciones básicas de inteligencia que realizamos con la finalidad de obtener los elementos suficientes para que las autoridades (fiscales y jueces) puedan actuar con base en sus competencias”.

El contacto policía-ciudadano es directo. Los denunciantes son atendidos de inmediato bajo una absoluta reserva para garantizar sus vidas y el éxito del trabajo. Foto: William Orellana / El Telégrafo

El mayor Palacios destaca el papel de la ciudadanía en la lucha contra la venta de sustancias ilícitas en las calles y plazas de la ciudad y la actuación de los policías comunitarios en la atención de las denuncias.

Sobre el trabajo de los gendarmes que harán base en cada uno de los distritos, Palacios resalta la preparación de los agentes en investigación antinarcóticos. “El mando institucional dispuso que el trabajo sea coordinado con la Policía Judicial, la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), Criminalística y otras unidades especializadas. Por tanto, si tenemos que compartir información y laborar en conjunto, lo haremos para la tranquilidad de la ciudadanía”.

En la madrugada del miércoles 24 de agosto, el trabajo de inteligencia policial ya dio resultados. En la isla Trinitaria, cooperativa 22 de abril, la Policía allanó 8 viviendas y detuvo a 11 personas en poder de 100 gramos (gr) de ‘h’, 80 gr de cocaína y 60 gr de marihuana. Un total de 4.200 dosis de estupefacientes y sustancias psicotrópicas fueron decomisadas.

El mayor Johnny del Salto Barragán, jefe del distrito Esteros, mostró su satisfacción por la participación de los moradores del sector, quienes denunciaron, al 1800-DROGAS, la existencia de la red dedicada al acopio, expendio y distribución del alcaloide en viviendas, parques y establecimientos educativos.

En la intervención policial ya participaron los equipos descentralizados de la Unidad Antinarcóticos de la zona 8 y de otras unidades como la Dinapen y la Policía Judicial, apoyados por el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

El mayor Julio César Navarro Maldonado, jefe de Operaciones del Distrito Portete, reconoce también el problema del expendio de drogas en los exteriores de los colegios y en calles del suburbio guayaquileño, donde existe una población fija y flotante de 123 mil y 400 mil personas, respectivamente.

“Sin embargo, con la descentralización de los servicios, actuamos más rápido ante cualquier emergencia y cubrimos todos los ángulos del problema. Si se trata de microtráfico interviene rápidamente el grupo antidrogas con el apoyo de la Fiscalía”.

En la nueva Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) Portete, permanecen activos, las 24 horas, los equipos de trabajo de la Unidad Antinarcóticos, la Policía Judicial, la Dinapen, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), el Departamento de Violencia Intrafamiliar (Devif), la Subdirección de Investigación de Delitos Contra la Propiedad Brigada Anti Criminal (Siprobac) y la Unidad de Protección de Medio Ambiente (UPMA).

“Con la información que entrega la ciudadanía focalizamos los sitios más críticos donde actúan los microtraficantes, actividad que con frecuencia deriva en el cometimiento de otros delitos, entre ellos, el robo a personas. El adicto roba para consumir y eso es una realidad innegable”.

La capacitación en el respeto a los Derechos Humanos y el apoyo a los grupos vulnerables (niños, adultos mayores y discapacitados) es constante en la Policía ecuatoriana. Foto: William Orellana / El Telégrafo

Para el fiscal William Aguilar, coordinador de la Unidad de Delitos Flagrantes de la UVC-Portete, la descentralización facilitó el trabajo y el de sus compañeros. “Es innegable que la presencia de todo este andamiaje de personal de investigaciones satisface al ciudadano que busca inmediata ayuda con resultados”.

El mismo trabajo Policía-Comunidad se cumple en el distrito 9 de Octubre, donde cualquier actuación está bajo el mando del teniente coronel Édison Valencia Robles. En la zona existen 260 mil habitantes y una población flotante de 1,2 millones de personas.

“Para nuestro trabajo contra el robo a personas y venta de drogas al menudeo tenemos 408 gendarmes, apoyados por 180 policías recién graduados”.

El mayor Carlos Alulema, director Nacional de la Policía Judicial, ratifica que las labores de agentes especiales se centran en la investigación de delitos flagrantes, análisis e inteligencia criminal y la atención de las disposiciones de los fiscales y de los jueces. “Este nuevo modelo de gestión, a base de la conformación de los equipos técnicos, será integral ante cualquier delito o auxilio solicitado por la ciudadanía”.

Alulema, el mentor de este proyecto, revela que los agentes darán el seguimiento del caso para informar al ciudadano los avances de la investigación, siempre con la cooperación de los fiscales y los jueces. “Ahora, ante cualquier hecho, intervendrá Criminalística con sus equipos de inspección, lo cual no ocurría, sino que se manejaban por separado”.

Este plan piloto también se replica en Quito, en el distrito Eugenio Espejo (hipercentro de la ciudad), y en 2 semanas será objeto de análisis para corregir cualquier problema en la implementación de los protocolos. “Contamos con el aporte de la Policía de Investigaciones de Chile... uno de sus agentes nos acompañará para realizar las observaciones y perfeccionar la planificación”.

La Policía afina su plan de intervención integral, y Jenny se ampara en Dios para que su vástago siga un tratamiento que lo aleje de las drogas y evitar que vuelva a las calles, donde por poco la muerte lo sorprende. “Mi hijo me ha pedido ir a la iglesia, porque reconoce que el punto de partida para solucionar su problema es el Señor”. (I)

DATOS

La descentralización de los servicios policiales empezó en 2014 con el trabajo de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased).

El 90% del personal de la Dinased salió de las filas de la Policía Judicial ecuatoriana, lo que permite no improvisar en la lucha contra cualquier tipo de delitos.

Entre enero y julio de 2016 se registraron 2 mil delitos menos en comparación con el mismo período de 2015.

Este año, la Policía Antinarcóticos aisló a 190 menores de edad implicados en drogas.

En el distrito 9 de Octubre existe una población flotante de 1’200.000 habitantes.